Lo anterior ha llevado al Congreso Nacional a buscar nuevas vías de aproximación, con el ánimo de alcanzar un acuerdo con los diversos partidos políticos.
Los arreglos previos entre los partidos políticos que conforman el tripartidismo (Liberal, Nacional y Libre) para seleccionar al próximo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público han colapsado, generando incertidumbre en torno a la elección de estas figuras clave para el período 2023-2028.
El proceso de selección de las nuevas autoridades fiscales ha sido complicado desde el principio.
A pesar de los esfuerzos iniciales por parte del tripartidismo para repartir equitativamente los cargos más influyentes dentro del Ministerio Público, como la fiscalía general, la adjunta y la elevación al rango constitucional de la dirección de fiscales, estos esfuerzos han fracasado.
Carlos Zelaya admitió que el primer pacto propuesto no logró mantenerse firme.
Este revés plantea un escenario desafiante, ya que se espera que las actuales figuras del Ministerio Público, Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrían (adjunto), finalicen sus mandatos el 1 de septiembre.
Sin embargo, las perspectivas de elegir a sus sucesores para esa fecha parecen sombrías.
Los políticos involucrados, incluido el propio Zelaya, han reconocido que la élite política en el Congreso Nacional deberá renegociar un nuevo acuerdo.
Zelaya subrayó que es poco probable que se logre elegir a las nuevas autoridades fiscales para el 1 de septiembre.
Este reconocimiento surge tras la disolución del primer acuerdo entre los partidos, lo que ha dejado a los políticos sin otra opción más que iniciar desde cero las negociaciones para alcanzar un consenso renovado.
El proceso de elección del fiscal general y su adjunto es crucial, ya que requiere de una mayoría calificada de 86 votos.
Sin embargo, con el Partido Libre teniendo 50 votos, el Partido Nacional con 44 y el Partido Liberal con 22, se hace evidente que será necesario unificar fuerzas y alcanzar acuerdos transversales para lograr la elección deseada.
Los desafíos no son solo numéricos, sino también ideológicos. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal han expresado su deseo de evitar que el Ministerio Público quede sujeto a las influencias del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Antonio Rivera, diputado del Partido Nacional, enfatizó la importancia de un fiscal independiente y transparente para salvaguardar la justicia y evitar persecuciones políticas.
En medio de estas dificultades, el partido Libre, liderado por Carlos Zelaya, se muestra preparado para reiniciar el proceso una vez que se defina un nuevo procedimiento interno.
Sin embargo, los desafíos son evidentes y el éxito dependerá de la capacidad de estos partidos políticos para superar sus diferencias y encontrar un candidato comprometido en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, mientras garantizan su independencia.
Petro rema en aguas turbulentas por escándalo de su hijo y la financiación de la campaña
Redacción, El escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña
electoral del hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, sacude a su
Gobierno en vísperas de su primer aniversario, que se cumplirá el 7 de
agosto, y puede traer consecuencias judiciales y políticas al
mandatario.
Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.
Y no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña sino que la bomba fue detonada en su entorno familiar como consecuencia de una pelea matrimonial entre su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris Vásquez que acabó llegando hasta la Fiscalía.
La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación de Petro Burgos a la Fiscalía, sobre la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de su padre, para pedir que se le someta a un juicio político o incluso exigirle la renuncia, para lo cual han convocado a manifestaciones en todo el país el próximo 16 de agosto.
Tres procesos en el camino
Según el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“La Fiscalía, por ahora, cuenta con la información de Nicolás Petro y Day Vásquez, quienes deberán aportar pruebas de los dineros que recibieron y cuántos y a dónde ingresaron en campaña”, puntualiza.
El dinero en cuestión provino de dos fuentes, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Hilsaca.
“Lo que sigue entonces es que la Fiscalía deberá comprobar si los dineros aportados (…) vienen de fuentes ilegales” para tomar las medidas penales del caso, indicó.
Más allá del origen del dinero, Nicolás Petro afirmó en una entrevista publicada hoy por la revista Semana que su padre no sabía del ingreso a su campaña electoral de dinero ilícito.
“Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, manifestó.
Por los lados del CNE, este organismo deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y, de esta forma, determinar si el entonces candidato sabía o no.
La CNE no tiene competencia para juzgar al presidente y otros aforados, lo que por ley le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que Salazar dice que “se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado”.
El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó el viernes que desde marzo pasado, cuando Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo “un proceso en contra del presidente de la república” que “se encuentra en etapa de investigación previa”, a lo cual se suma la denuncia presentada esta semana contra el presidente por un senador.
Riesgo político
Sin embargo, el mayor riesgo para el presidente parece estar en el campo político porque el escándalo estalló a solo tres meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre a las que el Pacto Histórico, la alianza por la cual fue elegido Petro, llega debilitado por el rápido desgaste del Gobierno.
Ese desgaste se nota en los reveses sufridos en el Congreso, en donde en la primera legislatura Petro no logró la aprobación de sus reformas sociales y sigue perdiendo apoyos.
“La gobernabilidad se afecta severamente para la necesaria y ambiciosa agenda de transformación que reclama nuestro país. No es drama familiar. Es asunto de Estado y acceso al poder”, escribió la senadora Angélica Lozano, miembro del Partido Verde, fuerza que el próximo miércoles decidirá si sigue apoyando o no al Gobierno.
Para el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, el mayor impacto político de este escándalo lo sentirá Petro en las elecciones de octubre.
“Yo no creo que (el escándalo) le reduzca el margen de gobernabilidad al Gobierno, eso se lo va a quitar la elección de alcaldes, gobernadores y asambleas”, explicó a EFE.
En su opinión, esto sucederá porque en estos tres meses “los partidos van a tratar de desmarcarse del Gobierno y porque el Congreso, representantes y senadores, van a estar centrados en las campañas locales”.
Con información de EFE
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