Las implicaciones son graves, según la ley se tomarán recursos amasados de deducciones que los docentes, trabajadores y patronos aportan para pagar jubilaciones, pensiones y atención médica, en prevención del retiro laboral y vejez, para crear un “Fondo de Desarrollo en Proyectos de Interés Nacional” y que inversionistas nacionales y extranjeros, que no tendrán ninguna responsabilidad legal si estos proyectos fueran un fracaso, sólo rendirán cuentas ante el Poder Ejecutivo, dando paso a un privilegio que violenta la Constitución.
Un acto más del titular del régimen que se suma a la línea de PCMs violatorios al derecho a la alimentación, la seguridad nacional y un retiro laboral digno, entre otros, según la resolución con lugar del Ministerio Público al recurso de inconstitucionalidad del decreto PCM-052-19, que se extiende a otras decisiones arbitrarias, aunque deja por fuera los PCM que afectan el derecho a la salud y la educación, como reclaman las plataformas sociales defensoras de esos principios.
La resolución del Ministerio Público no solo abarcó al PCM-052-19, que otorga cuatro mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas de Honduras para hacerse cargo del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola 2020.
A esto se suma la opacidad en que se dan las sesiones virtuales, el manejo sectario de la agenda legislativa, a la que no accede la oposición, la actitud dócil de directores y de las juntas interventoras en el INPREMA, en el IHSS y en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones, (INJUPEMP), al ser nombrados por el Ejecutivo y que en el último caso tiene en Martha Doblado, a la Coordinadora del Gabinete Económico de Hernández.
En octubre de 2019 INJUPEMP había invertido 42.5 millones de dólares y recuperado apenas 1.6 millones de dólares en intereses del proyecto Centro Cívico Gubernamental, según las autoridades, que no explican por qué si son políticas tan rentables asesoradas por la oficina local de las Naciones Unidas y a espaldas de jubilados y pensionados, ellos aún carecen de farmacias y hospitales de mejor calidad.
De acuerdo a Doris Gutiérrez, el “Fondo de Desarrollo” representa al menos cinco amenazas para los aportantes de las entidades de previsión y sus aportantes: la primera es que quienes lo manejen no tendrán que responder ante la ley si los proyectos fracasan; otra es que no existe garantía de que sean rentables; una más es que está recubierto de inmunidad e impunidad; también violenta el principio de igualdad y los aumentos anuales de las pensiones son pírricos y no corresponden al costo de la vida.
Un ejemplo de los riesgos de estas políticas económicas neoliberales es la impunidad en la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones, (CONADI), la construcción del Centro Cívico Gubernamental, en el que los entes de previsión fueron obligados a invertir más de 115 millones de dólares que no han recuperado, y la entrega de la infraestructura vial pública a las Alianzas Público-Privadas, destacó la diputada del Pinu-SD, que levantó las alarmas en redes sociales y magisterio nacional.
“Las reglas van orientadas a una piñata descarada, como acostumbra hacerlas el Partido Nacional; estos señores no tienen límites y así como es el Congreso en cualquier momento lo van a meter, ayer esto fue retirado, pero eso no quiere decir que esto está olvidado”, concluyó.
FONDOS MILLONARIOS
Entre los aspectos más lesivos de la Ley
en referencia está el Artículo 8, que permite aprobar proyectos sin
pasar por espacios administrativos ni control, no necesita opinión de
experto o de un técnico hondureño en proyectos de interés nacional.
El artículo 9 exonera del 100% del pago de impuestos a las empresas que inviertan y si es doble participación, no efectuarán pagos fijos. Permite hacer compras y contrataciones directas y sin pasar por procesos de licitación.
El artículo 14 establece que la rendición de cuentas en el manejo de los recursos de los entes de previsión se hará ante el Poder Ejecutivo. Los requisitos para participar en los proyectos se harán por un reglamento.
Según el dirigente magisterial Daniel Sponda, “al mes de octubre de 2020 las reservas del INPREMA ascendían a 43 mil 509 millones de lempiras, si se toma el 25% son 10 mil 877 millones de lempiras” que saldrían de la entidad de previsión.
“Este no es más que un nuevo asalto y directo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que la dirigencia de los gremios ya dijeron que no es negociable; han debilitado a los institutos y no hay que centrarse en el INPREMA, después van por INJUPEMP, el Seguro Social y el RAP”.
“Que no venga a decir cómo vamos a invertir los recursos de los trabajadores”, subrayó.
https://criterio.hn/mas-de-10-mil-millones-saldrian-del-inprema-para-fondo-de-desarrollo/
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