HONDURAS: La Fiscalía no informará más sobre investigación a jueza

El memorando fue firmado por la coordinadora regional de fiscales, Marlene Banegas.

Tiempo.hn /12 Febrero 2013 - 22:38 - San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades del Ministerio Público prohibieron a los coordinadores de las diferentes fiscalías informar de los casos que llevan contra funcionarios públicos, luego que Diario TIEMPO publicara una investigación que realizan contra una juez de jurisdicción nacional.

Los coordinadores de las fiscalías fueron sorprendidos el 8 de febrero al recibir memorandos firmados por la abogada Marlene Banegas Brevé, coordinadora regional de la fiscalía, donde les indica que “se ha percibido que en determinadas oficinas de esta regional se está haciendo uso abusivo de los medios de comunicación al estar proporcionando datos de suficiente entidad como para permitir la plena individualización pública de las víctimas y victimarios del proceso sometidos a nuestro conocimiento”.

Se quejó específicamente por la “difusión de la noticia periodística relacionada con la señora juez de jurisdicción nacional Wendy Caballero, se puede apreciar que sin mayor esfuerzo se están incluyendo datos de suficiente entidad como para permitir la plena individualización pública de su condición como encausada”. En el escrito hace la advertencia que esas conductas pueden traer consigo un efecto jurídico dañoso, que puede causar una falta administrativa “sancionable” y en una demanda ordinaria civil que tutela los derechos fundamentales y de honor.

La coordinadora de la fiscalía afirma que en “el afán de informar de modo oportuno a la sociedad, sobre las actividades encaminadas a castigar actos irregulares de funcionarios públicos, no debe confundirse con el protagonismo periodístico”. Manifiesta que los servidores del Ministerio Público tienen el deber de cumplir el Código de Ética que señala en su artículo 1 que se deben de abstener a emitir juicio público o privado sobre asuntos en que intervengan, calificando hechos, divulgando identidades de los denunciados o de los investigados o en general de cualquier aspecto que afecte las investigaciones y lesione los derechos de la persona.

NOTICIA
En los escritos enviados por la coordinadora regional del Ministerio Público menciona que se hizo una publicación sobre la investigación de la juez nacional Wendy Caballero, pero en ninguno de los párrafos indica que la información sea falsa. El 1 de febrero la Fiscalía Especial Contra la Corrupción citó a la juez nacional por tercera vez para que compareciera a esa oficina a declarar por una denuncia de haberse opuesto a que agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) capturaran  a un sospechoso por la muerte del abogado Héctor Padilla, ocurrida en El Progreso, y en otro caso por haber sometido a un proceso penal a un menor de 17 años.

La juez no compareció a ninguna de las tres citas. En el expediente de investigación se señala que José Hernández Iriarte tenía orden de captura por la muerte del abogado y era esperado en las afueras del juzgado por agentes de investigación.
Según un informe de la DNIC, la funcionaria, quien en ese tiempo era juez de letras en El Progreso, se opuso a la captura bajo el argumento que cometerían abuso de autoridad debido a que no andaban el documento que ordenaba la detención.
Después de ese incidente la juez de letras fue ascendida a Juez de Jurisdicción Nacional.

Otro de los casos se dio ya siendo juez de jurisdicción nacional. En Trujillo capturaron a los tripulantes de un barco, a quienes les decomisaron dólares y la Fiscalía los acusó por lavado de activos. Entre los apresados estaba un joven de 17 años y pese a que el Código de la Niñez lo protegía la juez lo sometió a una audiencia de declaración de imputado y lo envió con el resto de los acusados en detención judicial a una prisión de adultos.

Fiscales que llegaron de San Pedro Sula a apoyar a sus compañeros en Trujillo se opusieron a realizar la audiencia inicial sin antes descartar que fuese menor de edad. Los fiscales presentaron un recurso de reposición, el cual no tuvo respuesta, y la juez amenazó con multar a los fiscales con medio salario mínimo porque se estaba atrasando el proceso al no participar en la audiencia.   

Al final fue presentada una partida de nacimiento del menor y fue sacado del proceso. Los demás imputados también quedaron libres porque la Fiscalía no les pudo probar el delito.

OTRO CASO
EL 11 de junio de 2012 tres jueces de sentencia y un defensor público fueron citados por el Ministerio Público en una investigación que fue dada a conocer a los medios de comunicación sin que la fiscalía se pronunciara en contra de dar a conocer sus nombres ni las investigaciones que se realizaban.