Tegucigalpa.Los principales cuestionamientos relacionados al proceso de selección de los aspirantes a magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) van desde la conformación de los miembros de la Junta Nominadora, pasando por los criterios de selección y las nóminas de candidatos que resultaron de asambleas de varios sectores, muchas de las cuales no emplearon métodos estrictamente democráticos.
Bajo estos argumentos se desarrolló el Panel de discusión titulado: La importancia de la independencia judicial y de un perfil idóneo en la elección de magistrados y magistradas de Cortes Supremas.
La discusión en este panel fue parte del Foro Internacional “La garantía de independencia judicial y los procesos de elección de magistrados y magistradas de Cortes Supremas” realizado en esta capital el 22 y 23 de septiembre.
El Panel moderado por la jurista Mónica Mazariegos de laorganización Impunity Watch contó con la participación de la directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz y el ex Fiscal General y abogado constitucionalista Edmundo Orellana Mercado.
Marcia Aguiluz dijo que la independencia judicial es sustancial para el estado de derecho. El poder judicial existe para actuar como un sistema de pesos y contrapesos en relación con los otros poderes del estado, sostuvo.
“Entonces es central, tener un poder judicial que pueda reaccionar de manera independiente e imparcial ante los abusos que generan los otros poderes del Estado”, expuso Aguiluz.
La experta señaló que esto es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para garantizar los derechos humanos de la sociedad, por ello es que la ciudadanía debería involucrarse y exigir rendición de cuentas.
Respecto al proceso de nombramiento de los magistrados y magistradas, Aguiluz dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que debe contarse con una serie de criterios y garantizar varios procedimientos.
La idoneidad viene a ser una de las características que permitan definir qué tipo de funcionarios queremos para impartir justicia, dijo Aguiluz.
Marcia AguiluzPor su parte el ex Fiscal General y abogado constitucionalista, Edmundo Orellana Mercado dijo que hay que reconocer que el poder judicial es un órgano político, es político porque es un poder del Estado y eso no lo podemos eludir y responde a la función política del Estado; a lo que no responde es a la política partidista, pero sí a la función política, la más alta que tiene el Estado.
“Necesitamos en consecuencia gente ahí que responda a esa alta función política del Estado, y el Estado ¿para qué sirve?, para cumplir políticas de bienestar; nuestra Constitución dice que el estado hondureño se constituye para dar bienestar a la población, lo que produce el poder judicial es seguridad jurídica”, expresó Orellana.
La seguridad jurídica depende mucho de la confianza, si yo como ciudadano estoy convencido de que el poder judicial de Honduras responde a mis expectativas de seguridad jurídica, yo tengo el mejor concepto de ese poder judicial, dijo.
Orellana Mercado añadió que el perfil de los futuros magistrados y magistradas debe ser no solo que sean abogados, sino que sean individuos que se sientan ubicados en el contexto nacional, que tengan una idea clara de lo que está pasando en el país y no encerrados leyendo códigos, sino que además tengan una cultura general del país; que sepan de sus grandes deficiencias, de sus grandes limitaciones, de sus carencias, que sean conscientes de la pobreza extrema, del desempleo, de la indignación nacional como es el caso actual, recomendó el jurista.
El ex Fiscal General denunció que el problema que se tiene en Honduras es que los 20 candidatos que se escogen generalmente son seleccionados por elección, pero en el caso del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) la asamblea no fue democrática “ahí el gobierno pagó buses para que fueran sus empleados a votar, entonces prácticamente quienes votaron fueron los empleados públicos”.
Orellana Mercado señaló que los otros propuestos y propuestas en asambleas tanto por la empresa privada, los obreros o el Claustro de Profesores de las facultades de Derecho, fueron escogidos por elección, “eso significa que no se evaluaron previamente los méritos personales y profesionales, salieron electos así del montón y creo que los únicos que fueron seleccionados, pero habría que ver con qué criterios, fueron los propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) que en el pasado los proponía caprichosamente”.
En relación a la exigencia de que las candidatas y candidatos deben ser notarios, Marcia Aguiluz citó que la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) basada en el el artículo 23 de la Convenció Americana de Derechos Humanos habla sobre el derecho a tener acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.
Edmundo Orellana Mercado“El estado tiene que garantizar un libre acceso con la mayor amplia participación posible, en condiciones de igualdad de acuerdo para el cargo que se trate. Y mi pregunta es ¿qué ventaja puede tener que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sea Notario Público?, yo sigo sin entender, el Notario Público cartula, el Notario Público tiene fe pública, pero de ¿qué manera esa condición ayuda a una persona a que ejerza mejor su labor en el máximo órgano administrador de justicia?, preguntó a la audiencia Aguiluz.
“Yo creo que es discriminatorio que no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo y creo que oportunamente deberían los hondureños y hondureñas cuestionar eso, porque no entiendo la lógica”, sostuvo la directora de CEJIL.
