¿Qué tanto les interesa a los financiadores de «desarrollo» la persecución de defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes? El caso Honduras y la persecución del pueblo garífuna
El informe «Riesgos no calculados»[1] de
la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, evidencia algo
que los grandes medios, consciente o inconscientemente, ocultan: las
amenazas y los ataques contra quienes defienden la tierra y los bienes
comunes son cada vez más frecuentes y las instituciones financieras de
desarrollo (IFD) son cómplices de ello.
«El desarrollo inclusivo y sostenible
requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de
expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en
las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades», señala el
informe.
Lamentablemente, comunidades,
movimientos sociales y populares y periodistas comprometidos, que a
diario protegen tierras y bienes comunes, exigen acceso a vivienda,
educación y salud y denuncian los abusos y la corrupción, son víctimas
de acoso, violencia física, criminalización y asesinato.
En especial, «amenazas y ataques son
cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en
nombre del desarrollo», agrega el documento presentado a finales de
junio pasado.
Entre los principales hallazgos, la
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo señala que los
ataques son generalizados e involucran a una gran variedad de países,
personas, sectores, inversiones y financiadores.
Asimismo, elementos desencadenantes de
la escalada criminalizadora y represiva son tanto las campañas de
estigmatización contra comunidades, grupos e individuos que son
etiquetados de «opositores al desarrollo», como la imposición de
«proyectos de desarrollo» sin una consulta previa, libre e informada.
IFD corresponsables
«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
A través de 25 estudios de casos – diez
de ellos en América Latina[2] – el amplio documento evidencia como, a
pesar de los compromisos ambientales y en materia de derechos humanos
asumidos, las IFD continúan financiando proyectos que ocasionan daños
severos a las comunidades locales.
En efecto, casi ninguna de estas
instituciones financieras «estudia de manera sistemática si el entorno
es favorable para la participación pública y la defensa de los derechos
humanos», conformándose con informes parcializados de sus clientes, sin
monitoreo en el terreno, y pasando por alto señales de alerta temprana
de riesgo para defensores y defensoras.
Tampoco los mecanismos de quejas y
denuncia de irregularidades tienen las herramientas y la autoridad
necesaria para prevenir y hacerle frente a las agresiones.
Una larga secuela de muerte
«El desarrollo siempre es para el gran
capital y no para las comunidades. En la lucha que desarrollamos contra
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sufrimos división, represión y
asesinatos, entre otros el de nuestra coordinadora Berta Cáceres.
Los bancos nacionales e internacionales
que financiaban[3] el proyecto nunca quisieron escucharnos y prefirieron
quedarse callados. Por eso son corresponsables de todas las violaciones
que hemos sufrido», dijo Dunia Sanchéz del Copinh.
Siempre en Honduras, el financiamiento
de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco
Mundial, para la expansión de la palma africana en la zona del Bajo
Aguán, fue uno de los elementos que contribuyó al estallido de uno de
los más sangrientos conflictos agrarios y al asesinato de decenas de
campesinos.
El pueblo garífuna es otra víctima de
proyectos de «desarrollo» financiados por instituciones financieras, en
especial agroindustriales y turísticos, que acaparan territorios y
expulsan comunidades[4].
Justo en estos días, el secuestro y
desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Triunfo de la
Cruz[5], entre ellos el presidente del patronato Alberth Esnider
Centeno, tienen en vilo al pueblo garífuna hondureño que exige su
aparición inmediata y con vida.
Detrás del crimen está el despojo de
tierras ancestrales garífunas para impulsar «proyectos de desarrollo» y
la lucha de las comunidades para recuperar lo que durante siglos les han
estado arrebatando.
El derecho del pueblo garífuna sobre
estas mismas tierras ha sido objeto de un largo juicio ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor
de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, instando al
Estado de Honduras a hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la
posesión sobre las tierras ancestrales.
Cinco años después, el Estado sigue sin acatar la sentencia.
Pequeños avances
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
«Se necesita no sólo un cambio en las
políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a
los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo
se concibe y se implementa el desarrollo», aclara la Coalición.
Entre las principales recomendaciones a
las IFD y a los Estados, la Coalición insta a respetar los
derechos y
prevenir los daños, garantizar un entorno favorable para la
participación de comunidades y personas defensoras, escuchar a las
personas defensoras y monitorear los riesgos, y respaldar a quienes son
amenazados.
[1] https://bit.ly/2CclG8Vde
[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa
[4] http://www.albasud.org/publ/docs/78.pdf
[5] https://cespad.org.hn/2020/07/21/asi-fueron-secuestrados-los-garifunas-del-triunfo-de-la-cruz/
[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa
[4] http://www.albasud.org/publ/docs/78.pdf
[5] https://cespad.org.hn/2020/07/21/asi-fueron-secuestrados-los-garifunas-del-triunfo-de-la-cruz/
Fuente: LINyM
https://defensoresenlinea.com/instituciones-financieras-y-derechos-humanos/
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