Publicado: 08 Abril 2020
A
la mortal presencia del Covid-19, se suma con todo vigor la
corruptovirus, eterna pandemia que ha cobrado millones de vidas en la
historia del pueblo hondureño, tanto así, que el pasado viernes 3 de
abril, en medio de las medidas de emergencia, el Congreso Nacional
aprobó una serie de negocios tecnológicos sin licitación para las
telefónicas extranjeras Tigo y Claro.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, el abogado Rasel Tomé, que cuestiona que los
negocios de telecomunicaciones no tienen nada que ver con una acción
para atender la emergencia nacional. En este diálogo ahonda en distintas
aristas de la decisión del gobierno al favorecer a las telefónicas
extranjeras.
Después
de Covid-19 surgirán otros negocios para las empresas de telefonía,
entre otros, “la “telesalud” y la “teleducación” y todos los sistemas
que hay que realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la
sociedad con la información, la inteligencia artificial y los procesos
de teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente
con informes a la sociedad”, advierte Tomé.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
emergencia nacional por el coronavirus (Covid-19), no a todos les ha
impactado igual; para la clase política gobernante y para el capital que
respalda a Juan Hernández, la pandemia abre las puertas para más
negocios con los bienes del Estado, que con las leyes aprobadas desde el
Congreso Nacional, se garantiza regalos a una clase ya súper
privilegiada como el mercado cautivo de las telecomunicaciones en
Honduras en manos de sólo dos empresas extranjeras.
Con
ojos de halcón, se han fijado en el espectro radioeléctrico luego que
el Congreso facultara el pasado viernes 3 de abril en la ley de “Auxilio
al sector Productivo” para que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) pueda negociar de mutuo acuerdo los
contratos de concesión y hasta nuevas licencias de operación con las
empresas de telefonía móvil Tigo y Claro.
Esta
medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido
criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente
ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han
beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que
el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de
concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un
enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, Rasel Tomé (foto más abajo), quien asegura que
en medio de una emergencia nacional por pandemia no tiene nada que ver
los negocios de las telecomunicaciones.
– ¿Qué significado tienen estos artículos que aprobó el Congreso?
–
Desde que estaba en discusión este decreto que lo hacen en el marco de
las medidas a adoptar en medio de la pandemia del coronavirus
(Covid-19), elevamos la voz de denuncia, pronunciándonos, defendiendo el
derecho del pueblo hondureño porque el espectro radioeléctrico le
pertenece a todos los hondureños y el mismo es administrado por Conatel;
pero aquí, en medio de la pandemia, han aprobado unos artículos que hay
que ponerle mucho ojo, porque pueden ser elementos de corrupción. El
Estado asigna las concesiones mediante procesos de licitación y subasta
para obtener recursos, ya que ese bien es un bien escaso y debe ser
administrado eficientemente. Hoy se está adjudicando la banda ancha que
es la que permite realizar un flujo de información de alto paquete, es
decir, de alta capacidad, entonces, la banda ancha que debió haberse
sometido a concurso para
ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la
emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los
operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones
Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser
revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque
podría estarse realizando un acto de corrupción.
– ¿A quién beneficia estas medidas?
– Esto
beneficia a las dos empresas de telefonía de celular instaladas, a las
empresas Tigo y Claro, estos artículos tienen dedicatoria, allí le dicen
a Conatel que vaya a negociar con estas empresas y a través de esa
solicitud, según los artículos aprobados, a través de esa solicitud
Conatel les otorgue rangos de frecuencia disponibles del espectro para
usar esa metodología de la banda ancha, es decir, que aquí lo que
observamos y lo preocupante es que en medio de una situación de
emergencia se quiere favorecer a dos empresas que tienen el monopolio de
la telefonía celular y que se ha concentrado en ellas toda la banda del
PCS porque la empresa estatal que es Hondutel no ha podido fortalecerse
y no se encuentra en una condición favorable que podría ser la empresa
por donde se podría prestar este servicio de la banda ancha, esas son
las inquietudes y las interrogantes, por eso es que nosotros estábamos
hablando de traer a la empresa Digicel por 1,600 millones de lempiras y
las administraciones de aquí le entregaron a Tigo por cinco millones y a
la otra empresa Megatel (Claro) por otra cantidad pequeña de ocho
millones. Allí es donde se observa que el bien de mayor valor, que es el
espectro radioeléctrico, si no se administra con honestidad, si no se
administra a favor del pueblo hondureño, los únicos beneficiados son
empresas transnacionales de la telecomunicación.
– ¿Cuánto dinero estará perdiendo el Estado de Honduras por esta ley?
–
Creo que sería importante hacer comunicaciones con los ingenieros
expertos en el mercado de la telefonía de cuánto estaría valorado el
espectro hondureño, en este caso de la telefonía de la banda ancha,
también conocer cuánto sería la porción de espectro, el ancho de la
banda y cuál sería el valor que correspondería la concesión para saber
por cuánto es que el pueblo hondureño estaría siendo afectado al no
realizarse un proceso transparente. Y la pregunta más importante… la
dictadura, viendo que estamos en una pandemia, por qué en lugar de estar
resolviendo algunos problemas inminentes como es la bioseguridad de los
doctores, enfermeras, la distribución de comida, las condiciones para
poder reactivar la economía y la dinámica social, algunas dinámicas que
presentó mi partido y que no se tomaron en cuenta, pero si se presta
para aprobar estos artículos que van destinados a las empresas de
telefonía celular donde Conatel va a estar otorgándole solicitud sobre
el espectro radioeléctrico.
A continuación los artículos 21 y 22 de la “Ley de Auxilio del Sector Productivo”, hecho ley el pasado viernes 3 de abril:
SECCIÓN SEXTA
AUTORIZACIÓN A CONATEL PARA ACELERAR
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
BANDA ANCHA, CREACIÓN DE PLATAFORMAS
ELECTRONICAS DE SERVICIOS, MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS
PERSONALES (PCS)
ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
podrá ampliar de mutuo acuerdo los Contratos de Concesión suscritos con
los operadores de Telefonía Móvil Celular y del Servicio de
Comunicaciones Personales (PCS), aprobados por el Congreso Nacional de
la República, mediante Resolución del Pleno de la Comisión, debiendo
notificar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y realizar la
publicación del mismo en el Diario Oficial “La Gaceta”, para que surta
efectos legales.
ARTÍCULO
22.- Asimismo se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) para que otorgue Licencias a petición de parte a los
operadores de Telefonía Móvil Celular y Servicio de Comunicaciones
Personales (PCS) en los rangos de frecuencias que se encuentre
disponibles, Espectro radioeléctrico que será asignado de acuerdo a
metodologías internacionales de valorización de espectro.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3840-telefonazo-gobierno-aprueba-negocion-a-transnacionales-tigo-y-claro
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