Tegucigalpa.- El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) a través de una visita realizada al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro, constató que existe riesgo de contagio para los privados de libertad que se encuentran recluidos, entre ellos 7 ambientalistas de Guapinol.
En declaraciones a www.defensoresenlinea.com la Comisionada Presidenta del MNP-CONAPREV, Glenda Ayala, dijo que se enviará un informe de la visita, al juez que está conociendo la causa sobre los 7 defensores del agua y los bienes comunes de Guapinol, municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, que guardan prisión en dicho reclusorio.
“El mecanismo enviara un informe de esta visita al juez que está conociendo la causa para que se adopten las medidas correspondientes en relación a la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva”.
Consideramos que tanto los compañeros que están aquí en Olanchito como el privado de libertad (Jeremías Martínez) que está en el Barrio Inglés en La Ceiba, debe de revisarse la medida cautelar de prisión preventiva.
“No hay presupuestos de peligrosidad ni situaciones que ameriten esta privación de libertad”, aseguró Ayala.
La Comisionada presidenta de CONAPREV indicó que en vista de la emergencia generada, consideramos que este tipo de delitos por los cuales se está investigando a estas personas, deben de tener un tratamiento totalmente alternativo a la privación de la libertad.
“Esto no solo lo hemos dicho nosotros, sino que también el Consejo Europeo que envió una comunicación al estado de Honduras para que revise esta causa, se garantice un juicio justo y que estas personas puedan ser escuchadas en libertad”, dijo la comisionada presidenta de CONAPREV.
Tanto la comisionada directora Glenda Ayala como la abogada Blanca Izaguirre, visitaron el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro para verificar si se están cumpliendo las recomendaciones del estado respecto a la prevención del contagio por coronavirus o covid19 en los reclusorios.
Al respecto Ayala dijo que la visita tuvo también como propósito, verificar la condición en que se encuentran los ambientalistas, defensores del agua y de los bienes comunes de Guapinol.
Añadió que el otro aspecto es que ellos están compartiendo celda con una persona que es un paciente psiquiátrico y que de alguna forma ellos temen por su vida, ya que a ésta persona le da por pelar los cables de energía eléctrica.
Ayala también informó que los jueces ejecutores nombrados en el Hábeas Corpus interpuesto por CONAPREV, han solicitado la información sobre privados de libertad que sufren diversos padecimientos o enfermedades crónicas, pero que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha emitido ninguna resolución final, en relación a las personas que presentan patologías crónicas, para favorecer su liberación.
La Comisionada presidenta de CONAPREV, instó de manera urgente al régimen, para que se resuelvan los recursos de hábeas corpus interpuestos, ya que esto constituye una garantía que reviste una celeridad y un trámite expedito por la grave situación por la que actualmente estamos atravesando.
El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2020, titulada: “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.
En dicha resolución y en cuanto a las condiciones de los privados de libertad, la CIDH urgió al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes; que prevén la aplicación de beneficios de excarcelación.
“Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”, resaltó el organismo continental.
En una carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva planteó con suma preocupación al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la CIDH, Joel Hernández, en torno a la condición de riesgo a la salud y la vida de los “presos políticos y defensores de derechos ambientales”, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
En la carta se explicó al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Hasta el momento la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha emitido ninguna resolución respecto del recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por el COFADEH y las organizaciones antes apuntadas.
https://defensoresenlinea.com/coronavirus-conaprev-demanda-que-ambientalistas-de-guapinol-enfrenten-juicio-en-libertad-por-existir-riesgo-de-contagio/
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