HONDURAS / ABOGADOS CUESTIONAN SILENCIO DE FISCALÍA DE LA CONSTITUCIÓN ANTE LAS ZEDE // MILITARES POLITIZADOS Y DIVISIÓN EN CNE MOTIVAN ACCIÓN DE CIUDADANÍA EN URNAS

Publicado: 28 Octubre 2021                                                                                           

A la fecha, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, no se ha pronunciado contra las ZEDE, a pesar del contundente posicionamiento de la Universidad Nacional y empresa privada, en este escenario el Colegio de Abogados y la plataforma ciudadana “PANAL”, han criticado que existe una confabulación inhumana para la venta del territorio. Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL), han sido contundentes al mencionar que el Gobierno sigue imponiendo una ley inconstitucional con el avance de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Ambos organismos se reunieron esta semana para cuestionar la venta del territorio hondureño en la subasta del pasado 16 de octubre en el evento “Liberty In your lifetime”; en ese contexto, el presidente del CAH, Fredis Cerrato, ha manifestado que las ZEDE no son legales y no obedecen a voluntad de los habitantes de cada municipio.

Cerrato analizó el contexto de la inaudita “Ciudad Morazán”, propiedad del gerente general de Farmacias del Ahorro, el ciudadano de origen italiano Massimo Mazzone, señalando que existe un contubernio con el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien a la fecha se resiste a realizar un cabildo abierto.

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“Esto que han hecho estos señores en el Congreso, con el presidente de la República y la complicidad de la Corte Suprema es traición a la patria, es un acto de maldad contra el pueblo hondureño y debemos unirnos todos en contra de todas esas posiciones de estos vendepatria”, amplió el presidente de los abogados.

Precisó que lo que está sucediendo es usurpación; ya que la figura de la expropiación existe y hay una ley que procede, pero sólo cuando hay un proyecto de interés general para el pueblo. “Aquí no se implementa dicha ley, porque no responde al interés colectivo de la sociedad. En consecuencia, el Gobierno lo está imponiendo”-

Al respecto, la empresaria y representante de PANAL, Juliette Handal, ha lamentado que: “Aquí no funciona ni la justicia, ni el Estado de derecho, ni la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución (FEP-DC)”.

“Las instituciones de justicia no funcionan porque no son independientes, y porque están siendo controlado por grandes intereses que operan en el país, y que han abusado del país y su población; tienen a Honduras en la mayor crisis en nuestra historia”, recalcó Handal.

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HONDURAS / MILITARES POLITIZADOS Y DIVISIÓN EN CNE MOTIVAN ACCIÓN DE CIUDADANÍA EN URNAS

Publicado: 28 Octubre 2021                                                                                         

La vigilancia ciudadana será clave en este proceso electoral, así lo ha referido el analista Raúl Peña, quien cuestiona la división del Consejo Electoral y la lamentable politización del alto mando militar; lo anterior, en una radiografía del evento del pasado martes cuando el consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, quedó casi al margen de una ceremonia acaparada por el gobernante Juan Hernández. 

Redacción Central/EL LIBERTADOTegucigalpa. En 30 días, los hondureños ejercerán el sufragio para escoger un nuevo Gobierno para el periodo 2022-2026 y, en el marco de la contienda, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ya se han puesto “a la orden” del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el pasado martes, en un evento extraño donde la máxima autoridad del órgano, Kelvin Aguirre, se doblegó ante el gobernante ilegal e ilegitimo –según la Constitución– Juan Hernández.

La ceremonia se realizó en el exclusivo parque Campo Parada Marte, al occidente de la capital Tegucigalpa; con presencia de varios escuadrones militares y el alto mando, Hernández aseguró que su cuestionado gobierno, iba a “garantizar” un proceso democrático en  paz.                                                                                                                  

El Ejército se encargará de custodiar unas 20 mil juntas receptoras de votos, maletas electorales y demás insumos para el 28 de noviembre; en ese contexto, el codirector del CNE, Eduardo Fuentes, mencionó que los entes de seguridad del Estado utilizarán unos 4,000 vehículos para el transporte del material, pero además se usarán automóviles particulares por fallas mecánicas en algunos automotores que no fueron reparados pese al alto presupuesto para los castrenses.

DE INTERÉS: HONDUREÑOS ESTÁN HARTOS DEL EJÉRCITO

En el estrado, el gobernante Hernández acaparó toda la atención, Aguirre pese a representar a la máxima autoridad electoral, fue relegado y tuvo protagonismo por breves momentos, y lo que más destacó fue la ausencia de las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall.  

El analista Raúl Peña ha sido enfático que esta división del CNE y la falta de confianza de la población en las FF.AA. y su alto mando, instan a que el proceso debe ser vigilado de cerca por la ciudadanía.

Peña criticó el “orlandismo” ha secuestrado a la cúpula más alta del Ejército e incluso “la nueva cúpula que va a asumir en diciembre ya está politizada; que le ha hecho un gran daño a las FFAA el actual presidente de la República es otro tema que no tiene que ver con la custodia de las urnas”.

Amplió que con los castrenses “politizados”, será garantía para los hondureños que los coroneles y capitanes asuman su mandato constitucional para custodiar el material.

Pese al optimismo del analista que ha pedido “confiar” en las FF.AA., la mayoría de hondureños, según un sondeo de EL LIBERTADOR, han manifestado estar hartos de los militares, ya que desde 2009 con el golpe de Estado han sido un brazo de políticos para asesinar al pueblo.

En el anterior proceso de 2017, con la ilegal reelección de Juan Hernández, el Ejército además de no proteger el imperio de la Constitución con la alternancia en el poder, fueron participes del fraude electoral al levantar sus fusiles contra los hondureños que hicieron efectiva la insurrección popular ampara en la Carta Magna.

Según informes de organismos de Derechos Humanos, al menos 50 personas fueron asesinadas durante la crisis electoral, de esa cifra las Naciones Unidas dieron cuenta de 24 casos entre diciembre enero, crímenes con participación directa de militares; a la fecha ni un solo soldado o general ha sido encarcelado por crímenes de lesa humanidad.   

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