Hoy
se cumple el primer aniversario de la tragedia en la que perdieron la
vida, 364 hondureños que permanecían bajo la tutela del Estado en la
Granja Penal de Comayagua.
Este
día recordamos a las víctimas y acompañamos a sus familiares en su
clamor para que se haga justicia, que se dé a conocer la verdad de lo
ocurrido y que ese hecho no se repita en ninguna cárcel del país.
En una sociedad convulsionada por diferentes tipos de violencias en los diferentes estratos de la sociedad, llamamos al pueblo a la solidaridad, a construir un mundo de paz, donde prevalezca la justicia y el respeto.
En una sociedad convulsionada por diferentes tipos de violencias en los diferentes estratos de la sociedad, llamamos al pueblo a la solidaridad, a construir un mundo de paz, donde prevalezca la justicia y el respeto.
Si
bien se han hecho mejoras en algunos de los 24 centros penales del
país, es también cierto que existe una serie de problemas que no han
sido atendidos por el Estado de Honduras, para mejorar las condiciones
en las que sobrevive la población penitenciaria, por lo que la tragedia
de Comayagua podría repetirse, para el caso en el centro penal de Santa
Bárbara donde las instalaciones eléctricas constituyen un grave peligro
para la seguridad de los internos.
Es
necesario que se atiendan las recomendaciones del Sub Comité de
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que realizó en su visita al
país el año 2009.
Nos
unimos a los familiares y demandamos que se haga justicia, que se
presenten los requerimientos fiscales en contra de los que resulten
responsables en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especial
de los Derechos Humanos.
Tegucigalpa MDC. 14 de febrero del año 2013
Juan Almendarez Bonilla
Director ejecutivo CPTRT.
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Tomado de: www.proceso.hn
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Lo
que no han dejado en el pasado los familiares de 361 reos y una mujer
que hacía visita conyugal y que hace un año murieron en el incendio en
la Granja Penal de Comayagua, es la sed de que el Estado haga justicia,
pues un Comité de Familiares de las Víctimas sigue demandando castigo
para los culpables.
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Tegucigalpa - Familiares de las 361
personas que murieron hace un año en un incendio en la cárcel Granja
Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, viven entre el dolor, la
impotencia y exigiendo justicia.
El incendio del penal, ubicado a unos 80
kilómetros al norte de Tegucigalpa, se registró entre la medianoche del 14 y la
madrugada del 15 de febrero de 2012, por causas "accidentales", según
expertos de Estados Unidos, que investigaron el caso.
Sin embargo, Gloria Redondo, portavoz de
los familiares de las víctimas, dijo hoy que el Gobierno de Honduras debe
"responder por estas muertes" para que "no queden en la
impunidad" y anunció una marcha este jueves para recordar a sus seres
queridos.
"A un año de la tragedia no hemos
tenido ningún avance creíble en las investigaciones sobre las causas y
responsables de la tragedia", subrayó Redondo, quien perdió en el incendio
a su esposo Marcio Sánchez, de 32 años.
El portavoz de la Fiscalía en Tegucigalpa,
Marvin Cruz, dijo hoy que del total de víctimas quedan dos por identificar y de
los 359 cadáveres identificados, 358 han sido entregados a sus familias,
mientras el cuerpo de Evenor Martínez no ha sido reclamado.
Los hijos, padres, esposas y demás
familiares de las víctimas mortales, aún no asimilan la pérdida de sus
parientes.
Redondo explicó que los familiares de las
víctimas mortales marcharán este jueves por las calles de Tegucigalpa para
"exigir justicia" y recordar a sus seres queridos.
Además se oficiará una misa a las afueras
del penal, donde habrá una vigilia a partir de las 18:00 hora local (00:00 GMT
del viernes).
Un año después de la peor desgracia en el
obsoleto sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 prisiones, la
principal preocupación de los familiares de los presos y organismos de derechos
humanos sigue siendo el hacinamiento y la falta de instalaciones físicas
adecuadas en el penal de Comayagua.
El coordinador del Centro de Protección,
Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura (CPTRT), Juan
Almendarez, indicó a Efe que el Gobierno "ha mejorado de alguna manera las
condiciones en que viven los presos, pero la satisfacción no es total".
Las autoridades hondureñas deben
"mejorar la asistencia médica, las instalaciones físicas y programas de
trabajo" en las cárceles del país, agregó Almendarez.
Las 24 cárceles de Honduras albergan a 12,246
personas cuando la capacidad es para unas 8,000, según organismos de derechos
humanos.
La ministra de Justicia y Derechos
Humanos, Ana Pineda, dijo a periodistas que en el caso del incendio de la
cárcel de Comayagua "ha habido una grave negligencia", aunque se
trata de un escenario que "no es fácil porque eran personas que estaban
privadas de libertad".
