FORO “POR LA DEFENSA DEL AGUA Y LOS BIENES NATURALES”
En el marco de las luchas que realizan las comunidades
lencas del Municipio de San Pedro de Zacapa, en el departamento de Santa
Bárbara, contra la depredación del agua y de los bienes naturales de la región
que realizan las empresas chinas DESA y SYNOHIDRO, en contubernio con el
gobierno de turno, las fuerzas vivas de dicho municipio, han convocado al Foro “POR
LA DEFENSA DEL AGUA Y LOS BIENES NATURALES” para informar acerca de la situación
que atraviesan y para dar a conocer su propuesta.
·
Fecha: Lunes
10 de junio de 2013
·
Hora: 9
a.m.
·
Lugar: Instituto
Técnico Brígido Bardales, Municipio de Zacapa, Santa Bárbara
· Expositores: Juan
Mejía, Víctor Fernández y Juan Almendares.
· Convocan: Frente
Amplio de Zacapa, COPINH y Convergencia
Refundacional
Invitamos a las bases del FNRP y demás organizaciones
populares, sindicatos, organizaciones campesinas, de pobladores, organizaciones
feministas, de derechos humanos, periodistas independientes, partidos o movimientos
políticos de izquierda o progresistas, organizaciones de jóvenes, etc. a asistir enviando representantes a esta
actividad.
CONVERGENCIA REFUNDACIONAL – CENTRO
SUR
Internet: Radio Progreso |
Persecución judicial contra defensores del territorio en Honduras
Por Tim Russo /http://kaosenlared.net/america-latina
El gobierno hondureño recurre a militarización, desalojos violentos y
“siembra” de delitos contra los luchadores sociales lenca para detener
su resistencia directa al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Honduras. “Los
actos represivos del gobierno no frenan la lucha en defensa del
territorio”, afirma Bertha Cáceres, coordinadora general de la
organización lenca COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras), apenas tres
días después de ser liberada, el 28 de mayo. Su detención se dio en un
contexto de constante amenaza, represión y saqueo por parte de las
empresas Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sinohydro y Ficohsa, así
como del Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) para forzar la instalación del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca contra la voluntad de los pobladores de Río Blanco, Santa
Bárbara, en el occidente de Honduras.
El 24 de mayo, Cáceres y Tomas Gómez
Membreño -miembro de la coordinación general de COPINH y director de su
radio comunitaria, Radio Guarajambala (La voz del río)-, fueron
detenidos mientras se trasladaban en el vehículo de COPINH por las
carreteras remotas de la región, rumbo a un plantón del pueblo lenca en
Rio Blanco. Cáceres describió al operativo militar que consistió de más
de 20 elementos de la infantería hondureña, como una emboscada que
resultó en su detención ilegal. El comportamiento “agresivo y nervioso”
de los oficiales del ejército hondureño en la “exhaustiva revisión del
vehículo” le indicó a Cáceres que algo andaba mal en el momento que
detuvieron el vehículo en un retén militar en el departamento de Santa
Bárbara.
Cáceres y Gómez viajaban rumbo San
Antonio Chuchuitepeque, donde el 23 de mayo elementos de las fuerzas
especiales del ejército hondureño, conocidos como Los Cobras, en
operativo conjunto con la Policía Nacional, hicieron un desalojo
violento contra la población lenca de ese pueblo, que -según la denuncia
de COPINH- se encuentra en “un proceso de recuperación y sanación de su
territorio, que cuenta con títulos ancestrales de siglos, y que
ejerciendo su derecho de posesión y propiedad procedieron a recuperar
las vegas del Río Ulúa”. El Río Ulúa es uno de los principales
afluentes del Río Gualcarque, donde desde el primero de abril de 2013
COPINH mantiene bloqueos de carretera y tomas de las orillas del río en
la zona conocida como Río Blanco, contra la amenaza del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca. Cáceres denunció un saldo de por lo menos
cinco heridos por gases lacrimógenos y balas vivas durante el desalojo.
El desalojo en San Antonio Chuchuitepeque fue el cuarto desde el
primero de abril del 2013. Sumaron 22 detenidos tras el desalojo del 17
de mayo en Río Blanco.
Cáceres insiste que el gobierno “ha
militarizado la región entera y ahora se cuenta con una presencia
permanente del ejército y hostigamiento hacia la población”. Señala que
esto obedece a la defensa de los intereses e inversiones económicos de
DESA y SinoHydro (de capital chino), además de una inversión de 24.4
millones de dólares por parte del BCIE para comenzar la represa de Agua
Zarca, diseñada para generar 21.3 megavatios de energía. Afirma la
lideresa que el Banco Mundial canalizó hasta 800 millones de dólares
mediante el banco Nacional FICOHSA, quienes tienen tremendas inversiones
e intereses en el sector enérgico de la región.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es
apenas uno de 24 proyectos de llamadas energías renovables que cuentan
con una inversión de más de mil millones de dólares y que fueron
aprobados de modo fast track por el gobierno de Honduras, justo en los meses posteriores al golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya.
La denegación del derecho a la consulta
Un comunicado emitido el 3 de mayo por la principal organización garífuna, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), explica la sistemática violación de derechos humanos y derechos indígenas por parte del Estado con respecto a la implementación de los proyectos energéticos.
