Honduras: Pobladores de Zacate Grande son excluidos de los programas de ayuda
Agosto 22,2020 / Por: Redacción CRITERIO.HN /redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Los pobladores de Zacate
Grande se encuentran excluidos de los programas aprobados por el Estado
para enfrentar la crisis alimentaria y sanitaria producto de la llegada
del Covid-19 a Honduras. Así lo demostró el informe de veeduría
comunitaria: «Por que no han llegado los programas para combatir la
crisis alimentaria en Zacate Grande?”, publicado por el Centro de
Estudios para la Democracia (Cespad) y la Asociación para el Desarrollo
de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Entre los principales hallazgos del
informe, la periodista e investigadora del Cespad, Claudia Mendoza,
detalla la doble exclusión que viven los habitantes de Zacate Grande, a
quienes durante años se les ha negado su título de tierra y producto de
esto no pueden acceder a los beneficios de las políticas públicas
emitidas en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020.
Asimismo el gobierno local utiliza la
coyuntura, para evitar ejecutar políticas locales que podrían
beneficiarlos, alegando que ellos se encuentran en propiedad privada;
pese a saber que los pobladores y sus familiares han residido por
generaciones en este lugar. Es importante destacar que los pobladores de
Zacate Grande han sufrido persecución, criminalización y
judicialización por parte del Estado para beneficiar a familias como la Facussé y Gutiérrez, quienes aducen ser los propietarias de estas tierras.
Los pobladores temen que aprovechando
la crisis causada por la pandemia, el Estado arrebate sus tierras
utilizando el numeral cuatro del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 que
entrega las tierras nacionales y ejidales a la agroindustria. Sin
prever que un gran número del territorio ejidal y nacional son ocupados
por grupos campesinos, indígenas y garífunas, quienes históricamente han
sido víctimas de la injusticia de la distribución de la tierra.
En relación al derecho a la
alimentación, la misma es violentada. La ayuda que se ha entregado a las
comunidades (dos bolsas solidarias en cinco meses por un valor estimado
en cuatrocientos lempiras), no es una medida que mitigue o ataque el
hambre porque es “insuficiente y poco sustentable” informaron los
pobladores. Asimismo, la entrega es realizada por medio de sesgos
políticos y en algunas aldeas se han marginalizado primordialmente a los
líderes y lideresas de la comunidad.
Finalmente, el informe señala que
producto del confinamiento, el derecho al trabajo y movilización es
seriamente afectado provocando la pérdida de ingresos presentes y
futuros, impactando en la economía local. Un ejemplo de este extremo, es
que las y los campesinos han enfrentado serios problemas para adquirir
semillas y otros insumos para sembrar la tierra y aprovechar las
lluvias. Todo esto sin mencionar que no les está permitido reunirse en
grupo para avanzar en los cultivos.
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