Por: Redacción CRITERIO Enero 23,2019 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Los ejecutivos y empleados del ente de pensiones de los periodistas
tienen garantizado gozar de una muy buena jubilación, como parte del
millonario gasto administrativo que descapitaliza la institución,
mientras los comunicadores que deberían ser los beneficiarios de los
fondos se retiran con una mísera pensión.
Los
directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), como
si la prioridad del ente no fuesen los afiliados, desbordaron el gasto
administrativo para el otorgamiento de salarios, beneficios y
privilegios a los empleados, de los que el más favorecido es el gerente
Omar Calderón Milla.
El
ente, desde que inició operaciones en 1987 y hasta 2017, destinó a
gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por
ciento dirigido a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo
que representa un 24 por ciento de los 343.6 millones que captó el ente
como ingresos corrientes, según informes que ha publicado el IPP.
La directiva del IPP la integran el
presidente, el Fiscal y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio
de Periodistas de Honduras (CPH), otros tres periodistas y un
representante de los propietarios de medios. Los directivos se han
negado a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las
operaciones del ente.
El presidente del IPP y CPH, Dagoberto
Rodríguez, segundo en la imagen, junto a Juan Ramón Mairena, Eduin
Natividad Romero, Adán Elvir Flores, Elán Reyes Pineda y Luis Edgardo
Vallejo, todos ellos expresidentes del IPP-CPH, durante la inauguración
de la “Galería de Presidentes del CPH”, a finales de diciembre del año
pasado.
El
despilfarro de los fondos del IPP, contrasta con las míseras pensiones
que reciben los periodistas, que en su mayoría oscilan entre 2.000 y
poco más de 4.000 lempiras, que les obligaría a vivir en la indigencia,
si no fuera por el apoyo de hijos y parientes o la generación de
ingresos por otras fuentes.
Omar
Calderón, con el respaldo de los directivos del IPP, gestionó la
afiliación de ejecutivos y empleados del ente al Instituto de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), aunque ya
estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
como correspondía legalmente, pues no tenían la condición de servidores
públicos.
Pero
Calderón no quería recibir una pobre pensión del Seguro Social, y mucho
menos la mísera cantidad de 1.000 lempiras que él le ofreció al
periodista Mario Valladares, cuando al cumplir 60 años y haber aportado
por más de 20 años al IPP acudió a las oficinas del ente a acogerse a la
jubilación.
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En
el IPP, la argolla de periodistas que han dirigido el Instituto,
hicieron realidad los sueños de Calderón: jugosos ingresos, poder,
estabilidad, discrecionalidad en la administración y una buena pensión
en su jubilación, pero se olvidaron de que el ente fue creado para
beneficiar a los periodistas afiliados.
Calderón,
todavía gerente del IPP con un salario arriba de los 81.000 lempiras,
ya es jubilado del Injupemp y goza de una buena pensión, con la que
suma un ingreso superior a los 100.000 lempiras mensuales, mientras los
periodistas jubilados sufren por sus pobres pensiones.
Los
directivos del IPP, además de aprobar la afiliación al Injupemp –que
representó un fuerte desvío de fondos para financiar los pagos como
patrono desde 1987– aprobaron también el pago de seguros de vida y el
otorgamiento de préstamos a los empleados, decisiones que acarrean
responsabilidad legal, dijo un ex juez de sentencia y abogado penalista,
que pidió mantener en reserva su nombre.
Los
directivos, al aprobar los pagos al Injupemp por acción o por omisión,
al igual que el otorgar los seguros de vida y los préstamos, violaron el
articulo 70 de la ley del IPP, que establece lo siguiente: “Los fondos
del Instituto de Previsión Social del Periodista se utilizarán en
provecho exclusivo de los afiliados y serán depositados en la Banca
Nacional”.
En
el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31
lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes y
bonificaciones, de los que casi 1.4 millones de lempiras, o sea el 38
por ciento fueron a parar a los bolsillos de Omar Calderón.
Los
ejecutivos y empleados han recibido el equivalente a 16 salarios y
hasta 17 salarios, incluyendo bonificaciones y el pago de prestaciones
adelantadas cada año, según datos que se coligen de los documentos
examinados.
El
IPP es un instituto de previsión pequeño, que tiene actualmente unos
150 afiliados activos y unos 33 jubilados. Sus directivos han
administrado hasta 2017 unos 343.5 millones de lempiras, y registró a
finales de ese año, 162.3 millones de lempiras en activos, según
documentos del ente.