En cuanto a la visión de la comunidad internacional sobre el tema de independencia, Marcia Aguiluz señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se habla de independencia judicial, afirma que los estados tienen varias obligaciones.
“Los estados no pueden interferir e involucrarse en procesos que impliquen una interferencia indebida al proceso de la independencia judicial, porque cuando el Ejecutivo dirige los procesos, ahí hay un problema; y por otro lado; los estados están obligados a generar procedimientos adecuados de nombramiento y legislación que respalden esos procesos”, explicó Aguiluz.
Aguiluz añadió que el tema central en esto es la voluntad, pero acompañado de esa voluntad debe haber un marco normativo adecuado que nos permita tener algunos criterios. Por ejemplo en el tema de género, es inconcebible que en la Junta Nominadora no haya ni una mujer propietaria y la propia Ley de Igualdad de Oportunidades en el artículo 84 dice que el Estado se compromete a garantizar la participación política de las mujeres en las distintas áreas de la función pública.
La directora de CEJIL para Mesoamérica, dijo que en Honduras hay serias deficiencias en cuanto a la normativa, la Ley de la Junta Nominadora es bastante escueta en algunos elementos, no establece el procedimiento con base a criterios objetivos, hay una serie de falencias pero lo que más se evidencia en el país es esa falta de voluntad para señalar esas deficiencias.
“La única forma para que la Junta Nominadora cumpla con la ley y asegure la objetividad es que ellos partan de una matríz, en donde se van a establecer los factores de ponderación y los porcentajes máximos que se le van a atribuir a cada ítem que se desagregue a esos factores de ponderación”, propuso en su intervención, el ex Fiscal General Edmundo Orellana.
“Si eso es así, todos los candidatos pueden ser sometidos a esa evaluación y que finalmente pasen, los que sumados sus respectivos porcentajes, alcancen el porcentaje que la Junta Nominadora haya fijado, con eso ya se tiene objetividad, porque se habrá eliminado previamente aquella gente que no cumple con requisitos objetivos”, detalló Orellana.
Entretanto Marcia Aguiluz sostuvo que aparte de conocer los títulos académicos y trayectoria de los postulantes a magistrados, las entrevistas son una parte fundamental que sirve de primer barrido en el proceso de selección, para escoger a los que acudirán a la entrevista pública, en donde las preguntas deben ser técnicas para medir la capacidad de juzgar.
En este aspecto Aguiluz expresó que le preocupan las preguntas que se hagan a los candidatos, porque por ejemplo si se le preguntara a un candidato o candidata si está de acuerdo con los derechos de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI), seguramente el 50 por ciento en una sociedad como la hondureña que puede ser bastante conservadora dirá que no está de acuerdo, pero recordemos que cuando se trata de administración de justicia, se trata de garantizar derechos humanos.
“Me preocupan algunas preguntas que podrían entrar en el ámbito de lo personal, como me preocupa el pronunciamiento que hizo acá en Honduras, la Confraternidad Evangélica que forma parte de la Junta Nominadora diciendo de entrada, que ellos ganaron porque ellos representan los valores cristianos y morales y que van en contra de la agenda LGTBI, y eso para mí es discriminatorio”, dijo Aguiluz.
“Para mí la principal función de la administración de justica del poder judicial es la garantía de derechos humanos y control del abuso de poder, entonces la seguridad jurídica es fundamental en todo estado de derecho”, enfatizó la directora de CEJIL para Mesoamérica.
“No existe la carrera judicial”
Finalmente y consultado en torno a la carrera judicial, el ex fiscal y abogado constitucionalista Edmundo Orellana dijo que en Honduras “hay un problema y es que no existe la carrera judicial, existió en una ley pero la derogaron para fundar lo que se llama el Consejo de la Judicatura, que en la nueva ley le da facultades tan discrecionales que prácticamente dejó la carrera judicial”.
“Y es tan grave la situación que la Constitución de la República originalmente mencionaba la carrera judicial, pero luego fue reformada y se eliminó la carrera judicial, es más ni siquiera dice que existirá una carrera judicial; pero sí hay un artículo que señala prohibiciones, deberes e incompatibilidades para jueces y magistrados, pero no dice cuáles son sus derechos”, reveló Orellana.
Bajo estas condiciones el problema del perfil de los magistrados y magistradas, los jueces están frente a una carrera judicial inexistente, porque todo lo que estamos viendo en el Consejo de la Judicatura es un irrespeto absoluto y total a la independencia judicial, a la estabilidad de jueces y magistrados, y eso lo único que revela es que hoy el funcionario es más vulnerable, que está más atacado, y el que está más amenazado de todos los funcionarios, es el juez o el magistrado de Apelaciones, explicó el ex Fiscal General.
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