Martes 25 de Marzo 2016
“Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras
son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido
señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de
sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas”, señala la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe,
“Situación de Derechos Humanos en Honduras”, 2015.Ante tal situación, en los últimos años este organismo internacional ha
beneficiado con medidas cautelares a muchas defensoras y defensores de
los derechos humanos—pero a muchos aun así los han matado. En su informe
presentado el 16 de febrero pasado, la CIDH señala que al 31 de
diciembre de 2014, al menos 14 de sus beneficiarios fueron asesinados.
A ellos se suma el crimen perpetrado contra la dirigente indígena, Berta
Cáceres, asesinada en La Esperanza Intibucá, el pasado tres de marzo,
por sicarios que llegaron a su casa a quitarle la vida mientras ella
descansaba. La CIDH ha condenado su muerte, porque ella era beneficiaria
de medidas cautelares desde el 29 de junio de 2009, según la medida
cautelar MC-196/09.
El 21 de febrero recién pasado, en el
caserío Cabexa de Vaca número 2, fueron asesinados, Nahúm Alberto
Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y
Santos Matute. Todos eran miembros de la tribu Tolupan, de San
Francisco de Locomapa y que trabajaban en la lucha por la defensa del
territorio.
La CIDH decretó en 2013 medidas cautelares para esta
población y solicitó la protección de una veintena de indígenas,
destacados por reclamar la participación justa y equitativa de los
pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas
protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal (ICF).
Previo al otorgamiento de las medidas de
protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta
Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados
mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la
vigencia de las medidas, asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y
Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las
beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su
vida.
El 25 de enero del 2016 fue asesinada Paola Barraza, una
mujer transexual, defensora de derechos humanos y miembro de la junta
directiva de la Asociación LGTB Arcoíris, en Comayagüela. Ella había
sobrevivido a un atentado en las cercanías de la Asociación Arcoíris,
cuando le dispararon varias veces y una bala alcanzó su cara.
Javier
Vásquez Benítez, miembro del Movimiento Independiente Lenca de La Paz
(MILPA) fue encontrado asesinado el 20 de diciembre del 2015, en la
comunidad de Santa Elena, departamento de la Paz. Javier era hijo del
defensor de derechos humanos y líder indígena, Gilberto Vásquez, quien
se ha opuesto a la construcción de la central hidroeléctrica Los
Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S. de RL.
Juan Francisco Martínez y Silvestre Manueles Gómez, defensor de los derechos
humanos y miembros de MILPA fueron asesinados en enero y mayo de 2015,
en los departamentos de Intibucá y La Paz, respectivamente.
El 20 de mayo de 2015 en la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de
Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, fue asesinado, Moisés Durón
Sánchez, líder comunitario del COPINH.
Asimismo, el 17 de junio
de 2015 en la comunidad de Piedra Parada, Mojarás, departamento de
Choluteca, asesinaron a Héctor Orlando Martínez, miembro del Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(SITRAUNAH), la CIDH condenó lo ocurrido y urgió al Estado a investigar y
esclarecer el crimen. Martínez era beneficiario medidas cautelares
desde el 19 de mayo de ese año.
El 27 de mayo de 2015 la CIDH
dictó medidas cautelares para el líder sindical, Donatilo Jiménez
Euceda. No obstante, fue desaparecido el 8 de abril de 2015.
El 27 de agosto de 2014 fue ultimada a balazos la defensora de derechos
humanos, Margarita Murillo, quien además era la coordinadora del Frente
Nacional de Resistencia Popular en el Departamento de Cortés. Ella
gozaba de medidas de protección de la CIDH.
Orlando Orellana,presidente del Patronato de la Colonia de Cerrito Lindo,
en San Pedro Sula, fue asesinado el 4 de mayo de 2014, él, era beneficiario
de medidas cautelares otorgadas por el riesgo que corría la comunidad en la
lucha por la tierra. El crimen ocurrió a la una de la tarde, cuando la
víctima se dirigía a una reunión para tratar asuntos comunitarios. Dos
sujetos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones.
