Con el proceso de privatización avanza de manera paulatina el cierre del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), asegura ARCAH Tegucigalpa. Al menos 92 de los 298 municipios de Honduras habrían privatizado el servicio de agua potable mediante un esquema en que bancos del sistema financiero nacional y empresas transnacionales se han convertido en los principales gestores administrativos.
Lo anterior fue denunciado por la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista (ARCAH), una plataforma ambientalista opositora a la expansión del modelo extractivo de los recursos naturales en Honduras.
La organización ambiental denunció, a través de un comunicado, la ejecución de un modelo privatizador del servicio de agua potable y advirtió una paulatina extinción del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
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“ARCAH denuncia nuevamente el proceso de privatización del agua en Honduras, recalcamos enérgicamente que el agua es un elemento sagrado que, poner su futuro en las manos del sector privado, no es más que un duro golpe a los pueblos, que perpetua la mirada extractivista, mercantil y acumuladora del capital con la que banco Ficohsa y otras financieras involucradas ven los bienes comunes de la naturaleza”, detalla el documento.
La organización denunció que el proceso de expansión de la privatización ha sido promovido por empresas nacionales y transnacionales que, “financian de manera indirecta la desaparición paulatina del SANAA”.
También asegura que organismos internacionales de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), por medio de préstamos, están financiando la municipalización y la posterior privatización del agua.
Un reflejo de las denuncias de ARCAH, se ha convertido en un hecho palpable en la capital hondureña, donde se otorgó a la transnacional ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, en
asociación con hondureños, la concesión de la planta potabilizadora de
El Picacho y el contrato de mantenimiento de tuberías y acueductos.
Asimismo, se otorgó a banco Ficohsa
el manejo financiero y contable de los ingresos de la tesorería de la
Unidad Municipal de Agua Potable (UMAPS), con vigencia de 30 años.
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“Como país se debe iniciar un proceso de restauración de los estragos que ha implicado la profundización del modelo neoliberal en torno al agua. Si discutiremos de independencia este mes de septiembre, que también hablemos y condenemos de la invasión colonialista de los bancos que privatizan y nos quitan en el marco del desprecio a nuestros territorios, en busca de los bienes comunes de la naturaleza, que agotan para sostener un falido modelo de falso desarrollo”, cuestionaron.
ARCAH instó a instituciones, comunidades, organismos, entre otros, pronunciarse y movilizarse contra la privatización del agua y los recursos naturales, esenciales para la vida y derechos humanos.
Otra de las exigencias primordiales de ARCAH, es la derogación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo 118-2003 que ha permitido la privatización sistemática del servicio de agua potable.
El pasado 31 de agosto, en el marco de la visita a Honduras de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras del ambiente, entre ellas ARCAH, entregaron una carta en la que se expone el proceso de privatización del agua.
https://criterio.hn/denuncian-que-92-municipios-de-honduras-han-privatizado-el-agua-potable-a-traves-de-la-banca/
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