Honduras: Hicieron humo 167 millones más del Seguro Social

Tiempo.hn/  Nación  7 de Septiembre 2015

TEGUCIGALPA- El Ministerio Público presentó ayer la séptima acusación criminal contra el ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y la sexta del ex gerente financiero, José Ramón Bertetty, por el latrocinio ocurrido en la Institución durante su administración.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó el requerimiento fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios, por no haber pagado ocho meses del impuesto sobre la renta (ISR) deducido a sus empleados.
La acusación de la UNAF se fundamenta porque desde los meses de abril de 2013 a enero de 2014 no fueron enteradas las deducciones del ISR de los empleados del Seguro Social, cantidad que sobrepasó los 167 millones de lempiras.Debido a esta situación, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) requirió a Zelaya y Bertetty para que se hicieran las transferencias, sin embargo, el ente recaudador no llegó a un acuerdo con los ex funcionarios del IHSS.
Ante el desacuerdo, la DEI multó al Seguro Social con 101 millones de lempiras, por lo que el instituto previsor tendrá que pagar un total de 269 millones, los que están siendo liquidados con el presupuesto de los fondos del IHSS, en cuotas mensuales de 6 millones de lempiras.
Según el Ministerio Público, la Comisión Interventora del Seguro Social no ha encontrado el destino que le dieron a los 167 millones de lempiras retenidos, ya que las arcas estaban en cero cuando se inició la intervención estatal.
De acuerdo al artículo 63 del Código Tributario existe la obligación por parte de las instituciones de entregar a la DEI los fondos retenidos a los empleados a más tardar en los primeros diez días del mes siguiente, informó el MP, quien justificó la acusación.
LAS ACUSACIONES
El ex director del IHSS se enfrentará a la séptima acusación que le presenta el Ministerio Público por medio de la UNAF, la mayoría de los delitos por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, entre otros.
En primera instancia, Zelaya fue acusado por el caso conocido como sobrevaloración de pasajes aéreos o Programa del Migrante en los Estados Unidos, por la transferencia de fondos de pensiones públicos y privados, por lavado de activos por la compra de bienes inmuebles.
Además, por el recibo de coimas de cuatro empresas fantasmas para acelerar pagos de contratos, por el contrato de compra de equipo biomédico supuestamente sobrevalorado, y, por la tenencia ilegal de armas de fuego.
Mientras que Bertetty es acusado en los casos de compra de ambulancias sobrevaloradas, transferencias de fondos de pensiones, pasajes aéreos, lavado de activos por empresas y contrato de equipo biomédico.


José Ramón Bertetty tiene una acusación menos que su antiguo jefe. Son 6 procesos en los que está acusado.


La señora Ilsa Damaris Aguirre Flores, mamá de la expalillona Ilsa Molina, está acusada por testaferrato.
DATO
54 personas han sido acusadas en los casos ligados al desfalco del Seguro Social.
Autoridades policiales aseguraron estar buscando a la señora Ilsa Damaris Aguirre Flores, madre de la ex palillona y modelo de televisión Ilsa Molina, luego que un juzgado de jurisdicción librara una orden de captura en su contra por el delito de testaferrato.
Aunque el Ministerio Público (MP) no dio a conocer en esa oportunidad el nombre de la persona requerida judicialmente, ya que informó que la UNAF acusó a una persona por testaferrato debido a que prestó su nombre para el traspaso de un bien inmueble.
El MP tampoco reveló la identidad de a quien Aguirre Flores le sirvió en esta acción ilegal.
Sin embargo, tras una orden de captura librada por el Juzgado de Letras penal de jurisdicción nacional fechada el 17 de agosto contra la señora Ilsa Damaris Aguirre Flores, se comprueba que es la persona acusada por el MP.
En el requerimiento presentado en esa oportunidad por la UNAF se señaló que la residencia traspasada a este presunto testaferro tiene un costo de dos millones de cuantía, por lo cual, según la ley contra el delito de lavado de activos, el encausado puede enfrentarse a una pena de 15 a 20 años de reclusión.
Actualmente Ilsa Molina está recluida en un centro para inmigrantes porque fue detenida en Texas cuando pretendía ingresar ilegalmente a los Estados Unidos el 5 de enero de este año.
El vocero del MP, Yuri Mora, dijo que el Ministerio Público, hasta que la orden de captura no esté ejecutada, no puede brindar nombres de la persona que requirió

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