La comunidad Cerrito Lindo es beneficiaria de medidas cautelares desde el
2005 por solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL).
El 21 de enero y el 18 de febrero
de 2014, fueron ultimados los ambientalistas, Justo Sorto y Pedro
Pérez, dirigentes lencas de los departamentos de Intibucá y La Paz,
respectivamente. De igual forma, el dirigente ambientalista indígena,
Rigoberto López y Williams Rodríguez fueron asesinados en el Níspero,
Santa Bárbara, todos con medidas de protección.
Erick Alexander Martínez Avila, portavoz de la Asociación Kukulcan y defensor
de los
derechos humanos, fue raptado y asesinado el 7 de mayo de 2012. Su
cuerpo, con señales de haber sido estrangulado, fue encontrado, en una
cuneta de la aldea Guasculile, en la carretera que de Tegucigalpa
conduce al departamento de Olancho.
El 1 de mayo del 2014 una patrulla integrada por 3 miembros de la policía
nacional ingreso a la casa de María de Los Santos Domínguez Benítez y le
quitaron la vida al joven, Santos Alberto Rodríguez, cuando este les reclamó
por el allanamiento de la vivienda de su madre. El hecho ocurrió en San
Bartolo, Intibucá, comunidad lenca que mantiene en trámite la titulación
de la las tierras y que antes del suceso había sido amenazada por una
maniobra de los terratenientes.
Walter Tróchez fue asesinado la noche del 13 de diciembre de 2009 en pleno
centro de la capital. Era un destacado defensor de los derechos de la comunidad
LGTBI y trabajaba como procurador de los derechos humanos en el Centro de
Investigación Promoción e Investigación de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Testigos oculares manifestaron que Tróchez murió a consecuencia de un disparo de
arma de fuego que le propinó un agente de la Policía Nacional. Días
antes, había denunciado, que en el parque El Obelisco lo secuestraron
agentes encapuchados de la Dirección Nacional de Investigación Criminal
(DNIC).
El 25 de abril de 2013 en San pedro Sula, fue asesinado,
Ronald Jovel Miranda Ávila, miembro del Comité Ejecutivo de la
Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (JHA-JA). Tenía 9
años de haberse rehabilitado y se había convirtió en el principal
animador en la rehabilitación de niños y jóvenes vinculados a las maras y
pandillas.
El 22 de septiembre de 2012, en Tegucigalpa fue
acribillado, el abogado Antonio Trejo, quien era el apoderado legal de
los campesinos aglutinados en los movimientos, MARCA y MUCA, en el Aguan
y MOCSAM, en San pedro Sula. Días antes, Trejo había presentado un
recurso de inconstitucionalidad del decreto que le daba vida a las
"Ciudades Modelos".
José Marcos Avila Maradiaga, miembro del
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), fue
asesinado en agosto de 2012. Avila acompañó las actividades de
procuración popular durante los días más difíciles del Golpe de Estado.
A la ista se suman las muertes inolvidables en los movimientos sociales,
como la de Jeanette Kawas, Carlos Luna López, Carlos Escaleras y otros,
que como consecuencia de sus actividades por la defensa y protección de
los derechos humanos y del medioambiente, también fueron asesinados.
Los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, ocurren cuando
Honduras se debate entre la criminalidad que campea como producto de
impunidad y que sobrepasa los estándares internacionales. Cifras del
observatorio de la UNAH indican que en el 2012, la tasa registrada por
cada 100 mil habitantes fue de 85.6, pero la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que fue de 90.4.
Para el 2013, el índice de homicidios registrados por la UNAH fue de 79 por
cada cien mil habitantes; en el 2014, el Estado reportó una disminución a
66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.5. A octubre del
2015, las cifras oficiales de FUSINA reportaban una reducción de 698
casos en comparación al mismo periodo del año anterior.
German H. Reyes R./Revistazo.com
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