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| Bertha Cáceres |
Viernes, 20 Septiembre 2013 -16:02
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia la manipulación del Poder Judicial contra la Coordinadora General del COPINH, Bertha Cáceres, expresada hoy en una resolución condenatoria inducida por la empresa DESA y pronunciada en medio de centenares de policías y militares que secuestraron la instalación del tribunal en La Esperanza, Intibucá.
El COFADEH fue testigo presencial de este linchamiento judicial que,
además del auto de prisión contra Bertha – quien goza de medidas
cautelares del Estado de Honduras solicitadas desde 2012 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos --, también ordenó el desalojo
militar de la población de Río Blanco que defiende su río Gualcarque
desde el 1 de abril pasado.Damos fe que en el contexto de impunidad generalizado para los
delincuentes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco, la
sentencia contra la coordinadora del COPINH es un acto pendenciero de
los grupos privados coludidos con el Estado, que pretenden disuadir a
toda la resistencia comunitaria alzada en defensa de sus bienes comunes
en distintos puntos de Honduras.
Este es el seguno fallo judicial contra la coordinadora del COPINH en menos de dos meses, a menos de 60 días de las elecciones generales que ocurren en el más absoluto clima de inseguridad y violencia.
Sin embargo, damos fe de la inmensa solidaridad presencial en La Esperanza, Intibucá, para apoyar la categoría de presa política que ha adoptado Bertha Cáceres en su primera declaración tras la comunicación del fallo.
Por este medio repudiamos la criminalización de la lucha del pueblo indígena lenca de Río Blanco, expuesto desde hoy a la brutalidad militar que tiene licencia judicial para masacrar, y hacemos un llamado a la solidaridad internacional no solamente para expresar sus manifestaciones de respaldo a Bertha y condenar al Estado, sino para analizar acciones inmediatas en el marco del proceso electoral que es sometido a presión por gobiernos extranjeros interesados en el control hegemónico del territorio nacional.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
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Tomado de proceso.hn
Un juzgado dicta prisión preventiva contra una dirigente indígena en Honduras
Este es el seguno fallo judicial contra la coordinadora del COPINH en menos de dos meses, a menos de 60 días de las elecciones generales que ocurren en el más absoluto clima de inseguridad y violencia.
Sin embargo, damos fe de la inmensa solidaridad presencial en La Esperanza, Intibucá, para apoyar la categoría de presa política que ha adoptado Bertha Cáceres en su primera declaración tras la comunicación del fallo.
Por este medio repudiamos la criminalización de la lucha del pueblo indígena lenca de Río Blanco, expuesto desde hoy a la brutalidad militar que tiene licencia judicial para masacrar, y hacemos un llamado a la solidaridad internacional no solamente para expresar sus manifestaciones de respaldo a Bertha y condenar al Estado, sino para analizar acciones inmediatas en el marco del proceso electoral que es sometido a presión por gobiernos extranjeros interesados en el control hegemónico del territorio nacional.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
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ALERTA: Jueza hondureña ordena prisión para dirigenta indígena por protesta contra empresas
La lideresa Lenca, Berta Cáceres, ha dicho este
día a través de Radio Globo al conocer la sanción que amenaza su
libertad: "Me mantengo con la frente en alto y con toda dignidad: les
digo que se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo Lenca
frenara su lucha histórica en defensa de los bienes comunes".
Edición Central / EL LIBERTADOR
Intibucá, Honduras. Este día, 20 de Septiembre de 2013, la Jueza Alicia Lizeth Naigh Reyes del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó prisión preventiva para la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
Ocurrió lo que había previsto el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), que la lideresa Lenca corría peligro de perder su libertad por la protesta social que, junto a su pueblo y campesinos, ha venido ejerciendo en la zona occidental del país, en defensa de sus territorios ancestrales.
Según Víctor Fernández apoderado legal del Copinh, la Jueza Naigh Reyes no se hizo presente a la audiencia, "Ella solamente notifico la sentencia mediante un escrito a los apoderados legales de los líderes campesinos: Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño".
Ante este acontecimiento, la organización por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), envía una ALERTA nacional e internacional, y señala que la decisión de la Jueza establece que los dirigentes Lencas son responsables de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO, quien desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instaurado en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Fernández aseveró que Aureliano Molina y Tomás Membreño, estarán sometidos a su vigilancia y tendrán que presentarse a los Juzgados cada 15 días a firmar un libro, pero Bertha Cáceres tendrá que ir a prisión preventiva al Centro Penal de la ciudad de La Esperanza, ciudad ubicada a 188 kilómetros al occidente de la capital hondureña.
