miércoles, 16 de marzo de 2016

730 catedráticos condenar la impunidad en Honduras y urge al Departamento de Estado de EE.UU. que demande responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos. // 730 Scholars Decry Impunity in Honduras and Urge the U.S. State Department to Demand Human Rights Accountability


0 Comment  / Director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Larry Birns, fue uno de los 730 catedráticos en condenar el asesinato de la activista por los derechos humanos Berta Cáceres y urge al Departamento de Estado de EE.UU. que demande responsabilidad por sus derechos humanos, en la siguiente carta. 

Para la versión de la carta en ingles, haga clic aquí.

16 de marzo, 2016
John Kerry
Secretario de Estado,
Washington, D.C., EE.UU.
Estimado Secretario de Estado Kerry:
Nosotros, los expertos en Latinoamérica y abajo firmantes, le escribimos para protestar por el asesinato político de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016. Cáceres era la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y fue la ganadora del prestigioso Premio Goldman en 2015 por su trabajo en la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.
Cáceres era una líder muy querida y eficaz en la lucha por la justicia ambiental. Asimismo, era pionera por los derechos indígenas y la justicia racial en Honduras. Debido a su trabajo en contra de los intereses corporativos, desde hace años, recibió numerosas amenazas de muerte. Encima de todo, y a pesar de que se encontraba bajo medidas cautelares y preventivas de protección policial, ella no estaba protegida por la policía en el momento de su asesinato. Por lo tanto, el asesinato de Berta Cáceres representa un crimen de gran magnitud en un país emboscado. Para el movimiento indígena en Honduras, su trágica muerte es similar a la pérdida de Martin Luther King Jr. en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos.
Nos preocupa profundamente que el gobierno de Estados Unidos aprueba y apoya al actual gobierno de Honduras mediante el envío de ayuda financiera y técnica para fortalecer los militares y la policía hondureños, instituciones que han sido responsables de innumerables violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado de 2009. En todos los sentidos, el golpe de 2009 derrumbó el sistema judicial y el estado de derecho. El país tiene una de las tasas más altas de muertes, feminicidios y asesinatos de LGBTI en el mundo. A pesar de esta situación atroz, el gobierno de Estados Unidos continúa financiando un gobierno que inexcusablemente ha hecho caso omiso del derecho a la vida de sus ciudadanos. Berta Cáceres se ha convertido en la víctima 101 de los organizadores por la justicia ambiental en ser asesinados en Honduras desde 2010, lo que demuestra la evidente indiferencia y peligro que enfrenta organizadores de justicia ambiental.
Según los observadores de derechos humanos en el campo y la organización mexicana Otros Mundos, la vida del único testigo del asesinato de Berta, Gustavo Castro Soto, un ciudadano mexicano y también defensor de los derechos humanos, está en peligro. Los representantes de los derechos humanos en Honduras creen que él también fue blanco de asesinato. La policía hondureña le ha estado interrogando durante largos períodos de tiempo y le deniega descansos, comida y agua. El gobierno de Honduras rehúsa dejarle regresar a su país y dicen que le detendrán durante 30 días. Tememos por su vida y nos unimos a la comunidad internacional para pedir por la protección e inmediata liberación de Gustavo Castro Soto.
