Escrito por Tomy Morales | Marzo 29 del 2016 Secciones: Niñez y Juventud
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La
Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-Participa presentó un
informe con el título “Violencia Contra el Movimiento Estudiantil, un
año de impunidad”, en el marco de las protestas contra la extensión de
la jornada educativa, durante los meses de marzo y abril del 2015.
El
evento se realizó en el emblemático instituto “Central Vicente Cáceres”
y alumnos de la Normal Mixta “Pedro Nufio”, Hedme Castro subdirectora
de la organización explicó que el motivo por el cual la socialización de
la investigación se hacía en este colegio fue en honor a Soad Nicol Ham
de trece años estudiante de dicho centro educativo, raptada y asesinada
después de una protesta.
El
informe procura ofrecer un panorama amplio sobre la situación que
enfrentó el movimiento estudiantil de secundaria en el Distrito Central,
pretende sensibilizar a funcionarios a cargo de instituciones
relacionadas con el acceso a la justicia; Fiscalía Especial de los
Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Poder
Judicial y Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y
Descentralización, acerca de su responsabilidad y deuda histórica que
tienen con las víctimas.
En
las protestas de esos meses participaron personas menores 18 años, las
medidas adoptadas por la Secretaria de Educación desencadenaron la
reacción de los jóvenes, la respuesta de las autoridades era enviar
miembros de la Policía Nacional y Policía Militar para reprimir a las y
los jóvenes.
Contraviniendo
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el
articulo 3 cita: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño”.
El
motivo por el cual los educandos protestaban era que el Secretario de
Educación Marlon Escoto anunció que se moverían los horarios de clases,
lo que implicaba que los niños de la jornada de la mañana debían salir
de sus casas en horas muy tempranas de la mañana y los de la tarde
saldrían de sus centros educativos al caer la noche; el argumento de los
jóvenes fue la inseguridad ciudadana que impera en el país y el peligro
que correrían con estos horarios.
Método
Jorge
Hernández, uno de los investigadores indicó que la investigación se
formuló y desarrollo desde el enfoque cualitativo, se utilizaron
técnicas de recolección de datos visitando varios colegios de la
capital, con el fin de conocer la situación específica que enfrentó la
comunidad educativa.
Previo
a la recolección, la identificación de personas, instituciones
gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil que tienen relación
con el fenómeno que se investigó.
Origen de la protesta
El
Reglamento General del Estatuto del Docente hondureño establece en su
artículo 81 que las horas clase debe tener una duración de 45 minutos,
lo mismo está establecido en el artículo 158 del Reglamento de la
Carrera Docente.
Pero
con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, la Secretaria de
Educación emitió un oficio donde se instaba a extender la duración de
las jornadas de clase, esta situación generó una tensión entre
estudiantes, padres de familia y autoridades educativas.
Peticiones estudiantiles
Los
más afectados fueron los estudiantes de las jornadas vespertinas y
nocturnas, quienes se manifestaron de manera inmediata por la
preocupación por la inseguridad que se vive en las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El
informe indicó que el Observatorio de la Violencia de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras UNAH, entre enero a mayo del 2015 hubo un
total de 15,787 personas asesinadas.
A
criterio de la investigación de la muestra (estudiantes, docentes,
autoridades, autoridades de centros educativos, la Secretaria tenía que
analizar la viabilidad de su cumplimiento mediante pruebas para poder
visualizarlos diferentes escenarios y contrastarlos con la realidad
nacional.
Respuesta autoridades
El
16 de marzo del mismo año mediante un comunicado que emitió la
Secretaria de Educación a que presentaran sus propuestas por escrito
para entender la extensión de las jornadas de clases. Una de las salidas
es que hubiera clases los sábados, la dificultad es que unos trabajaban
los fines de semana y otros se trasladaban a su lugar de origen.
Mientras
el ministro de educación Marlon Escoto obligó a los directores y
directoras a levantar listados de alumnos que abandonaron las aulas de
clases para protagonizar protestas y disturbios.
Violación a derechos humanos
Se
dieron grandes violaciones a los derechos humanos de las y los
estudiantes de secundaria entre ellos el derecho a la protesta, libertad
de expresión y el de petición.