Los directivos del IPP, solo entre los años 2010 y 2015, se gastaron 26.2 millones de lempiras en salarios, beneficios y privilegios para 12 ejecutivos y empleados, mientras pagaron apenas 16.6 millones de lempiras en pensiones a unos 44 periodistas jubilados.
GASTO DESBORDADO
El
desbordado gasto administrativo en el IPP, desde que inició operaciones
hasta 2017, consumió 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por ciento
destinados a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo que
representa 24 por ciento de los recursos totales operados por el ente,
mientras los beneficios de los jubilados alcanzaron 87.7 millones de
lempiras, apenas un 3.2 por ciento más, según documentos del ente a los
que accedió Criterio.hn.
En
la administración del ente de pensiones de los periodistas, no se han
respetado las más mínimas normas para una gestión sana y eficiente,
recomendadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que si son
acatadas por los otros entes de previsión social.
La
CNBS en los años 2009 y el 2015, estableció a los institutos de
previsión social como techo para los gastos administrativos, un 8 y un
10 por ciento del monto de las aportaciones patronales y cotizaciones de
los afiliados, respectivamente, para asegurar una operación eficiente y
óptima de los recursos.
Si
el IPP hubiese seguido las normas para una gestión sana de los
recursos, debió destinar a los gastos administrativos entre 2008 y 2017,
unos 5.7 millones de lempiras, pero los directivos aprobaron un gasto
de 48.1 millones de lempiras, lo que representó en ese período un sobre
costo de 42 millones de lempiras.
Extendiendo
estas normas de sana administración de la CNBS, a toda la operación del
IPP desde 1987 a 2017, lo que se tenía que haber destinado a gastos
administrativos son 10.4 millones de lempiras, pero los directivos
aprobaron 82,7 millones de lempiras generando un sobre costo de 72.4
millones de lempiras, en detrimento de la fortaleza financiera del ente.
El
desmedido gasto administrativo continúa en el IPP, mientras los
directivos se oponen tenazmente a entregar información a periodistas que
la solicitan sobre las operaciones financieras y administrativas del
ente, y se resisten a someterse a la auditoría de la CNBS.
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El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido supervisado desde que empezó a operar.
No
se sometió al órgano especializado en su momento, la Superintendencia
de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras, y
desde 1995 tampoco ha sido fiscalizado por la CNBS. Sus esfuerzos se
orientaron a lograr un blindaje contra la fiscalización y las auditorías
de los órganos especializados.
Los
directivos del IPP, desde el año 2014 desistieron de requerir
transferencias del Estado establecidas en su ley de creación, lo que
causó pérdidas al ente hasta 2018 de casi 5 millones de lempiras,
tratando de evitar someterse a la auditoría de la CNBS y entregar
información en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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Se
escudan además, para tratar de evitar transparentar las operaciones y
someterse a la auditoría de la CNBS, en una inaplicable interpretación
legislativa de la ley del ente, similar a la que se aprobaron los
diputados del Congreso Nacional para evitar ser investigados y
enjuiciados por el Ministerio Público en casos de presunta corrupción.
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GERENTE A CUERPO DE REY
Calderón
encontró en los periodistas directivos del IPP un terreno fértil para
cumplir sus aspiraciones. Es así que, el 25 de enero de 1994, después de
ocupar el cargo de gerente del IPP por ocho años, firmó con el director
ejecutivo del Injupemp, en ese entonces, César Augusto Rivera, un
convenio mediante el cual se afilió a los ejecutivos y empleados del
ente de pensiones de los periodistas, aunque no eran empleados públicos.
El
gerente Omar Calderón hizo realidad su sueño de tener una buena
pensión, que no obtendría en el IHSS, al que estaban afiliados él y los
restantes empleados del IPP.
En el llamado convenio interinstitucional
que fue suscrito, Rivera afirma en la cláusula primera, que recibió
formal solicitud del IPP para afiliar a sus empleados “todo de
conformidad a lo que dispone el Artículo Cuatro (4)” de la ley
Constitutiva del Injupemp.
Pero
el artículo 4 de la ley Constitutiva, establecía que: “Los
telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial,
entidades autónomas y semi-autónomas, podrán afiliarse al Sistema bajo
las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.
