A la comunidad nacional, al gobierno de la República y a la comunidad internacional
Sobre
las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguan y el
acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos en el país
Este es el momento en que callar es un crimen. Froylan Turcios
Quien mira cometer un crimen y lo calla, lo comete. José Martí
Guardar silencio es compartir el crimen. José Adán Castelar
Los
regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009,
ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que
ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado
la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el
dolor.
Si
ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó grupos
de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran selectiva y
clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy, ese
militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás
ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a
la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
En
el campo y la ciudad, en las manifestaciones de ciudadanos indignados
por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes y maestros,
allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el aparato
de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo
el falaz argumento de que-sometidos al imperio del orden dominante y el
silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y
la convivencia.
Justo
cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz del
Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia
declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los
derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una
involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento
campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras
entrenadas y financiadas por gobiernos extranjeros y con
narcotraficantes cuyos socios son otros.
Si
la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente en la
región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos ya
sobrepasa al medio centenar.
El
envío de contingentes militares regulares pretende desviar o desdibujar
la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de
escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de
índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por
su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está
manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la
capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución
mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro
en la zona.
Pero
la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y su
desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha
campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una
solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del
Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor
envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se
ha llegado a una etapa clave en la escalada violenta; un momento
dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e
intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a
denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver
los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del
crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las
organizaciones.
Nos
escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad del
sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que repite las
líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de
degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa
nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil
de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares
son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o
son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado, incluso, al extremo
de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente
que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su
escuela.
Los
crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada vez con
mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para infundir el
miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar su
esperanza.
Entendemos
la importancia de la agroindustria y de la seguridad jurídica, que solo
puede establecerse sobre una ley consensuada. No pretendemos dictar
líneas de política, sino llamar la atención sobre el salvajismo con el
cual se pretende sofocar las justas demandas sociales. La violencia
incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y garantizar
la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.
Por
lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad internacional y
nacional a pronunciarse contra el desangramiento permanente que ocurre
en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de satisfacer los intereses
de la oligarquía nacional y de sus vínculos transnacionales económicos y
políticos, es un crimen más de lesa humanidad que aleja la posibilidad
de reconstruir la convivencia.
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador; Darío A. Euraque, historiador; Teresa de Maria Campos; antropóloga y artista; Helen Umaña, escritora; Isadora Paz, socióloga y artista de la danza; Aníbal Delgado Fiallos, sociólogo; Mario Gallardo, escritor; Mario Ardón Mejía, antropólogo; Adrienne Pine, antropóloga; Armando García, escritor y fotógrafo; Geraldina Tercero, antropóloga; Manuel de Jesús Pineda, escritor; Roxana Pastor Fasquelle, educadora; Guillermo Mejía, periodista; Eduardo Bähr, escritor; Débora Ramos, escritora; J Antonio Fúnez, escritor y diplomático; Dana Frank, historiadora; Julio Escoto, escritor, Patricia Murillo, periodista; Gustavo Larach, historiador; María de los Ángeles Mendoza, historiador; A. Flores publicista; Allan Fajardo, sociólogo y empresario; Anarella Vélez, historiadora; Héctor Martínez Mortiño; economista; Emilio Guerrero, escritor y empresario; Héctor Castillo, artista; Jorge Martinez, escritor, Sergio Raúl Rodríguez, músico, Víctor Manuel Ramos, médico y escritor, Mayra
J. Mejía del Cid, abogada; Héctor Valerio, médico y empresario; Marcio
Valenzuela, ingeniero y empresario; Gustavo Zelaya, filósofo e
historiador, Rosa María Messen Ghidinelli, socióloga, Jorge A. Amaya
Banegas, historiador, Daniel Reichman, antropólogo, Oscar A. Puerto Posas, economista, Russel
Sheptak, historiador e ingeniero en computo, Rosemary Joyce,
antropóloga, Mauricio de Maria Campos, economista, y diplomático, Iris
Mecía, poeta y periodista, Joaquín Portillo historiador, Isbela
Orellana, socióloga, Omar Pinto, artista, Edgar Soriano, historiador,
Tito Estrada, dramaturgo, Natalie Roque, historiadora,
Cesar Lazo, periodista y escritor, Fabricio Estrada, poeta, Ricardo
Salgado, politólogo, Soledad Altamirano, poeta, Rodolfo Pastor Campos,
politólogo y diplomático, Lety Elvir, escritora
Emilio Guerrero
"mecate"
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