Exhortamos al gobierno de Estados Unidos que suspendan inmediatamente su apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que aplique sanciones contra el gobierno de Honduras hasta que permita la entrada de un equipo internacional de investigadores independientes para resolver el crimen contra Berta Cáceres.
Nos sumamos a la Coalición Internacional para los Derechos Humanos en las Américas demandando las siguientes acciones:
1. EXIGIMOS que el gobierno de Honduras:
• Llevar a cabo una investigación temprana, transparente y diligente del asesinato de Berta Cáceres.
• Asegurar la rápida identificación de los actores intelectuales y materiales del crimen.
• Permitir la participación de expertos internacionales de derechos humanos en apoyo a las investigaciones, sobre todo en el examen de las amenazas contra Berta Cáceres como una defensora de los derechos humanos.
• Proteger la vida del Defensor de Derechos Humanos de México, Gustavo Castro Soto, el único testigo del ataque a Berta Cáceres, y que permita su salida segura del país.
• Aplicar la Ley de Protección para los trabajadores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la justicia.
• Adoptar estrategias y planes de prevención eficaces para poner fin a la persecución de los trabajadores de derechos humanos, incluyendo la provisión de un presupuesto y apoyo administrativo en la creación de una agencia encargada de su protección.
2. SOLICITAMOS a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
• Supervisar la investigación del asesinato de Berta Cáceres, para asegurarse que se lleve a cabo de manera imparcial e independiente con la participación de expertos internacionales de derechos humanos.
• Llevar a cabo la investigación puntual en nombre del gobierno de Honduras y proporcionar recomendaciones de investigación con la esperanza de que se va a garantizar la vida e integridad de los investigadores y defensores de los derechos humanos en su territorio.
3. EXIGIMOS que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH):
• Asegure que la investigación del asesinato de Berta Cáceres incluya expertos internacionales y que se realice con diligencia independiente e imparcial.
4. EXIGIMOS que el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos:
• Pare la ayuda a Honduras a través de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, hasta que el gobierno de Honduras explique, razonablemente, sus pobres registros del cuidado de los derechos humanos, que demuestre la capacidad de procesar y sentenciar a los actores del crimen, y garantizar los derechos de todas las personas, especialmente indígenas y afrodescendientes y las personas LGBTI, asimismo mujeres y niños.
Gracias.
Firmas de Catedráticos se encuentran en las siguentes paginas.
CC: Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras Corte Interamericana de Derechos Humanos
Embajada de Estados Unidos en Honduras, Washington DC Ex Secretaria de Estado Hillary Clinton
Senador Bernie Sanders
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Republica Honduras
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Para contactos de prensa con respecto a la carta, contactar:
Prof. Suyapa Portillo, 323-637-7812, suyapa_portillo@pitzer.edu
Prof. Alicia Estrada, 818-677-2572, alicia.estrada@csun.edu
Prof. Breny Mendoza, 818-677-5640, breny.mendoza@csun.edu
Prof. Courtney Morris, 512-826-6551, courtneydm@utexas.edu
Prof. Leisy Abrego, abrego@ucla.edu
Prof. Gloria Chacon, gchacon@ucsd.edu

