Escrito por Redacción en Domingo,6/04/2014 - 10:48
Por: Sandra Cuffe/ Alianet
San Francisco de Locomapa, Yoro (Conexihon).- Pese a las
medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, defensores Tolupanes de la tribu San Francisco de Locomapa han
sido otra vez blancos de amenazas. El
jueves, 27 de marzo del 2014, Selvin Matute se acercó a uno de los
defensores y le avisó que si continuara escuchándolos haciendo denuncias
en Radio Progreso, les sacarían de sus casas y les cortarían la lengua.
Indicó que el aviso iba dirigido sobretodo para Consuelo Soto, Celso
Alberto Cabrera, Olvin Enamorado y Sergio Ávila.
Sergio Avila, dirigente Tolupán amenazado.
“Las amenazas continúan,” dijo Soto. “Nos han avisado de
que si no cerramos la boca, ellos nos van a cerrar la boca".
Selvin
Matute fue identificado por testigos como uno de los dos autores
materiales de los asesinatos de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez
Medina y Ricardo Soto Fúnez el 25 de agosto del 2013 en la comunidad San
Francisco Campo, ubicada en el municipio de Yoro. Los hechos
sangrientos acabaron con un plantón de 13 días que se realizó en el
lugar para protestar la extracción de antimonio en el territorio de la
tribu.
“Me da tanto pesar la compañera María
Enriqueta Matute, que ella murió en su cocina,” dijo Soto. Soto había
salido de la acción unos cinco minutos antes de que llegaron buscando a
los líderes comunitarios para asesinarlos. Al no encontrarlos, mataron a
Matute, una abuela de 71 años, y a Fúnez Medina y Soto Fúnez, por estar
apoyando la protesta contra la minería. “Yo exijo justicia,” enfatizó.
El mismo 25 de agosto, debido al
peligro que corrían por su liderazgo en la lucha, Soto, Cabrera,
Enamorado, Firmo Matute, Ramón Matute, Wilibran Chirinos, Ojer Ávila y
José María Pineda salieron de Locomapa. El
19 de diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos otorgó medidas cautelares para 18 habitantes de Locomapa y sus
familiares, sumando 38 personas en total.
Después de seis meses en el exilio,
siete de las ocho personas que habían salido de la región regresaron a
sus comunidades el 22 de febrero del 2014. El gobierno hondureño ha
integrado una comisión compuesta por varias instituciones estatales para
cumplir con las medidas cautelares, pero los amenazados aseveran no
haber visto resultados. Los
defensores denuncian que la orden de captura para los hechores no se ha
ejecutado, y que su continuada presencia en la región provoca temor.
Reconocen que los cuatro policías asignados a la región apenas hace poco
recibieron una moto, pero aducen que la falta de recursos demuestra una
falta de voluntad del Estado.
“Yo fui uno de los amenazados. Yo no
salí. Yo aquí me quedé. Pero sí, tengo mis medidas cautelares,” dijo
Sergio Ávila, presidente del Consejo Preventivo de la tribu. Señaló que
la policía aún no ha llegado a su comunidad, Cabeza de Vaca número dos.
Los cultivos de Ávila están a unos cuatro kilómetros de la comunidad.
“Tenemos miedo, hasta salir a los trabajos,” apuntó.
No obstante las amenazas, sigue la
lucha por defender el territorio indígena Tolupan de la minería, la tala
del bosque y represas hidroeléctricas. “Esto es por defender nuestros
recursos naturales,” dijo Consuelo Soto. Ella y los demás amenazados son
también miembros de base del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia. Los defensores Tolupanes
de la tribu San Francisco de Locomapa exigen a las autoridades que
cumplan con las medidas cautelares otorgados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pero también exigen que se ejecute
con urgencia la captura de los asesinos para que respondan por la muerte
de los indígenas.
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