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| Foto Internet |
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Este caos de los centros penales en
Honduras es un mal endémico en que los distintos gobiernos han sido los
principales actores irresponsables de ese fenómeno social.
Los resultados de los registros en los centros penales de Honduras, especialmente el de Támara y el de San Pedro Sula demuestran la negligencia y el desorden que impera en los presidios.
Todo el tiempo están decomisando drogas, alcohol, armas de todo tipo, teléfonos celulares y en los últimos operativos hasta computadoras con todos los accesorios y con los servicios de internet.
La cárcel de máxima seguridad en Támara demuestra su inseguridad, en los pocos años de estar operando, se han registrado cualquier tipo de negligencia y falencias de toda índole.
El comité pro-construcción de la nueva granja penal, en el sector de Naco, Santa Barbará dirigida por el obispo, Rómulo Emiliani, se encuentra frustrado y molesto porque el gobierno central se ha vuelto indiferente.
Si los presos tuvieran el derecho a ejercer el sufragio electoral, quizás los partidos políticos y en especial en Partido Nacional en el poder presidido por Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández que ostenta sustituirlo ya hubieran visitado estos presidios, pensando en los aproximado 14 mil votos privados de libertad que hay en el país.
Ante esta necesidad ya se anuncian diferentes actividades, como son una maratón para recaudar fondos con la ayuda del pueblo en general que sabe la urgencia de este proyecto social y con la cooperación internacional.
Estos centros penitenciarios solamente son depósitos para encerrar a todo el que infringe la ley en menor o mayor grado, por órdenes de los operadores de ley en Honduras que deberían ser auténticos discípulos de Temis, la diosa de la justicia griega y símbolo universal.
Según investigaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales, en Honduras la población carcelaria que se aproxima a los 14 mil privados de libertad y en los últimos años ha aumentado este número, recluidos en un promedio de 24 centros penitenciarios en toda la nación que no llenan las condiciones de rehabilitación, menos de seguridad.
Y lo más penoso y vergonzoso es que más del 70 por ciento de estos carcelarios no han sido condenados y un gran porcentaje les condenan cuando ya pagaron con creces su tiempo de penitencia y lo más increíble que hay presos que no quieren que los condenen para no ser trasladados a otros presidios.
Las cárceles en Honduras están saturadas, hay centros reclusorios que duplican y hasta triplican su cantidad asignada, un ejemplo palpable el centro penal de San Pedro Sula, donde la capacidad debería de ser de 500 y se aproxima a los dos mil presos.
Se ha violentado y se continúa irrespetando estos derechos humanos de estos hombres y mujeres que la ley debe aplicarles los castigos meritorios, pero antes buscar métodos y técnicas de rehabilitación y seguridad
La ley carcelaria en Honduras ha sido una de las más negligentes en Centroamérica y aún con las reformas al Código Penal la ejecución de estas medidas relacionadas con la justicia penitenciaria se ha quedado a medias.
El pueblo espera que estas “universidades del crimen” como se les ha hecho llamar peyorativamente por sus resultados contrarios a la rehabilitación, sean ahora a corto, mediano y largo plazo verdaderos centros reclusorios llenos de justicia, recuperación y seguridad.
De lo contrario estas “bombas de tiempo” de estos presidios seguirán siendo una amenazan para los que las habitan y para la sociedad en general, que a “gritos” sigue pidiendo una alternativa a este problema social de las cárceles en Honduras.
Los resultados de los registros en los centros penales de Honduras, especialmente el de Támara y el de San Pedro Sula demuestran la negligencia y el desorden que impera en los presidios.
Todo el tiempo están decomisando drogas, alcohol, armas de todo tipo, teléfonos celulares y en los últimos operativos hasta computadoras con todos los accesorios y con los servicios de internet.
La cárcel de máxima seguridad en Támara demuestra su inseguridad, en los pocos años de estar operando, se han registrado cualquier tipo de negligencia y falencias de toda índole.
El comité pro-construcción de la nueva granja penal, en el sector de Naco, Santa Barbará dirigida por el obispo, Rómulo Emiliani, se encuentra frustrado y molesto porque el gobierno central se ha vuelto indiferente.
Si los presos tuvieran el derecho a ejercer el sufragio electoral, quizás los partidos políticos y en especial en Partido Nacional en el poder presidido por Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández que ostenta sustituirlo ya hubieran visitado estos presidios, pensando en los aproximado 14 mil votos privados de libertad que hay en el país.
Ante esta necesidad ya se anuncian diferentes actividades, como son una maratón para recaudar fondos con la ayuda del pueblo en general que sabe la urgencia de este proyecto social y con la cooperación internacional.
Estos centros penitenciarios solamente son depósitos para encerrar a todo el que infringe la ley en menor o mayor grado, por órdenes de los operadores de ley en Honduras que deberían ser auténticos discípulos de Temis, la diosa de la justicia griega y símbolo universal.
Según investigaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales, en Honduras la población carcelaria que se aproxima a los 14 mil privados de libertad y en los últimos años ha aumentado este número, recluidos en un promedio de 24 centros penitenciarios en toda la nación que no llenan las condiciones de rehabilitación, menos de seguridad.
Y lo más penoso y vergonzoso es que más del 70 por ciento de estos carcelarios no han sido condenados y un gran porcentaje les condenan cuando ya pagaron con creces su tiempo de penitencia y lo más increíble que hay presos que no quieren que los condenen para no ser trasladados a otros presidios.
Las cárceles en Honduras están saturadas, hay centros reclusorios que duplican y hasta triplican su cantidad asignada, un ejemplo palpable el centro penal de San Pedro Sula, donde la capacidad debería de ser de 500 y se aproxima a los dos mil presos.
Se ha violentado y se continúa irrespetando estos derechos humanos de estos hombres y mujeres que la ley debe aplicarles los castigos meritorios, pero antes buscar métodos y técnicas de rehabilitación y seguridad
La ley carcelaria en Honduras ha sido una de las más negligentes en Centroamérica y aún con las reformas al Código Penal la ejecución de estas medidas relacionadas con la justicia penitenciaria se ha quedado a medias.
El pueblo espera que estas “universidades del crimen” como se les ha hecho llamar peyorativamente por sus resultados contrarios a la rehabilitación, sean ahora a corto, mediano y largo plazo verdaderos centros reclusorios llenos de justicia, recuperación y seguridad.
De lo contrario estas “bombas de tiempo” de estos presidios seguirán siendo una amenazan para los que las habitan y para la sociedad en general, que a “gritos” sigue pidiendo una alternativa a este problema social de las cárceles en Honduras.
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Cel: (504) 9528-0941
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