La medida cautelar número MC-330-11, fue otorgada el pasado 30 de septiembre por el organismo interamericana que en uno de sus argumentos ante el Estado hondureño señala que “en vista de la urgencia y gravedad de los hechos alegados así como de la nueva información presentada por los solicitantes, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(2) de su Reglamento con el fin de garantizar la vida e integridad personal de José Reynaldo Cruz Palma”.
Asimismo solicita al gobierno de Honduras que :
1. adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de José Reynaldo Cruz Palma y para proteger su vida e integridad personal .
2. informe en un plazo de 5 días sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares.
Asimismo, se solicitó la presentación de información sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 5 días y actualizar dicha información en forma periódica.
Antecedentes de la desaparición
El 30 de agosto policías de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC y preventivos, que andaban encapuchados y se transportaban en varios vehículos, bajaron de un microbús de la ruta de La Lima Cortés a José Reynaldo Cruz Palma cuando viajaba junto a su esposa, después de darle seguimiento por varios minutos, según denuncia presentada por sus parientes en el COFADEH. Vea denuncia.
COFADEH demandó una investigación pronta, pero no hay respuestas
Aunque la denuncia se hizo de manera rápida y oportuna por la gravedad del caso y que incluso fue divulgado en conferencia de prensa junto a familiares de nueve personas más desaparecidas y donde también la fuerza policial está señalada como responsable.
Al no obtener respuestas el COFADEH envió cartas a Astor Amaya, Alcalde Municipal de La Lima, Cortés donde le relatan los hechos y otra misiva fue girada a John Cesar Mejía, Fiscal de Derechos Humanos de San Pedro Sula solicitándole que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida de José Reynaldo Cruz Palma.
Además que se inicie de forma inmediata una proceso exhaustivo e imparcial de investigación en el caso y que los que resulten culpables sean requeridos ante el tribunal de competencia; se brinde protección inmediata a la familia de José Reynaldo Cruz Palma, tomando en consideración que su esposa es testiga ocular de los hechos.
La petición también contempla que se presenten informes periódicos de los avances del caso y que la familia ó sus representantes puedan llevar a cabo recursos para salvar su vida, de acuerdo a lo que ya señalan tratados y convenios internacionales, pero esta organización nunca obtuvo resultados de sus gestiones, de allí que solicitó de forma inmediata ante la CIDH una medida cautelar para salvarle la vida al presidente del patronato de la colonia Planeta de San Pedro Sula.
El COFADEH ha recibido otras 12 denuncias de desapariciones forzadas donde se señala como responsables a agentes de investigación y preventivos, por lo que sus familiares realizaron un plantón frente a la Secretaría de Seguridad, el pasado 14 de agosto para demandar castigo para los responsables y el regreso con vida de las víctimas, pero el nuevo ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla desplazó antimotines, comandos y patrullas y no recibió a las familias afectadas y al COFADEH. Vea detalles.
Reimplementación de política estatal de desaparición forzada
Los nuevos casos de desapariciones forzadas son las de Osmin Obando Cáceres (22), desparecido 13 de junio de 2010, en Tela. Atlántida; Denis Alexander Russel (19), desaparecido el 13 de julio de 2010, en El Progreso, Yoro; Vilmar Edmundo Talavera Avilez, desaparecido el 15 de julio de 210, Tocoa, Colón; Samuel Josué Pastrana Molina, desaparecido el 07 de febrero de 2011, en El Paraíso; Francisco Pascual López desaparecido desde el 15 de mayo de 2011, en Rigores, Colón.
Se suman las de Kelvin Omar Andrade Hernández (18), desaparecido el l 11 de junio de 2011, en Catacamas, Olancho; Mauricio Joel Urbina Castro (34), desaparecido el 02 de agosto de 2011, en La Ceiba, Atlántida; Oscar Elías López Muñoz (49), desaparecido el 21 de agosto de 2011, en Chamelecón; Mauririo Joel Urbina Castro (24), desaparecido el 02 de agosto de 2011, en San Pedro Sula y José Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011.
Esta política se echó a andar en la década de los 80 contra la disidencia política y dejó como resultado más de 184 personas desaparecidas forzadamente, en algunos de los casos hay sentencias contra el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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