08 de Diciembre de 2014 Tegucigalpa, Honduras.
El fin de semana nuevamente se tiñó de
sangre. Una nueva masacre les costó la vida a cinco personas en El
Progreso, Yoro. Mientras tanto, el gobierno sigue sin aceptar su fracaso
en seguridad.
La semana pasada visitó el país una delegación de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego de recorrer
varias regiones catalogó como "irrisorio" e insignificantes los
esfuerzos de seguridad del gobierno de Juan Hernández.
Ante la
presión de la delegación internacional, Hernández no tuvo más remedio
que trastabillar; contradecirse públicamente y asegurar que la Policía
Militar (PM), era sólo de carácter temporal. Esto con la clara intención
de ocultar que hace solo unas semanas su intento de elevarla a rango
constitucional había fracasado en la ciudad de Choluteca.
La
estrategia oficial se cae a pedazos ante el rechazo popular e
internacional, en tres años los nacionalistas militarizaron la seguridad
en Honduras y fracasaron, llevando al país a los peores índices de
violencia en su historia.
Por su parte, el Colectivo
Parlamentario del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el Congreso
Nacional (CN), ha venido preparando un paquete legislativo que logrará
un cambio estructural en la Seguridad Pública, retomando el plan
estratégico que Xiomara Castro prometió al pueblo hondureño y que la
prensa tradicional trató de tergiversar para respaldar la violencia que
ahora ahoga a los hondureños y hondureñas.
Otros elementos
importantes en el paquete legislativo son los aportes científicos de la
disuelta Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública que fue
desintegrada por Porfirio Lobo y Hernández porque entorpecía se anhelada
militarización.
Las diputadas al Congreso Nacional Beatriz Valle
(Francisco Morazán), Claudia Garmendia (El Paraíso), Alejandra Mancia
(Santa Bárbara), Elvia Valle (Copán) y los diputados Jorge Cálix y Jari
Dixon (ambos de Francisco Morazán) han trabajado en varias propuestas
para modificar el sistema de Justicia en el país cambiando la selección
de los funcionarios, las normativas internas de los aparatos,
atribuciones y responsabilidades.
Los proyectos serán conocidos a
detalle en los próximos días y en el caso de Cálix se plantea un nuevo
sistema de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el Fiscal General y Adjunto, los Magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas, el Procurador y Subprocurador y demás órganos que el CN elige
en segundo grado.
En tanto, Garmendia plantea una reforma a la
Ley del Ministerio Público y Dixon un cambio en su normativa interna
para impedir la injerencia política en la investigación y superar el
penoso índice actual de apenas un 4 por ciento de casos investigados en
cinco años.
Honduras no puede hablar de seguridad con un índice
de impunidad del 96 por ciento, las nuevas propuestas promueven a los
buenos fiscales y no a los mejor apadrinados.
Beatriz Valle,
Elvia Valle y Alejandra Mancia plantean cambios en la Policía con la
creación de una nueva ley que la convierta en Policía Comunitaria, un
nuevo régimen que combata la indisciplina y promueva a los buenos
agentes y un código de ética que regule la fuerza policial y la
convierta en la institución que Honduras tanto necesita.
LIBRE promueve el combate real a la inseguridad. Los hondureños y hondureñas no necesitan más propaganda sino más resultados.
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