El 2 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la Resolución del 6 de agosto de 2020 de la Presidencia de la Corte IDH y ordenó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para investigar y determinar el paradero de los cuatro defensores de derechos humanos y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) , quienes fueron sustraídos de sus casas el 18 de julio de 2020 por un grupo de hombres no identificados, altamente armados y que vestían chalecos antibalas con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) . Asimismo, la Corte IDH ordenó a las autoridades hondureñas adoptar las medidas adecuadas para proteger de manera efectiva la vida y la integridad física de los liderazgos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
“Tratándose de un posible caso de desaparición forzada, es intolerable que tras más de dos meses no se hayan producido avances significativos en las investigaciones para determinar su paradero. Honduras debe cumplir sin más dilaciones con su obligación de investigar los hechos, hallar su paradero e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio recuerda que, en un contexto de alta conflictividad por el uso y posesión de la tierra en el norte del país, las comunidades garífunas, así como las personas que defienden sus derechos, han sido víctimas de ataques contra su vida e integridad física, incluyendo amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas. En octubre de 2015, la Corte IDH ordenó al Estado de Honduras demarcar y garantizar el uso de las tierras ancestrales de las comunidades garífuna El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, al hallarlo responsable por la violación de sus derechos a la propiedad colectiva. Sin embargo, la falta de implementación adecuada de dichas medidas continúa perpetuando la vulnerabilidad de ambas comunidades.
“Cada día que pasa sin determinar la suerte y paradero de los Sres. Alberth Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez refuerza un mensaje de impunidad que sitúa a las comunidades garífunas de Honduras y a quienes defienden sus derechos en una situación de grave riesgo. A su vez se hace necesario que el Estado de Honduras investigue e identifique también a los responsables de las desapariciones forzadas de los años 80, del año 2017, y del contexto de la pandemia”, denunció Alice Mogwe, Presidenta de FIDH.
El Observatorio exige a las autoridades de Honduras que dispongan de todos los medios necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones de la Presidencia y la Corte IDH con el objetivo de proteger la vida e integridad física de las comunidades garífunas del país y determinar el paradero de los cuatro defensores, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley. El Observatorio a su vez hace un llamado al Estado de Honduras a aceptar la competencia contenciosa del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones en los términos del artículo 31 de la Convención.
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