Esta compensación económica provisional se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023, según quedó consignado en el decreto aprobado con 104 votos, y evitará que los ciudadanos paguen L16.00 por el servicio de autobús ejecutivo (rapiditos) y L23.00 por el servicio de taxi colectivo.
En su artículo 1, el decreto establece que la compensación será de L3.00 por pasajero de transportado y de L1,080.00 por día trabajado, para lo que se reconocerá un máximo de hasta 26 días trabajados por mes.
Adicionalmente, el decreto incluye un desembolso de L3.5 millones que le permitirá a los transportistas cubrir gastos operativos y contratación de recurso humano requerido.
El 12 de abril de 2022, el Gobierno y el sector transporte llegaron a un acuerdo para incrementar en L3.00 la tarifa de transporte público, pero, para evitar trasladar el incremento al consumidor, las autoridades gubernamentales se comprometieron a aprobar este subsidio, que entró en vigor desde el 1 de septiembre.
Respaldo de todas las bancadas
Legisladores de todas las bancadas aplaudieron y respaldaron la ampliación a esta compensación económica provisional.
Al final, 104 diputados y diputadas votaron a favor, 20 no votaron y cuatro se abstuvieron.
Luego de la aprobación del Legislativo, el transportista urbano, Jorge Lanza, manifestó que esta compensación económica “viene a brindar mayor seguridad al transporte, a razón de que nosotros tenemos muchos problemas en la operación por el mal servicio del conductor”.
Asimismo, anunció que están trabajando en mejorar el servicio como la modernización del sistema de pago electrónico y rutas pilotos en donde se va a determinar el mejor servicio con mayor seguridad.
No obstante, de estar complacidos con la aprobación el dirigente del transporte espera que el Congreso Nacional envíe lo pronto posible el decreto para que la presidenta Xiomara Castro lo sancione y se publique en el Diario Oficial La Gaceta a fin de que la Secretaría de Finanzas haga el desembolso del subsidio.
https://confidencialhn.com/blog/2023/06/02/congreso-nacional-aprueba-subsidio-al-transporte-urbano-usuarios-ya-no-pagaran-aumento-de-l3-00/
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Gobierno de Honduras denuncia anomalías en procedimiento de arbitraje internacional en litigio contra ZEDE Próspera y pide se deje sin efecto
Redacción, La Comisión en Defensa del Territorio y la Soberanía conformada por
la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, el comisionado
presidencial contra las ZEDE, Fernando García, el canciller Enrique
Reina y el Procurador General de la República, , Manuel Antonio Díaz
Galeas, en representación del Estado denunció este miércoles la ausencia
de legalidad en el procedimiento que el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha abierto en el caso de
la Zede Próspera y sus asociadas contra Honduras, por un monto
aproximado de 10 mil 700 millones de dólares.
“El CIADI como organismo internacional al admitir esta controversia de las ZEDE, está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde el año 1988, de la pacta sunt servanda, el que está violentando a sabiendas que rige los tratados internacionales”, dijo Moncada.
“A quienes quieren dividir y desarticular la patria, desde el Gobierno de la República les decimos a esos enemigos, van a perder a nivel nacional e internacional porque nos asiste la razón, el derecho, principios nacionales e internacionales, pero sobre todo una normativa nacional que vigente desde 1988 y ratificada en el 2000 que dispone que el Estado de Honduras no va a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno”, agregó.
A este respecto, el comisionado Fernando García Manifestó que la historia es un proceso, no hechos aislados. “en la actualidad el tema del territorio se ve afectado cuando las autoridades del Comité para las Mejores Prácticas pervirtiendo toda la normativa jurídica nacional e internacional, han querido ceder el territorio del país desarticulando los departamentos del Golfo de Fonseca y los colindantes con el Mar Caribe”.
“Siete departamentos completos y 65 municipios, 35.33% del territorio nacional es lo que cedieron en esa vergonzosa administración de la narcodictadura”, comentó.
“Por instrucciones de la Presidenta Castro y cumpliendo el decreto que nos hace parte de esta comisión vamos a defender la soberanía, el territorio a toda costa y a toda presión que podamos recibir en nombre del Gobierno y en favor del pueblo”, expresó Enrique Reina.
“Las ZEDE es una aberración jurídica desde todo punto de vista, pretender destruir al Estado de Honduras, desarticularlo. El Gobierno y la Cancillería a través de esta comisión velará por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho interno”, añadió.
El Gobierno envió ayer comunicación oficial al CIADI con relación al proceso promovido por la empresa Honduras Próspera Inc, la cual intenta sostener un ilegal litigio contra el Gobierno de la República, indicó Manuel Antonio Díaz Galeas.
“El Gobierno solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del coarbitro de nacionalidad mexicana-alemana nombrado por CIADI sin el consenso de la república de Honduras y sin las prevenciones que establecen las reglas de arbitraje de la institución”, aseguró.
Es inadmisible para la república de Honduras que un profesional asalariado por una ZEDE, sea nombrado como árbitro por CIADI, cuando ha estado al servicio de la contraparte “hay un evidente conflicto de interés”, afirmó, Díaz Galeas.
“Es prioridad para el Gobierno, esta comisión y la PGR combatir todas las prácticas de corrupción público – privada y defender absolutamente la soberanía de la nación, el territorio y los derechos humanos de todos los hondureños”, finalizó diciendo el Procurador General de la República.
De su lado, el canciller Eduardo Enrique Reina manifestó que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) serán uno de los casos que investigue el mecanismo internacional anticorrupción (CICIH).
“Las ZEDEs es una aberración jurídica desde todo el punto de vista de pretender destruir al Estado, desarticularlo y crear islas que estuvieran sujetas al manejo de cualquier entidad”, dijo.
Sostuvo que se defenderá la soberanía del territorio d toda presión que pueda recibir el gobierno.
Denunció que a través del litigio internacional pretende saquear al Estado a través de demandas internacionales.
Reina puntualizó que faltan procedimientos nacionales que se debe cumplir previo a proceder a un arbitraje internacional.
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