El dictamen también ordena el desalojo inmediato de la toma de carretera, acción de protesta pacífica que por más de seis meses han desarrollado los campesinos Lencas junto a la comunidad de Río Blanco y el Copinh.
Por su parte Bertha Cáceres en comunicación telefónica a Radio Globo, dijo: "Me mantengo con la frente en alto y con toda dignidad: les digo que se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo Lenca frenara su lucha histórica en defensa a los bienes comunes".
Cáceres señaló "Mi delito es portar mantas con el nombre del COPINH, gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco, por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello también me declaro una perseguida política".
Cáceres afirmó que el movimiento campesino se está enfrentando un nuevo reto: "la lucha jurídica", ya que también su apoderado legal Víctor Fernández, está acusado por el mismo delito en el departamento de Atlántida, "accionar que sin duda obedece a una estrategia para debilitar mi defensa jurídica y desprestigiar el trabajo del abogado Fernández dentro de la organización Movimiento Amplio".
En reacción Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH), dijo que la resolución no le sorprende pues obedece a la doble moral del Estado de Honduras quien internacionalmente proclaman el respeto a los derechos humanos pero a través de sus operadores de justicia criminaliza la lucha de los defensores del país.
Oliva aseguró que informara de manera inmediatamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sobre la resolución de enviar a prisión a Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por ellos.
Intibucá, Honduras. Este día, 20 de Septiembre de 2013, la Jueza Alicia Lizeth Naigh Reyes del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó prisión preventiva para la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
Ocurrió lo que había previsto el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), que la lideresa Lenca corría peligro de perder su libertad por la protesta social que, junto a su pueblo y campesinos, ha venido ejerciendo en la zona occidental del país, en defensa de sus territorios ancestrales.
Según Víctor Fernández apoderado legal del Copinh, la Jueza Naigh Reyes no se hizo presente a la audiencia, "Ella solamente notifico la sentencia mediante un escrito a los apoderados legales de los líderes campesinos: Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño".
Ante este acontecimiento, la organización por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), envía una ALERTA nacional e internacional, y señala que la decisión de la Jueza establece que los dirigentes Lencas son responsables de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO, quien desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instaurado en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Fernández aseveró que Aureliano Molina y Tomás Membreño, estarán sometidos a su vigilancia y tendrán que presentarse a los Juzgados cada 15 días a firmar un libro, pero Bertha Cáceres tendrá que ir a prisión preventiva al Centro Penal de la ciudad de La Esperanza, ciudad ubicada a 188 kilómetros al occidente de la capital hondureña.
El dictamen también ordena el desalojo inmediato de la toma de carretera, acción de protesta pacífica que por más de seis meses han desarrollado los campesinos Lencas junto a la comunidad de Río Blanco y el Copinh.
Por su parte Bertha Cáceres en comunicación telefónica a Radio Globo, dijo: "Me mantengo con la frente en alto y con toda dignidad: les digo que se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo Lenca frenara su lucha histórica en defensa a los bienes comunes".
Cáceres señaló "Mi delito es portar mantas con el nombre del COPINH, gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco, por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello también me declaro una perseguida política".
Cáceres afirmó que el movimiento campesino se está enfrentando un nuevo reto: "la lucha jurídica", ya que también su apoderado legal Víctor Fernández, está acusado por el mismo delito en el departamento de Atlántida, "accionar que sin duda obedece a una estrategia para debilitar mi defensa jurídica y desprestigiar el trabajo del abogado Fernández dentro de la organización Movimiento Amplio".
En reacción Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH), dijo que la resolución no le sorprende pues obedece a la doble moral del Estado de Honduras quien internacionalmente proclaman el respeto a los derechos humanos pero a través de sus operadores de justicia criminaliza la lucha de los defensores del país.
Oliva aseguró que informara de manera inmediatamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sobre la resolución de enviar a prisión a Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por ellos.
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Tomado de proceso.hn
Un juzgado dicta prisión preventiva contra una dirigente indígena en Honduras
Autor del articulo: EFE / 20.09.2013
Tegucigalpa - Un juzgado hondureño dictó
hoy prisión formal a la coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones
Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), Bertha Cáceres, detenida por
provocar daños a una empresa que construye un proyecto hidroeléctrico
en el occidente del país centroamericano.
