El informe de AI 2021-2022 subraya que en el país centroamericano las autoridades «bloquearon el acceso al aborto seguro y al matrimonio entre personas del mismo sexo», y que «persistía la impunidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley».
Señala además que la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se beneficiaban de exenciones fiscales y medidas especiales de seguridad, desató protestas al no haberse solicitado a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes el consentimiento libre, previo e informado.
Impunidad y uso excesivo de la fuerza
El organismo humanitario recordó que en febrero de 2021 la hondureña Keyla Martínez murió en el occidente del país por asfixia mientras estaba bajo custodia policial tras haber sido detenida por violar el toque de queda impuesto para contener la propagación del virus de la covid-19.
Al respecto indicó que se conocieron informes según los cuales la Policía había reprimido las protestas por su muerte.
Además, seguían los procesos penales contra las víctimas de la represión en el contexto de las protestas postelectorales de 2017 y 2018; sin embargo, los agentes del Estado no rindieron cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante esas protestas.
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«Varios fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción fueron sometidos a procedimientos disciplinarios y penales que podían tener por objetivo obstaculizar su trabajo», indicó Amnistía Internacional.
El estudio de AI destaca que según la ONG Global Witness, Honduras presentaba la segunda cifra más alta del mundo de homicidios per cápita de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y que pese a ello el país seguía sin firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Indicó además que en julio de 2021, David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado coautor del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, y que continuaba en espera de que se dictara su condena.
Además, seguía sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente seguían enfrentándose a cargos penales infundados, y ocho miembros del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, detenidos en 2018 y 2019, continuaban en prisión al finalizar el año.
En enero, el Parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional que hacía aún más difícil eliminar las prohibiciones sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al concluir 2021 la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición total del aborto.
El informe de AI también señala que en junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Honduras había violado el derecho a la vida y a la integridad física de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista asesinada durante el golpe de Estado de 2009.
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Más de 1,400 supuestos pandilleros detenidos en El Salvador en las últimas horas
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que «se han realizado más de 1.400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado a cabo en todo el país».
Dicha declaración del funcionario fue brindada a periodistas tras la detención de 24 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en una colonia populosa al norte del departamento de San Salvador.
Villatoro señaló que «se están desarrollando a nivel nacional diferentes operativos de manera simultánea».
Las detenciones de supuestos líderes, principalmente de la MS13, comenzaron el sábado, pero los operativos se intensificaron el domingo y este lunes continuaron.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió este lunes mediante un mensaje en Twitter a los pandilleros que «dejen de matar ya» y advirtió que si la escalada de asesinatos en el país no para, sus compañeros presos «la van a pagar también».
Las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, decretado la madrugada del domingo por el Congreso a petición de Bukele y que suspende algunas garantías constitucionales.
Los derechos suspendidos son la libertad de asociación y reunión, el derecho a la defensa, la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones y además se amplió el plazo de la detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 3 días.
Pese a esta medida extraordinaria y a las detenciones masivas, las pandillas mantuvieron el domingo su desafió al Gobierno de Bukele.
El país registró el viernes 14 homicidios, 62 el sábado y 11 el domingo. El 26 de marzo se convirtió en el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador.
Las autoridades atribuyen a las pandillas la ola de violencia, principalmente a la MS13, pero aún no explican la razón del alza.
Esta no es la primera vez que un Gobierno salvadoreño busca combatir a las pandillas con detenciones masivas, en el pasado lo hicieron los expresidente Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) con sus planes Mano Dura y Súper Mano Dura.
Sin embargo, los índices de homicidios se mantuvieron en alza hasta el 2015, cuando El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Después de ese año, las cifras comenzaron a disminuir paulatinamente y la caída se acentuó desde 2019, cuando Bukele llegó a la Presidencia.
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