Evidentemente,
el IPP no podía afiliar a Calderón y los restantes empleados, pues no
es una institución de gobierno para adherir Injupemp, y su ilegal
incorporación solo fue posible por el ejercicio de influencias o
relaciones en el gobierno, entonces encabezado por el ex presidente
Rafael Callejas.
Pese
a la ilegal incorporación, Calderón de 71 años, goza desde hace unos
años de una buena pensión en el Injupemp, y también recibe todavía su
salario de más de 81.000 lempiras en el IPP, porque los directivos
periodistas lo consideran tan insustituible que lo mantienen en el
cargo, malgastando los recursos del Instituto, no obstante que el actual
presidente, Dagoberto Rodríguez Coello, ha dicho, públicamente, que el
Instituto ya no maneja los fondos porque están depositados en una AFP de
un banco.
La
incorporación al Injupemp, que representó un privilegio, pues los
empleados ya eran afiliados al IHSS, golpeó fuertemente las finanzas del
IPP. El ente de pensiones de los periodistas, de acuerdo al convenio,
pagó 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva las
aportaciones patronales entre el 1 de mayo de 1987 y el 31 de diciembre
de 1993.
La cantidad de 209,803.83 lempiras pagados al Injupemp representan a valor presente 712,799.05 lempiras.
La
carga de este pago constituye evidentemente, una carga pesada pues
mientras en el IHSS se paga en base a salarios mínimos un 7 por ciento,
en el Injupemp se pagaba un 11 por ciento sobre el sueldo total de los
afiliados, lo que representa que si una persona devengaba 20.000
lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales.
Si
devengaba 10.000, el aporte anual eran 13,200 lempiras y si el salario
era de 50.000, pagaba 66.000 lempiras anuales al Injupemp.
El gasto es
mayor, pues el IPP mantuvo simultáneamente el pago de la contribución
patronal al IHSS, tal como lo establece la ley del organismo de
previsión.
El
Injupemp en la última reforma a su ley, modificó a partir del 2015 la
aportación patronal que se sitúa en un 12.5 por ciento sobre 14 salarios
anualmente, lo que pesará en las finanzas del IPP.
La
presión sobre los gastos administrativos fue marcada a partir de 1994 y
es creciente y acentuada de 1997 en adelante, cuando los directivos del
IPP aprueban el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones
laborales, una práctica que no realiza ningún ente de pensiones, debido a
que reduce la disposición de fondos para inversiones. Los otros entes
de pensiones pagan prestaciones cuando los empleados son despedidos.
A
partir de 1997 los gastos administrativos se disparan de 1,087,957.98
lempiras en 1996, a 1,871,195.31 lempiras, y continúa un ritmo más o
menos constante hasta el año 2017, en que se situaron en 4,792,478.
LE ECHAN “EL MUERTO” A UN FALLECIDO
Al
privilegio alcanzado con la ilegal afiliación de los empleados al
Injupemp, se suma el de pagar seguros de vida con activos del IPP,
aunque la ley del ente establece que los fondos “se utilizarán en
provecho exclusivo de los afiliados” periodistas.
Los
directivos del IPP responsabilizan de la iniciativa para aprobar el
pago de seguros de vida de los empleados y otorgarles préstamos
hipotecarios y personales, que viola la ley del ente, al fallecido
periodista Orlando Henríquez.
En
una certificación del IPP, firmada por el ex presidente del IPP, Eduin
Romero, asegura que en una sesión de junta directiva el 16 de octubre de
1987, Henríquez mocionó para que el ente otorgara seguros de vida a sus
empleados y se les dispensara préstamos personales e hipotecarios, y
que se aprobó por unanimidad.
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Un
ex juez de sentencia y abogado penalista, que pidió el anonimato, dijo a
criterio.hn “que tanto los directivos que aprobaron la afiliación del
IPP al Injupemp y los que han permitido los pagos como patrono, al igual
que en el caso de la adquisición de los seguros de vida y los préstamos
a los empleados, viola una norma de ley del IPP”.
“Si
la ley del IPP dice expresamente que los fondos del Instituto se
utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados, es evidente que los
ejecutivos y empleados no lo son, y por tanto los directivos incurren en
responsabilidad penal”, comentó.
https://criterio.hn/2019/01/22/desangran-recursos-del-instituto-de-pensiones-de-periodistas/
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