http://www.coha.org/730-catedraticos-condenar-la-impunidad-en-honduras-y-urge-al-departamento-de-estado-de-ee-uu-que-demande-responsabilidad-por-las-violaciones-de-los-derechos-humanos/ 

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730 Scholars Decry Impunity in Honduras and Urge the U.S. State Department to Demand Human Rights Accountability


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The Council on Hemispheric Affairs’ director, Larry Birns, was one of the 730 scholars to condemn the murder of human rights activist Berta Cáceres and to urge the U.S. State Department to demand human rights accountability in the letter below. For the Spanish version of the letter, click here.
March 16th, 2016
U.S. Secretary of State John Kerry
Washington, D.C.
Dear Secretary of State Kerry:
We, the undersigned Latin American experts, are writing to protest the political assassination of Berta Cáceres on March 3, 2016. Cáceres led the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations (COPINH), and she won the prestigious Goldman Prize Award in 2015 for her work in the protection of the rights and environment of Indigenous people. Cáceres was an effective and well-loved environmental justice leader, Indigenous rights organizer and racial justice pioneer in Honduras. Due to her work against corporate interests, she received numerous death threats for years. Though she was under precautionary protective measures she was not under police protection at the time of her murder. The murder of Berta Cáceres, therefore, represents an assassination of great magnitude in a beleaguered country. Her loss to the Indigenous movement in Honduras is akin to the loss of Martin Luther King, Jr. to the Civil Rights movement in the United States.
We are deeply concerned that the U.S. government condones and supports the current Honduran government by sending financial and technical support to strengthen the Honduran military and police, institutions that have been responsible for human rights violations since the coup d’état of 2009. By all accounts, the 2009 coup collapsed the judicial system and the rule of law. The country has one of the highest rates of homicides, feminicides, and LGBTI murders in the world. In spite of this egregious situation, the U.S. government continues to fund a government that has unapologetically disregarded the right to life of its citizens. Berta Cáceres has become the 101st environmental justice organizer to be killed in Honduras since 2010, demonstrating the blatant disregard and danger facing environmental justice organizers.
According Human Rights observers on the ground and the Mexican organization Otros Mundos, the life of the sole witness of Berta’s murder, Gustavo Castro Soto, a Mexican citizen and human rights worker, is in danger. Human rights workers in Honduras believe that he was also the target of assassination. The Honduran police are interrogating him for long periods of time refusing him breaks, food and water. The Honduran government is refusing to allow him to return to his country and will hold him for 30 days. We fear for his life and join the international community in calling for the protection and immediate release of Gustavo Castro Soto.
We urge the U.S. government to immediately suspend support to the government of Juan Orlando Hernandez. We ask the U.S. government to introduce sanctions against the Honduran government, until it allows the entry of an independent international team of investigators to solve the crime against Berta Cáceres.
We join the International Coalition for Human Rights in the Americas in calling for the following actions:
1. WE DEMAND that the government of Honduras:
• Conduct a timely, transparent and diligent investigation of the assassination of Berta Cáceres.
• Ensure the speedy identification of the intellectual and material actors of the crime.
• Allow the participation of international human rights experts in support of the investigations, particularly in examination of the threats against Berta Cáceres as a human rights defender.
• Protect the life of Mexican Human Rights worker, Gustavo Castro Soto, the only witness of the attack on Berta Cáceres, and permit his safe exit from the country.
• Implement the Law of Protection for Human Rights workers, Journalists, Social Communicators and Justice workers.
• Adopt strategies and effective prevention plans to end persecution of Human Rights workers, including providing a budget and administrative support to the creation of an agency responsible for their protection.
2. WE REQUEST the Inter-American Court of Human Rights:
• Supervise the investigation of Berta Cáceres’ murder and to make sure that it is conducted impartially and independently with the participation of international human rights experts.
• Pursue the punctual investigation on behalf of the Honduran government and provide investigation recommendations in hopes that they will guarantee the life and integrity of investigators and defenders of Human Rights in their territory.
3. WE DEMAND that the Mission of Support Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH):
• Ensure the investigation of the murder of Berta Cáceres includes international experts and is realized with diligence independently and impartially.
4. WE DEMAND that U.S. Congress and the U.S. State Department:
• Cease aid to Honduras via the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle until the Honduran government addresses its poor Human Rights records, demonstrates capacity to prosecute perpetrators, and guarantees the rights of all people, especially Indigenous, Afrodescendant and LGBTI people, women and children.
Thank you.
Respectfully Submitted,
Scholars and Signatories listed in the following pages,
CC: Juan Orlando Hernandez, Presidente de la Republica de Honduras
Inter-American Court of Human Rights
U.S. Embassy in Honduras, Washington DC
Former Secretary of State Hillary Clinton
Senator Bernie Sanders
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Republica Honduras
COPINH
For Press Contacts regarding the letter contact:
Prof. Suyapa Portillo, 323-637-7812, suyapa_portillo@pitzer.edu
Prof. Alicia Estrada, 818-677-2572, alicia.estrada@csun.edu
Prof. Breny Mendoza, 818-677-5640, breny.mendoza@csun.edu
Prof. Courtney Morris, 512-826-6551, courtneydm@utexas.edu
Prof. Leisy Abrego, abrego@ucla.edu
Prof. Gloria Chacon, gchacon@ucsd.edu

http://www.coha.org/730-scholars-decry-impunity-in-honduras-and-urge-the-u-s-state-department-to-demand-human-rights-accountability/

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