miércoles, 2 de noviembre de 2011

Denuncian que Policía hondureña entorpece investigación del crimen de estudiantes

Rectora  de la  UNAH Julieta Castellanos

Fuente:  La Tribuna/ACAN-EFE


TEGUCIGALPA.- La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, denunció hoy que la Policía Nacional está entorpeciendo el proceso de investigación sobre el reciente asesinato de dos estudiantes.
Julieta Castellanos
“Ha habido un proceso de interferir las pruebas, ha habido un proceso de entorpecer la investigación, la Policía ha tenido un doble discurso”, dijo Castellanos durante una manifestación frente al Parlamento hondureño con la participación de centenares de estudiantes para exigir una depuración policial.
Agregó que la Policía, “por un lado dice que quiere entregar a los supuestos responsables -de la muerte de los dos universitarios- y por otro lado intimida a los fiscales, a los investigadores y al personal técnico de medicina forense”.

Uno de los dos universitarios asesinados el 22 de octubre pasado, Rafael Alejandro Vargas, era hijo de Castellanos, quien además es fundadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad, en 2004.
Castellanos aclaró que los resultados que ha habido sobre el crimen no se deben a que uno de los asesinados era su hijo y señaló que la Policía “perdió el control de la investigación desde el mismo día de los hechos”.
El otro joven asesinado es Carlos Pineda, amigo de Rafael Alejandro, con quien se conducía en un coche el día del trágico suceso, que habría tenido su origen porque ambos desacataron un requerimiento en un reten policial en la madrugada del 22 de octubre, según versiones  de prensa.

Cuatro de los ocho policías involucrados en la muerte de los dos universitarios se encuentran prófugos.
                                                          
                                              
Castellanos dijo que el planteamiento de la Universidad no solo es porque haya justicia, sino que debido a las irregularidades en la investigación, el entorpecimiento y la protección que ha habido de los oficiales hacia los responsables del asesinato de Vargas y Pineda, “haya una profunda depuración en la Policía”. Debe haber una intervención de la Policía y una reforma policial, recalcó Castellanos, para quien no es suficiente conocer los pormenores de cómo fueron asesinados los dos estudiantes.
En el caso de Pineda, su madre, Aurora Rodríguez, relató que el rostro le quedó “desfigurado” del balazo que le infirieron.
En la manifestación también se repudió que en la misma Policía se autorizó un permiso de salida a cuatro de los ocho implicados en el asesinato, que ahora son prófugos, aún cuando ya habían sido señalados.
Los otros cuatro policías involucrados fueron capturados el lunes y remitidos a prisión.
Castellanos calificó el crimen como “institucional” porque la misma Policía ha protegido y dejado en libertad a cuatro de los presuntos autores materiales.
Los otros cuatro agentes implicados en el asesinato de los universitarios fueron capturados el lunes y remitidos a prisión.

El asesinato de los universitarios ha causado un repudio generalizado en Honduras, mientras que el presidente Porfirio Lobo reestructuró el lunes los mandos de la Policía, lo que diversos sectores han calificado como una acción de “maquillaje” porque lo que se ha hecho son simples “rotaciones” de oficiales.
Al respecto, el diario “La Tribuna”, que se edita en Tegucigalpa, reproduce hoy un comunicado de supuestos oficiales “más antiguos” de la Quinta Promoción de la Policía, quienes le piden a Lobo que separe de la institución a los oficiales removidos el lunes.
“Solicitamos una investigación exhaustiva y contundente de tres de los directores recién nombrados porque hay y ha habido fuertes indicios que han estado ligados al crimen organizado y más específicamente al narcotráfico y sicariato. (Esto es del dominio público dentro de la Policía Nacional)”, añade la nota.
Desde hace varios años la Policía de Honduras ha sido salpicada por múltiples denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de algunos agentes y oficiales. ACAN-EFE

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