17 marzo, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Las
violaciones a los derechos humanos están a la orden del día este jueves
cuando los grupos indígenas y Garífunas han iniciado la gran
movilización para exigir justicia para Berta Cáceres, Nelson García y el
respeto a los derechos ancestrales a la tierra y a la protección de los
recursos naturales de sus comunidades.
La
Policía Nacional está usando burdas estrategias para frenar la
movilización y ayer en la ciudad de La Ceiba, la policía de tránsito se
inventó que no tenían papel para extender los permisos de circulación a
los buses urbanos que trasladarían gente de esa localidad hacia
Tegucigalpa para participar en la gran movilización.
Los
policías les manifestaron que se vinieran y que al llegar a alguna
posta que los llamaran por teléfono para manifestarles que venían con
permiso, pero no fue así ya que al llegar a la posta de La Barca en el
desvío a Santa Rita de Yoro, la policía los detuvo desde la madrugada y
este jueves a las 7 de la mañana los regresaron para La Ceiba.
Esta
madrugada en la posta del Durazno en la entrada a Tegucigalpa fueron
detenidos los miembros del Movimiento Amplio por la Democracia y la
Justicia (MADJ), sin manifestar ninguna razón y violentando el libre
derecho a la locomoción y el derecho a protestar.
La Policía y el ejercito hondureño sigue comentiendo enormes violaciones a los derechos humanos
El
líder de la Coordinadora de Pueblos Indígenas, Salvador Zúniga,
denunció que el gobierno de Juan Hernández por su actitud represiva
contra la población indígena, están decomisando las cedulas de identidad
y a los dueños de los buses les están decomisando los permisos
extendidos por la dirección nacional de transporte
Zúniga
denunció también que los buses que venían de la comunidad de Rio
Blanco fueron regresados en la posta de Pito Solo, ubicada entre
Siguatepeque y el Lago de Yojoa.
Alfredo
López, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
manifestó que la actitud de la policía es hostil y que es una violación a
los derechos de los ciudadanos negros e indígenas que hoy vienen a
manifestarse y a exigir sus derechos y castigo para los asesinos de sus
pueblos.
German
López, del pueblo Pech de Santa María del Carbón, San Esteban, Olancho
manifestó que están en esta movilización para exigir que este gobierno
haga algo por proteger la etnia Pech que está a punto de perder su
idioma por falta de la asistencia estatal.
Además
señaló que, vienen a exigir que se esclarezca la muerte de su líder
Blas López Catalán, que fue asesinado en el 2010 y porque tienen
problemas con la tierra ya que el Instituto Nacional Agrario (INA) no ha
querido hacer nada contra una familia Solbarriba que les tienen
invadidas unas cien manzanas de tierra que son del pueblo Pech.
Los
tolupanes se pronunciaron a través de Ramón Matute, quien denunció que
la policía los detuvo en la salida de sus comunidades y los amenazaron
de muerte al decirles “por eso los matan por andar protestando”.
Matute
relató que, la policía les atravesó la patrulla y los obligo a bajarse
del bus donde venían y los registraron profiriéndoles malos tratos y
tratándolos como si fueran criminales.
En
torno a la tenencia de la tierra dijo que, en la tribu san Francisco
quieren la anulación del título supletorio 366-98 porque ellos tienen un
título ancestral de 1864 que les fue otorgado por el misionero Manuel
de Jesús Subirana y el Estado ha despedazado ese documento.
http://criterio.hn/honduras-francas-violaciones-policiales-al-derecho-la-movilizacion-la-protesta/
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