En su opinión, después de un año durante
el que se han hecho varias investigaciones, "ha habido una violación al
principio que se conoce con el nombre de plazo razonable", para haber
deducido responsabilidades.
Pineda considera que con las
investigaciones y las autopsias de los 361 cuerpos quemados, incluido el de una
mujer que visitaba a su marido, hay "un escenario construido de lo que
sería un proceso de investigación" que, a su juicio, "está listo para
ser judicializado".
El fiscal de Derechos Humanos de la
Fiscalía, Germán Enamorado, indicó que la respuesta que se ha dado al caso
"ha sido muy tibia" y que "las consecuencias a nivel
internacional ya se aprecian en virtud de que ha habido una apatía en la
gestión del Estado a este respecto".
Añadió que a la Fiscalía le corresponde
dilucidar las responsabilidades de tipo administrativo y que esta semana se
estarán emitiendo los primeros requerimientos fiscales contra las personas que
tuvieron alguna responsabilidad en la tragedia.
Tomado de: www.proceso.hn
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Impune la peor catástrofe penitenciaria del país
Estado en deuda con dolientes a un año de la tragedia en penal de Comayagua
Tiempo.hn
Atrás quedaron las horas de angustia, los desvelos en las afueras de la
morgue del Ministerio Público en la capital del país, los amargos
momentos al recibir los cadáveres quemados y el profundo dolor del
momento del terraje.
El presidente
del Comité, Geovanny Alcides Vásquez Sánchez, perdió a su hijo de 22
años y representan a un grupo de padres, viudas y esposas que sigue
entrando y saliendo de oficinas de organizaciones de derechos humanos
gubernamentales, no gubernamentales y seguirán haciendo plantones frente
al Ministerio Público exigiendo justicia, según informaron. “Perdí a mi
hijo y se llamaba Noé Geovanny Vásquez Paz. Estaba recluido en el
módulo siete por un problema pasional, podría decirse”, relató Vásquez
Sánchez.
Con sus ojos humedecidos
por las lágrimas siguió comentando que su hijo “llevaba 18 meses de
estar recluido. Tenía la cárcel preventiva que se decía era de dos años y
medio”. Junto con el resto de familiares afirmó que a un año del
“fatídico incendio seguimos como si fuese ayer y no tenemos respuestas
de lo que pasó”.
“El Estado es el
responsable y todo el personal que estaba en servicio porque pudieron
haber evitado la tragedia esa noche”, agrega la cabeza del Comité, que
sigue esperando “respuestas contundentes, ya que hay involucrados sea
por acción u omisión”.
ANGUSTIA
Otros familiares, en particular madres y viudas, manifestaron que hay acciones encaminadas en el sistema de justicia nacional como internacional para que se deduzcan responsabilidades y generen indemnizaciones. “Mi hijo Marco Vinicio Silva tenía 23 años y tenía dos años y medio de estar preso y seguimos pidiendo justicia para que se aclare todo lo que pasó. No aceptamos lo que se ha dicho”, dijo Claudia Silva Suazo, madre del joven fallecido. La señora a punto de llorar expresó: “es doloroso y recordamos como si fuera ayer y lo sentimos cada vez más. Más que lentas no hay nada en las investigaciones por lo que seguimos en la lucha”.
DOLOR
“Perdí a mi esposo y a mi suegro. A mi marido le faltaba un año y medio para salir y a mi suegro una firma porque ya tenía indulto”: Nancy Estévez.
SIN RESPUESTAS
“Por qué a un año no nos han dado respuestas, se han muerto varios familiares sin que den la cara los responsables que provocaron este incendio”: Geovanny Alcides Vásquez Sánchez.
Otros familiares, en particular madres y viudas, manifestaron que hay acciones encaminadas en el sistema de justicia nacional como internacional para que se deduzcan responsabilidades y generen indemnizaciones. “Mi hijo Marco Vinicio Silva tenía 23 años y tenía dos años y medio de estar preso y seguimos pidiendo justicia para que se aclare todo lo que pasó. No aceptamos lo que se ha dicho”, dijo Claudia Silva Suazo, madre del joven fallecido. La señora a punto de llorar expresó: “es doloroso y recordamos como si fuera ayer y lo sentimos cada vez más. Más que lentas no hay nada en las investigaciones por lo que seguimos en la lucha”.
DOLOR
“Perdí a mi esposo y a mi suegro. A mi marido le faltaba un año y medio para salir y a mi suegro una firma porque ya tenía indulto”: Nancy Estévez.
SIN RESPUESTAS
“Por qué a un año no nos han dado respuestas, se han muerto varios familiares sin que den la cara los responsables que provocaron este incendio”: Geovanny Alcides Vásquez Sánchez.
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