La
jueza Alicia Reyes, del juzgado primero de Letras en el departamento de
Intibucá, en el occidente de Honduras, "dictó prisión preventiva"
contra Cáceres, de la etnia lenca, dijo a periodistas el abogado
defensor, Víctor Fernández.
En su fallo, el tribunal señaló que la dirigente indígena es "responsable de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO", de capital hondureño y chino, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" en la comunidad de Río Blanco.
Cáceres, que fue enviada al centro penal de La Esperanza, Intibucá, dijo a Radio Globo en comunicación telefónica que se mantiene "con la frente en alto y con toda dignidad les digo: se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo lenca frenará su lucha histórica en defensa de los bienes comunes".
Agregó que su único delito es "gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco". "Por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello que también me declaro una perseguida política", añadió.
El dictamen también "ordena el desalojo inmediato" de un grupo de indígenas que desde hace más de seis meses mantienen bloqueada una carretera en el occidente del país centroamericano.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), indicó hoy en un comunicado que "rechaza y condena" la sentencia contra Cáceres.
"Es una sentencia aberrante que condena a los defensores y defensoras de derechos humanos, por el simple hecho de defender los bienes comunes del pueblo indígena lenca", subraya el documento del CPTRT.
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El Abogado Victor Fernández en sus declaraciones anota: Las medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez del COPINH son: firmar cada quince días, no acercarse a la zona donde han acontecido los hechos y quedar bajo custodia y reporte del Abogado defensor y la ilegítima decisión de prisión para la compañera Berta Cáceres, por lo que el día de hoy se ha librado orden de captura.
En su fallo, el tribunal señaló que la dirigente indígena es "responsable de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO", de capital hondureño y chino, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" en la comunidad de Río Blanco.
Cáceres, que fue enviada al centro penal de La Esperanza, Intibucá, dijo a Radio Globo en comunicación telefónica que se mantiene "con la frente en alto y con toda dignidad les digo: se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo lenca frenará su lucha histórica en defensa de los bienes comunes".
Agregó que su único delito es "gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco". "Por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello que también me declaro una perseguida política", añadió.
El dictamen también "ordena el desalojo inmediato" de un grupo de indígenas que desde hace más de seis meses mantienen bloqueada una carretera en el occidente del país centroamericano.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), indicó hoy en un comunicado que "rechaza y condena" la sentencia contra Cáceres.
"Es una sentencia aberrante que condena a los defensores y defensoras de derechos humanos, por el simple hecho de defender los bienes comunes del pueblo indígena lenca", subraya el documento del CPTRT.
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Mas información desde Palacio Judicial en La Esperanza
El Abogado Victor Fernández en sus declaraciones anota: Las medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez del COPINH son: firmar cada quince días, no acercarse a la zona donde han acontecido los hechos y quedar bajo custodia y reporte del Abogado defensor y la ilegítima decisión de prisión para la compañera Berta Cáceres, por lo que el día de hoy se ha librado orden de captura.
De manera irresponsable y temeraria
también se ha dictado orden de desalojo en la toma de carretera que por más de
seis meses se ha mantenido en una acción pacífica y legítima de resistencia de
los compañeros y compañeras lencas y el COPINH.
El Abogado Fernández señalaba que
las imputaciones no tienen que ver con su labor y que es una violación evidente
al convenio 169 y otros convenios internacionales, aclaro que el comportamiento
del Ministerio Público es contradictoria de su mandato.
Anuncia que se presentará el Recurso
de apelación y supone que lo resolverá el Juzgado de Comayagua que corresponde
para esta zona.
El compañero y Abogado Fernández
declara que este acto constituye una instrumentalización de la justicia a favor
de los intereses de una empresa. “Es incierto todo, si somos realistas hay
certeza que los intereses están al servicio de los intereses transnacionales.
Incluso Pepe convocó a usurpadores de liderazgos, hay una intensión de
profundizar criminalización. Es preocupante, irrespetuoso de los derechos de
los pueblos y finaliza reiterando que este frente a este atropello como
profesionales y ciudadanos es seguir hasta que prevalezca la justicia para los
pueblos indígenas en sus legítimas luchas.
Red de Defensoras de Derechos Humanos
20 de Septiembre
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