El juicio comenzó con la evacuación de cuatro pruebas presentadas por el Ministerio Público, dos pericial y dos testimonial.
En su declaración al Tribunal, conformada por los jueces Silvia Mendoza, Silvia López, y presidida por Juan Humberto Rivera, el joven Berríos dijo no conocer al acusado y que no vio quien lanzó el artefacto explosivo, porque estaba ayudando a un menor a zafarle el zapato que se le había quedado trabado en uno de los inflables que estaban utilizando en la actividad.
Declaró que los disturbios (los manifestantes) llegaron como a las 7:30 de la noche y que se retiraron luego que el Cuerpo de Bomberos rociara con agua el lugar y que regresaron entre las 8:30 y 9:00 de la noche, y fue cuando sucedió el hecho que le dañó su rostro.
En el primer día del juicio también se presentó el informe del médico forense quien dijo que no pudo evaluar a la víctima porque estaba sometido a diferentes tratamientos y que su dictamen lo elaboró por medio del expediente que se le proporcionó en el Hospital Escuela.
Por su parte el investigador que realizó la inspección en el lugar de los hechos, señaló al Tribunal que la escena estaba modificada porque ya había bastante personas que estaban halando cosas y que habían encontrado manchas rojas de supuesta sangre. En el dictamen en ningún momento se menciona que se haya encontrado residuos de alguna explosión.
Los togados tomaron la decisión de suspender el juicio y continuarlo el 7 de marzo debido a que el testigo protegido propuesto por el Ministerio Público no ha sido localizado.
La abogad Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), constituida como defensa privada, señaló que se opusieron a la suspensión del juicio porque habían sido citados desde el año pasado a esta audiencia, y por las declaraciones propias del ente fiscal donde manifestó que ellos habían buscado la ayuda policial para localizar al testigo y que no lo habían encontrado.
“Los jueces lo suspendieron y va continuar el 7 de marzo a las 9.00 de la mañana”, señaló la abogada Cárdenas.
Añadió que “hasta este momento solo se han evacuado cuatro medios de pruebas de cargos consistentes en testificales y vino el médico forense a ratificar el dictamen donde se establecen las lesiones, el cual es un hecho notorio”.
Indicó que como defensa se le ha ofertado pruebas al Tribunal de Sentencia donde se acredita que el joven Víctor Yoseth Castillo Quiroz se encontraba ese día laborando.
De acuerdo a los hechos planteados por el Ministerio Público en la acusación contra el joven Castillo, el 11 de diciembre de 2019 se realizaba una actividad navideña por miembros del programa Recrovías del gobierno de Juan Orlando Hernández en la concha acústica de la Plaza La Solidaridad de Choluteca, cuando apareció un grupo de manifestantes pertenecientes a la Alianza de Oposición tirando petardos (cohetes), y un artefacto explotó muy cerca del joven Wilson José Berríos, ocasionándole múltiples daño en su rostro.
El afectado fue trasladado al hospital público de Choluteca, pero debido a la gravedad de los daños fue enviado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde fue sometido a diversos tratamientos y cirugías.
Por este hecho, el 25 de diciembre de ese año la policía capturó a
Víctor Yoseth Castillo Quiroz, quien permaneció privado de libertad por
más de dos años, y fue liberado el 2 de febrero de 2022, luego que el
COFADEH solicitara una audiencia de revisión de medidas.
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