Abel Pérez, es el presidente de
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA),
además miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur
(REDEHSUR), acompañada y formada por el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que con esta acusación
por el supuesto delito de usurpación es el tercer proceso legal en su
contra.
El defensor de 36 años, fue capturado
frente al Juzgado de Letras de Amapala, municipio de Valle, en el
pacífico hondureño, el lunes 25 de noviembre a las 3:30 de la tarde,
cuando acompañaba a vocal III de ADEPZA, María Hernández, que acudía a
la Audiencia Inicial tras su captura el 22 de septiembre; y al mismo
tiempo se había acordado la presentación voluntaria del miembro de la
organización de la península, Santos Hernández, que suma a seis
requerimientos fiscales en el marco de esta persecución por la defensa
de la tierra.
tres personas debían responder por
el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Jorge Luís
Cassis, supuesto dueño de las tierras en Playa Blanca y Puerto Sierra.
Pérez declaró a Defensores en Línea, que
la criminalización ha afectado emocionalmente a María, quien fue
llevada detenida por segunda vez, en esta ocasión su hijo de 10 años
también iba dentro de la patrulla policial; mientras que a Abel y Santos
(compañero de vida de María y papá del menor) los custodiaron hasta que
se subieran en la paila del vehículo, el lunes por la tarde.
Ese día, el fiscal le avisó a la policía
de que las audiencias habían concluido, entonces llegaron varios
agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para darme
captura, ahora por un nuevo proceso que es de octubre del 2019, ya que
tengo uno de noviembre del 2018 y la sentencia condenatoria por el caso
del 2015, explicó el defensor.
“Traté de guardar la calma, le decía a
Santos y María que íbamos a salir de está”, detalló Abel, quien ya
estuvo en prisión durante 101 días en el 2016, el Nacaome junto a Santos
Hernández. Ese expediente está en Casación tras dictarse condena de
cinco años y un mes, según información proporcionada por el COFADEH que
forma parte del equipo de defensa.
Para el actual proceso, la audiencia
inicial será el 9 de diciembre a las 8 de la mañana, cuando nuevamente
se enfrentarán al poder judicial coludido con los terratenientes, que
criminalizan a quienes defienden los bienes comunes. En este caso, los y
las vecinas de Playa Blanca velan por un predio que sirve desde
siempre como paso público y espacio de carga y descarga. Cassis se dice
dueño del plantel, lo manda a cercar y hay personas que quitan los
obstáculos para pasar, y de esto se señala a los criminalizados.
“Este señor (Cassis) ha llegado a la
zona aduciendo ser dueño de la tierra en que está asentada la comunidad
desde hace más de 50 años, cabe mencionar que este hombre es el mismo
que acusó en el año 2003 a la familia Cárcamo, quien fue desalojada del
lugar conocido como “Playa las Gaviotas” lugar donde construyó su enorme
casa de playa el empresario Freddy Nasser, yerno del difunto Miguel
Facussé”, denunció ADEPZA en su perfil de la red social Facebook.
Agrega que, continúan enfrentándose a
una élite empresarial que tiene controladas las instituciones del Estado
“nos quieren despojar del territorio, de las playas, del manglar NO SE
LOS VAMOS A PERMITIR”.
Por su parte el defensor de derechos
humanos de la REDEHSUR, Allan Torres afirmó que, este martes fue un día
lleno de tensión, en horas de la tarde militarizan los juzgados de la
isla del Tigre l
Pérez y la Defensora María Hernández quedaron en
LIBERTAD.
Por Riccy Ponce
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