OACNUDH llama al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras // Borrador de memorándum de entendimiento entre Honduras y ONU da garantías de transparencia, asegura Rafael Sarmiento
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Oacnudh) hizo este sábado un llamado al diálogo en
Honduras para fortalecer el Sistema de Protección para los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia.
En el marco de su rol como observador ante el Consejo Nacional de
Protección para los defensores de derechos humanos, la Oacnudh instó a
las organizaciones de sociedad civil y a las dependencias del Estado a
«sostener un diálogo» que contribuya al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Protección.
El Mecanismo de Protección fue creado en 2015 bajo la Ley de
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
«Este es un avance importante, pero sigue siendo necesario
profundizar los esfuerzos para generar un entorno propicio para la
defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de
expresión, como lo enfatizó el Relator Especial sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos en su informe de la misión a
Honduras en 2019», señaló la Oacnudh.
En lo que va de 2022 el organismo de la ONU ha registrado 66
incidentes violentos en contra de al menos 82 personas defensoras de
derechos humanos y 24 periodistas.
Entre esos hechos violentos se destacan una decena de asesinatos, de
ellos ocho corresponden a defensores de derechos humanos y dos a
periodistas.
«Ante este contexto adverso, la Oficina hace un llamado al diálogo» a
la sociedad civil, la representación del Estado y a la Secretaría de
Derechos Humanos «para que se orienten hacia la búsqueda de estrategias
para el fortalecimiento técnico y financiero, así como lograr un mayor
compromiso y corresponsabilidad institucional», dijo la representante de
la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo.
Destacó la importancia de lograr «un intercambio constructivo y
permanente que contribuya al fortalecimiento de una política pública en
materia de protección de las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, que cuente con la efectiva participación de la sociedad
civil».
La Oficina subrayó la necesidad de otorgar al Sistema Nacional de
Protección todos los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios
para cumplir con su mandato y reiteró su disposición para continuar
asistiendo técnicamente al Estado hondureño en la consecución de sus
obligaciones y responsabilidades internacionales en materia de derechos
humanos.
Según el jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre),
Rafael Sarmiento, el borrador de memorándum de entendimiento entre
Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la
instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Honduras (CICIH), da garantías de transparencia en el combate a la
corrupción.
Sarmiento señaló que el borrador para la instalación de la CICIH es
una buena noticia para el Congreso Nacional y el pueblo hondureño
sediento de justicia.
“Es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro
que venga una comisión internacional para que nos ayude mientras no
tengamos en Honduras la capacidad para investigar los delitos y redes de
corrupción”, apuntó.
Insistió en que tal borrador de memorándum de entendimiento es una
buena noticia que da garantía de transparencia y para que todo aquel que
haya cometido actos de corrupción sea llevado ante los tribunales de la
República de Honduras.
El diputado dijo que existe un nuevo mandato del pueblo hondureño con
una nueva presidenta porque la sociedad demanda honestidad,
transparencia y rendición de cuentas, y en ese orden “miramos con buenos
ojos que ya existe un marco de entendimiento para la llegada de la
CICIH al país”.
Sin embargo, Sarmiento cree necesario se fortalezca la investigación
del delito en sus diferentes tipologías y la importancia de garantizar
una Corte Suprema de Justicia (CSJ) independiente, con magistrados
idóneos que respondan a los intereses del pueblo y a la Constitución de
la República.
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