“Podemos identificar que a los migrantes se les cobra cinco dólares desde la frontera Las Manos hasta El Paraíso, mientras que a un ciudadano que vive en la zona fronteriza, únicamente paga 20 lempiras”, dijo Reyes.
En ese sentido, señaló que son “cobros excesivos, elevados y se necesita la intervención” de las autoridades incluyendo también la Dirección General de Protección al Consumidor y la Fiscalía de Delitos Comunes “porque no es posible que una situación que se ha denunciado y solicitado mediante notas a las autoridades competentes” persista.
Asimismo, reiteró que las autoridades no pueden establecer tarifas diferenciadas en valores distintos al resto de la población en general porque genera “discriminación y abusos” contra las personas migrantes, y es importante que se apliquen las mismas tarifas en el transporte público sino las autoridades que autorizan este tipo de cobros pueden ser investigadas por el Ministerio Público (MP).
Reyes recordó que existe un principio de legalidad donde los funcionarios públicos no tienen más “atribuciones que las que le confiere la ley y cualquier acto que haga en contra de la ley implica responsabilidad administrativa penal y civil”.
Esta situación también fue señalada por la congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, mientras se realizó la audiencia para analizar las relaciones bilaterales entre ese país y Honduras, y mencionó al titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, como responsable. Acusación que Barahona negó rotundamente.
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