Un grupo de indígenas lencas en una
manifestación para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de la
activista ambientalista Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras, el 2
de marzo de
Quizá
los asesinatos habrían acabado con la oposición indígena al proyecto de
una represa en Honduras si Berta Cáceres no hubiera sido una de las
víctimas. Su liderazgo en la campaña contra la construcción de una
represa en el río Gualcarque, que es sagrado para el pueblo lenca, le
hizo acreedora de un prestigioso premio internacional y mucha atención
mediática por lo que su asesinato perpetrado por hombres armados hace dos años generó una intensa presión para encontrar a sus asesinos.
Ahora la policía hondureña arrestó
a Roberto David Castillo Mejía, el hombre que en ese momento era el
jefe ejecutivo de la compañía que desarrollaba el proyecto de
construcción. Es la novena persona detenida por el asesinato, pero lo
más importante es que fue identificado como el “autor intelectual” del
crimen, es decir, fue la mente maestra que contrató asesinos y miembros
del ejército que ya fueron encarcelados por el caso de Cáceres.
La
detención de Castillo muestra los vínculos que surgen entre el gobierno
y la élite militar y empresarial en una cultura de corrupción. Honduras
es el país más letal del mundo
para los activistas ambientales. Cáceres y otros dos miembros de su
organización aparecen en la lista de los catorce ambientalistas que
fueron asesinados en 2016.
Después
de su muerte, un equipo de abogados internacionales reveló que el
asesinato fue planificado durante meses. Estados Unidos presionó al
gobierno de Honduras para que resolviera el caso y el arresto de
Castillo sugiere que esa presión funcionó.
Lo
que aún no queda claro es si esa detención representa un cambio
fundamental en Honduras o simplemente se trata del sacrificio de un
chivo expiatorio en un caso que se volvió demasiado importante.
Mientras
la investigación del asesinato de la lideresa ambientalista acaparaba
los titulares de los diarios, el presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, sorteó la ley para postularse a la reelección y ganó unas
votaciones tan controversiales que los observadores internacionales recomendaron que se convocara una nueva elección.
Sin
embargo, el gobierno de Trump guardó silencio. Hernández, que llegó al
poder con un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en 2009,
ha sido un aliado voluntario de Washington, bien sea para luchar contra
el terrorismo y las drogas o para detener a los inmigrantes.
Es
posible que Hernández no esté directamente involucrado en el asesinato
de Cáceres. Pero Estados Unidos exige que ese caso se resuelva
mientras, cínicamente, posibilita la implementación de las políticas
corruptas que sostienen al actual gobierno de Honduras, lo que aumenta
las probabilidades de que la muerte de Cáceres no sea la última.
https://www.nytimes.com/es/2018/03/13/editorial-corrupcion-mortal-en-honduras/
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