
Asimismo, el juzgado llegó a la conclusión de que la defensa no mostró pruebas de que los imputados fueran víctimas del golpe de Estado que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya o que se opusiesen al mismo, por lo que la Ley de Amnistía no procede.
La líder social Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras que desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca.
Por el asesinato de Cáceres quedaron tras las rejas siete hombres, entre los que cuentan cuatro sicarios, un mayor de las fuerzas armadas, un empleado y un exempleado de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) perteneciente a la familia Atala Zablah cuyo gerente era precisamente David Castillo.
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