Un comunicado emitido el 3 de mayo por la principal organización garífuna, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), explica la sistemática violación de derechos humanos y derechos indígenas por parte del Estado con respecto a la implementación de los proyectos energéticos.
“El territorio del pueblo lenca de Honduras
es uno de los más afectados, ante la construcción de 17 represas en su
territorio. Muchas de ellas reciben o han recibido fondos de los CDM
(Mecanismo de Desarrollo Limpio)”, denuncia la organización, que precisa
que la represa de Agua Zarca afectará a las comunidades lencas de
Chorrera, Tejera la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente.
La OFRANEH recuerda que el Estado de Honduras
se comprometió en el año 2001 a efectuar las consultas apropiadas con
el COPINH. Incluso -en el marco del 143 período de sesiones de
audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 2011, en relación a las violaciones de derechos humanos en las concesiones de recursos naturales en Honduras-
una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de “redactar y
consensuar el Reglamento Especial para la consulta de proyectos
ambientales, tanto de carácter general como en el marco del Convenio
169″. La funcionaria agregó que “el actual Ministro dio órdenes
específicas de que para el año 2012 esos dos reglamentos estén en
vigor”.
“La administración gubernamental post
golpe de Estado se ha destacado por violar de forma sistemática el
derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que
afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su
sobrevivencia como culturas diferenciadas”, señala la organización
garífuna.
Cáceres apunta que la situación en Honduras
se pone cada vez más crítica en vísperas de las elecciones
presidenciales previstas para noviembre de 2013. La lideresa destaca
que a mediados de enero, el congreso pasó en un tiempo record de menos
de diez días un paquete de legislaciones controversiales, incluyendo la
Ley de Inteligencia y la aprobación de 12 “Zonas Especiales
Económicas” (antes llamadas Regiones de Especiales de Desarrollo, RED,
las cuales fueron determinadas como inconstitucionales por la Corte de
Constitucionalidad a finales del 2012). La aprobación con el cambio de
nombre llegó después de la destitución de los jueces que determinaron
que las RED violaban a la soberanía y la Constitución nacional.
Cáceres insiste que los poderes económicos en Honduras
y “los mismos que estuvieron detrás del golpe del Estado” buscan
consolidar su fuerza y sus proyectos ante la incertidumbre de las
elecciones, en las cuales Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente
Manuel Zelaya, amplía su apoyo popular para el Partido Libre. La
lideresa explica que los medios de comunicación comerciales “lanzaron
una campaña con grandes inversiones para desprestigiar a Xiomara”,
además de criminalizar a los movimientos sociales. Los mismos medios de
comunicación, agrega, intentan presentar a COPINH como un grupo armado,
subversivo, guerrillero y traficante de armas, maquillando los incendios
de escuelas y acciones violentas contra el territorio lenca como si
fueran responsabilidad e COPINH. La realidad es justo lo contrario,
destaca Cáceres: la organización popular “es una organización de
movilización pacífica que defiende a nuestros derechos como pueblos
indígenas”.
Por eso, Bertha Cáceres no se sorprendió
cuando los militares, en la revisión exhaustiva que le hicieron en el
retén, supuestamente “hallaron” una pistola en la caja trasera de la
camioneta pickup, por lo que la detuvieron a ella y a Gómez por
portación ilegal de armas. Cáceres fue trasladada esa misma noche y
recluida en “bartolina”, en celda de aislamiento, mientras Gómez fue
liberado. El 25 de mayo, frente al fiscal del Ministerio Público, Nery
Betancourt, se dictaron cargos formales de portación ilegal de armas y
atentado contra el estado de seguridad contra la representante de
COPINH. A pesar de que Cáceres cuenta con medidas cautelares emitidas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el golpe de estado en 2009 (lo que obliga al Estado de Honduras
a asegurar su integridad física contra amenazas), el proceso en su
contra estuco lleno de irregularidades, acusa Dina Meza de COFADEH (el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
En entrevista con Pilar Vendrell, Meza señaló “la policía detiene a la
persona, la aísla y después dice que no está detenida. Así negaron la
captura de Gómez. Eso es una práctica con una larga historia que se
repite desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009″.
Cáceres fue liberada el 25 de mayo, pero
tendrá restringidos sus movimientos. El juez le dictó medidas
sustitutivas, no puede salir del país, tiene que presentarse para firmar
semanalmente en el juzgado y tiene prohibido participar en actos
públicos hasta su juicio, el 13 de junio. Sin embargo, ella habla con
ánimo y convicción. Asegura que las movilizaciones de COPINH y el pueblo
lenca en defensa del territorio y del Río Gualcarque no son sólo de
interés nacional, sino internacional en lo que atañe a la defensa del
territorio y los derechos de los pueblos indígenas. COPINH prepara una
nueva serie de movilizaciones; “la represión no nos detendrá”, finaliza
Cáceres, quien llama a la solidaridad internacional para los días de su
juicio, 12 y 13 de junio.
Tim Russo es periodista independiente y ha cubierto Centroamérica durante 20 años. Es vicepresidente de la junta directiva de Free Speech Radio News y corresponsal para KGNU y FSRN. Ha trabajado con COMPPA, comunicadoras populares e indígenas y medios independientes en Honduras y Centroamérica.
No hay comentarios :
Publicar un comentario