Asimismo, se postergó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares y para el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exgobernante comparecerá en conjunto.
Por primera vez en una audiencia estuvieron juntos el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández Pineda.
Los tres enfrentan cargos relacionados por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, están en el mismo proceso, ante el mismo juez y en la misma Corte.
Juan Orlando Hernández apareció con uniforme color caqui, Bonilla con uniforme verde oliva y Mauricio Hernández vestido de amarillo fluorescente.
Cabe destacar que el juez Castel, pese a que quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, no lo logró. Los reiterados alegatos de la defensa de Hernández Alvarado, encabezada por Raymon Colon y Sabrina Schroff relacionados al análisis de información clasificada, lo hicieron ceder, ahora los plazos se corren y hasta el próximo año se evacuará el juicio.
Desde el mes de mayo de 2023, las defensas venían maniobrando para lograr más tiempo.
A esto se sumaron algunos retrasos que presentó la Fiscalía en la entrega de la información clasificada, donde muchos de los archivos estaban en blanco y algunas carpetas vacías.
De igual forma, la abogada estadounidense Emma Greenwood, recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos.
Greenwood, quien fue designada por el juez Castel para la recepción de documentos clasificados denunció “un patrón de demora” por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año.
Cambiar la fecha del juicio significa también mover la fecha de las audiencias previas, que con miras al juicio deben desarrollarse.
60 días antes del juicio, el 5 de noviembre de 2024, deberá la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entregar material y dar a conocer quiénes serán los testigos.
Además, para el 18 de enero de 2024, quedó programada la audiencia previa al juicio, para la que, tanto la defensa y fiscalía acordaron estar preparados para no retrasar más el juicio.
Los cinco abogados, entre los de Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández y Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y los cuatro fiscales, no objetaron y ante la prolongación de los tiempos dijeron estar “listos” para el juicio.
Para la Fiscalía prolongar el juicio por seis meses, es un riesgo. Temen que en ese tiempo alguno de los testigos pueda retractarse en dar su testimonio en la Corte, por un lado.
Además, que alguna de la información que piensan incluir se pueda perder, pero al final, la Fiscalía está conscientes que no han contado con el tiempo suficiente para que se conozcan las pruebas.
Ahora no habrá más excusas de la defensa ni peticiones para más tiempo. Tienen el suficiente para preparar la defensa de cada acusado y llegar al estrado del juez Castel para probar la inocencia de los tres acusados.
CIDH condena muerte de 46 privadas de libertad en cárcel de mujeres
Redacción, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este miércoles
la muerte de 46 reclusas, hecho ocurrido el pasado 20 de junio en la
Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social PNFAS.
A través de un comunicado la CIDH instó al gobierno de Xiomara Castro adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar la vida y derechos humanos de las mujeres que están bajo la custodia del Estado.
Aquí el Comunicado integro 👇🏻
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que resultaron en la muerte de al menos 46 mujeres privadas de libertad.
La Comisión urge al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas y efectivas, con perspectiva de género, para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres bajo custodia, y garantizar la no repetición de los hechos.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, un grupo de mujeres, en posesión de armas de fuego, expulsaron a agentes policiales y penitenciarios para tomar el control e ingresar a otro módulo en el mismo centro de detención.
Según datos al alcance de la CIDH, iniciaron incendios en diversos espacios, emitieron disparos y provocaron lesiones con armas blancas a otras mujeres. Según el Ministerio Público de Honduras, se contabilizaron al menos 46 mujeres fallecidas en este contexto. Conforme datos públicos, al menos dos eran agentes de seguridad.
La Comisión advierte que estas muertes se producen en un contexto de violencia que caracteriza los centros penitenciarios de Honduras desde hace años, derivado de la lucha por el poder entre las estructuras criminales; y, en la actualidad, como manifestación en contra de acciones estatales de combate a la criminalidad organizada.
Durante su reciente visita in loco, la CIDH recibió información sobre situaciones de corrupción que facilitan el ingreso de armas y la pérdida, por parte del Estado, de la gobernanza y el control de los centros de detención, abriendo espacio para un sistema de autogobierno liderado por las estructuras criminales, especialmente en los centros de máxima seguridad y la Penitenciaría Nacional Femenina.
Lo anterior, sumado a la insuficiencia en el número de personas asignadas a las tareas de custodia y la escasez de equipamiento en seguridad, contribuye a que estas situaciones de violencia se intensifiquen y coloquen en grave riesgo la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
La Comisión toma nota de las medidas implementadas por Medicina Forense y el Ministerio Público para investigar los recientes hechos ocurridos en la PNFAS, así como para brindar asistencia a familiares de las mujeres fallecidas mediante la provisión de asistencia psicológica y el acceso a la información. Igualmente, destaca tanto el despliegue de equipos de primeros auxilios, como el apoyo brindado por la Cruz Roja Hondureña a las familias de las mujeres afectadas.
Por su parte, el Estado brindó información sobre otras medidas implementadas en este escenario. En particular, indicó que relevó de su cargo a los miembros de la Comisión Interventora del INP, con lo cual, a partir del 1 de julio, la dirección y control de los 21 centros penales del país serán asumidas por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), por el plazo de un año. Asimismo, indicó que habilitará las Islas del Cisne para el traslado de los líderes de organizaciones criminales considerados “de alta peligrosidad”, y se capacitarán y formarán al menos a dos mil nuevos custodios de centros penales. Asimismo, anunció que planea formar, al menos, dos mil nuevas personas para custodiar centros penales.
De manera particular, la Comisión destaca la solicitud presidencial dirigida al Poder Judicial para conceder medidas sustitutivas a todas las mujeres con detención preventiva en la PNFAS, así como a aquellas que padecen enfermedades terminales, sumado a las acciones en apoyo a las familias afectadas que incluyen la proporción de un subsidio económico.
La CIDH reitera que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas. Como parte de esta obligación internacional, el Estado hondureño debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención, conforme los principios interamericanos para la protección de las personas privadas de libertad.
Las acciones mencionadas deben incluir: i) implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; ii) incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; iii) imponer controles efectivos para impedir el ingreso de armas y otros objetos ilícitos, y iv) prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles. Cabe recordar que es también deber de los Estados garantizar la seguridad e integridad personal de las y los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención.
La CIDH enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y de forma seria, exhaustiva, imparcial y ágil todos los casos en los que se alegue la comisión de actos de violencia en centros de detención y, en particular, las muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.
Considerando que el encarcelamiento femenino adquiere una dimensión propia que resulta en vulneraciones particulares a sus derechos derivadas de su condición de género, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres privadas de libertad sean protegidas contra todas las formas de violencia. En el abordaje de su situación, la CIDH destaca que una perspectiva de género implica tomar en cuenta la situación especial de riesgo a la violencia en todas sus manifestaciones, así como el hecho de que la mayoría de estos incidentes terminan en la impunidad. En este sentido, los Estados tienen la obligación actuar con la debida diligencia reforzada y, adoptar y aplicar una perspectiva de género e interseccional para prevenir, investigar, sancionar y reparar todos los actos de violencia contra esta población.
Por último, la Comisión reitera lo señalado en su informe Situación de derechos humanos en Honduras, y recuerda que las y los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados, son las personas idóneas para atender a la reinserción social y realizar funciones de administración y seguridad interna de las personas privadas de libertad. En consecuencia, la dirección y custodia de los centros penitenciarios debe estar a cargo de agentes penitenciarios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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