Redacción CRITERIO.HN - Mayo 16,2022 Tegucigalpa.- El titular de la Secretaría de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, aseguró que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que pretende implementar el gobierno de Xiomara Castro tendrá inmunidad y podrá investigar cualquier gobierno.
Luego de concluir la visita de la misión exploratoria de Naciones Unidas al mando de Andrés Salazar, el ministro anticorrupción del gobierno de Honduras aseguró que, en caso de concretarse, la CICIH tendrá autonomía para evitar la persecución política una vez concluya el mandato que se establezca.
“Va a haber inmunidad y seguridad para que puedan hacer su trabajo”, afirmó.
Según el exfiscal ahora funcionario, se debe evitar que se replique acciones de intimidación como enfrenta el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, a quien señaló de enfrentar acoso y hostigamiento por sus investigaciones contra redes de corrupción.
“A Luis Javier Santos lo han tenido acosado, hostigado por el enorme y prestigiosa labor que hizo, ¿Qué ocurrirá cuando venga la CICIH y no tengan protección?”, inquirió.
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Además, prometió que el ente tendrá la facultad de investigar los casos de corrupción en la nación sin encubrir a ningún gobierno o funcionario y no tendrá obstáculos por parte de gobierno para realizar sus averiguaciones.
“Se van a crear todas las condiciones, si el gobierno la ha llamado (CICIH) es porque le abre las puertas para que haga su trabajo libremente; no va a haber cortapisas las limitaciones, no podrán existir más que aquellas que establecen la ley y la Constitución, va a investigar lo que tenga necesidad de investigar, alcanzar los gobiernos que hayan de alcanzar y los funcionarios que haya necesidad de investigar”, aseveró.
La misión exploratoria sostuvo diversas reuniones con sectores de la sociedad civil y con la presidenta de Honduras con la finalidad de conocer el panorama que desafía la instalación del ente anticorrupción.
“Hemos constatado el altísimo anhelo de las y los hondureños por avanzar decididamente contra la corrupción y la impunidad, en este esfuerzo encontramos coincidencia en todos los sectores sobre la necesidad de que cualquier esfuerzo sea independiente imparcial”, expresó Salazar.
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Según Orellana, se concluyó con la primera fase para concretar el acuerdo con Naciones Unidas por lo que deberá ser la misión exploratoria quien presente un informe al secretario general del organismo Antonio Guterres y definir los siguientes pasos.
“La misión exploratoria vino, se le dio la información que recolectó de todos los sectores, tienen la información necesaria para hacerle del conocimiento al secretario de Naciones Unidas sobre la situación del país, en particular, el tema del sistema de impunidad y sobre todo el clamor unánime que la CICIH venga”, añadió.
CONTINUAR DEROGACIÓN DE LEYES DE IMPUNIDAD
El director de la UFERCO, Luis Javier Santos, señaló la necesidad de derogar los decretos legislativos que promueven la impunidad aprobados por el conservador Partido Nacional y que todavía se mantienen vigentes para dejar el camino libre a la CICIH.
“Lo ideal sería que cuando se tome la decisión de la instalación de una misión tenga los mínimos obstáculos para que pueda iniciar su trabajo, para eso creo que se ha iniciado el trabajo para poder derogar algunas leyes que se aprobaron, pero falta mucho”, expresó.
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Santos volvió a reiterar la necesidad de derogar el Decreto Legislativo 116-2019 contentivo del corrupto fondo departamental a través de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales utilizados por diputados, funcionarios, ONG, entre otros, para drenar fondos del erario.
También demandó la extinción de los Decretos 57-2020 y 93-2021 en el que se contempló la interpretación a varios artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal que obstruyen al Ministerio Público realizar decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la comisión de un delito o acceder a información del sistema financiero nacional.
Del mismo modo, instó en aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, reformar la normativa de intervención de las telecomunicaciones y proponer reformas sobre el fuero especial de altos que impide llevarlos ante los tribunales por corrupción.
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