Por
un lado la limitación de las autoridades de la Secretaria de Educación y
por otro el uso desmedido de la fuerza de los uniformados de la Policía
Nacional y la Policía Militar del Orden Público PMOP.
Docentes
en distintos colegios afirmaron que funcionarios de la Secretaria se
hicieron presentes en los distintos centros educativos para exigirles
que levantaran listados de los que participaron en manifestaciones, los
directores no solo dieron nombres sino que procedieron a la expulsión de
alumnos (Escuela Normal Mixta y José Pineda Gómez); a dos directores
los suspendieron temporalmente de sus puestos por no obedecer la orden
de exponer a sus estudiantes. ACI-PARTICIPA se hizo cargo de la
representación legal de los expulsados.
Represiones
Las
represiones por parte de los uniformados al servicio del gobierno de
Juan Orlando Hernández generaron violaciones a los derechos de las y los
estudiantes que participaron en las protesta.
A
la estudiante Maira Martínez pretendían expulsarla, pero le arrancaron
el compromiso de no volver a participar en protestas, solamente le
hicieron un llamado de atención, aun así perdió el años escolar.
Asimismo,
cuatro educandos de la Escuela Normal mixta fueron expulsados por ocho
días, los afectados aseguraron que el director Ángel Fugon ejecutó la
acción en semana de exámenes.
El
día siguiente a las expulsiones, un abogado de ACI-PARTICIPA interpuso
un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, la Corte de
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia, ordenando
la incorporación de los estudiantes.
La
Constitución de la Republica en su artículo 68 cita: “Toda persona
tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser
sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En
alusión a esta garantía constitucional el 16 de marzo la Policía
Militar y Policía Nacional ejecutaron un desalojo con uso excesivo de la
fuerza en el cual fueron hospitalizados siete estudiantes cuatro (15
años), uno (17), 1(16) y 1(21) todos ellos con golpes, esguinces y
problemas respiratorios por los gases lacrimógenos.
En
consecuencia el artículo 65 constitucional cita: “El derecho a la vida
es inviolable”, en el mismo desalojo dos jóvenes de 18 años de edad
ingresaron al hospital con heridas de bala.
El
24 de marzo en horas de la noche asesinaron a tres estudiantes del
Instituto Jesús Aguilar Paz (Elvin Antonio López, Darwin José Martínez y
Diana Yareli Montoya).
“Puta,
hey, puta, ni sillas tenemos. Compren sillas, viejo hijuelagranputa”
fueron las palabras que expresó en su indignación Soad Nicole Ham (13
años), fue raptada y asesinada, apareció dentro de un costal el mismo
día que mataron a los otros tres estudiantes. Su cuerpo presentaba
signos de tortura, sus pies y manos estaban atados, sectores indignados
de la población y organizaciones de derechos humanos vincularon el
horrendo asesinato con la represión desplegada por entes del Estado.
Igualmente
el 25 de marzo en la manifestación frente a la UNAH fue brutalmente
reprimida en donde detuvieron a 11 estudiantes del “Movimiento
Estudiantil Normalista Morazánista (FERNO) y de la Normal Mixta Pedro
Nufio, los transportaron a la Posta Policial de la Kennedy, después de
unas horas los entregaron a sus padres, madres o tutores.
El
coordinador del FERNO denunció que el mismo director Luis Fugon
solicitó a la Policía Nacional que ejecutara el desalojo, esto fue el 08
de abril, a raíz de eso se saltaron los muros y al menos a 5
estudiantes los uniformados les propinaron golpes con toletes.
Agentes
de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a bordo de patrullas se
enfrentaron a los estudiantes, lanzando una cantidad excesiva de bombas
lacrimógenas, resultaron intoxicados varios niños, maestros y personal
de mantenimiento de la Escuela Roberto Sosa (cercana a la cámara de gas)
hecho sucedido el 13 de abril.
Nuevamente
un abogado de ACI-PARTICIPA acompañó a los jóvenes detenidos a las
audiencias, esta vez el profesional del derecho fue sometido a
vigilancia, hostigamiento y amenazas a muerte por desconocidos con
características militares y fuertemente armados, le dieron un ultimátum
de 24 horas para salir del país, obligándolo a emigrar temporalmente.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/ni%C3%B1ez-y-juventud/2015-un-a%C3%B1o-de-impunidad-y-violencia-contra-estudiantes
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