Un claro ejemplo fue la reforma al Código Penal, efectuada entre 2017 y 2021, en la que se bajaron las penas a los delitos contra la administración pública.
El 8 de agosto de 2017 el Congreso Nacional aprobó la reducción de penas a delitos como: malversación de caudales públicos, fraude, cohecho y el enriquecimiento ilícito. Además, se benefició de forma retroactiva a las personas ya condenadas o que estaban siendo procesadas por delitos de corrupción.
Con la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, la que anteriormente era de seis a nueve años. Por otro lado, en el delito de malversación de caudales se establecían penas de nueve a doce años de cárcel, pero con la reforma se redujo entre seis a nueve años.
Esta modificación estableció que “el secreto bancario debe ser suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos tipificados en los Títulos XXV y XXXII del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante orden emitida por el Órgano Jurisdiccional competente”.
Con lo anterior, el Congreso Nacional le quitó la facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.
También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.
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Por lo anterior, analistas consideran correcto que el Congreso Nacional reforme el Código Penal para endurecer las penas en delitos contra la administración pública. Para el caso el jefe de la Unidad Fiscal Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, consideró que si a la justicia no le tiembla la mano para mandar a personas que han sido enjuiciadas por el robo de una gallina, se debe actuar igual con los corruptos que se roban millones de lempiras del erario.
Entre tanto el abogado penalista y exintegrante de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, recomendó la revisión del Código Penal específicamente en los delitos contra la administración pública.
Navas, quien también es catedrático universitario, explicó que la rebaja en penas en delitos como lavado de activos, malversación, enriquecimiento ilícito, han significado un incentivo a la corrupción, ya que estas personas que abusan de sus cargos y desfalcan instituciones públicas no son condenados con penas ejemplares.
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AUMENTO DE PENAS NO REDUCEN LA CORRUPCIÓN
Sin embargo, el analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, es del criterio que el endurecimiento de penas no son la solución contra la corrupción o la criminalidad.
“Está probado desde hace muchísimos años que aumentar las penas no, resuelve el problema de la criminalidad. El problema es que las penas que tenemos no se cumplen, que es lo que nos sucede si las penas actuales no son objeto de cumplimiento con mayor razón no van a ser cumplidas aquellas penas de 20 años o más”, dijo a Criterio.hn el analista.
https://criterio.hn/analistas-sugieren-aumentar-penas-en-delitos-contra-la-administracion-publica/
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