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La Defensora del Pueblo advirtió de los peligros que enfrentan a diario los niños hondureños, desprotegidos por el Estado, de ser susceptibles para ser cooptados por las maras y pandillas o el crimen organizado, que tienen amenazadas familias enteras que se aponen a que sus niños se incorporen a las actividades delictivas de estos grupos.
Indicó que debe ser motivo de reflexión, entre las autoridades hondureñas, tomar acciones inmediatas para evitar que más niños sigan “huyendo” de sus lugares de origen, como esta evidenciado en los últimos informes de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
De manera reiterada, la titular del ente estatal de derechos humanos ha exhortado al Congreso Nacional para que se discuta y se apruebe, en el seno de ese poder del Estado, la Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Internamente.
“Instamos a discutir y aprobar dicha ley para garantizar una respuesta integral a la población desplazada y a las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado”, declaró.
Agregó que, su pronta adopción contribuirá al establecimiento de mecanismos de protección para la niñez y la población en general.
Eso permitirá la formulación de una política nacional de prevención de las causas del desplazamiento, así como, clarificar los criterios de competencias y roles de las instituciones del nivel central y local, y la complementariedad con organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, argumentó.
No se justifica como, en las actuales circunstancias de violencia que vive el país, nos estén privando, a los hondureños, del recurso humano más valioso que es la niñez, puntualizó.
Por amenazas y por temor a ser cooptados niños huyen de sus hogares
Entre el 2019 y el 2021, el CONADEH atendió 2,775 casos de
desplazamiento forzado o en riesgo de desplazamiento que afectó a unas
6,675 personas, de las cuales, 1,162, que representan el 17 por ciento,
forman parte de la niñez hondureña. Los niños, niñas y adolescentes desplazados o en riesgo de desplazamiento fueron víctimas de amenazas en un 58 por ciento de los casos, en un 13% porque miembros de su familia fueron asesinados, en un 11 por ciento porque fueron víctimas de extorsión, un 5 por ciento por temor a ser cooptados por las maras, igual porcentaje por tentativas de homicidio, otros por violencia doméstica y por el despojo de la vivienda donde residían.
“Vi como mataban a mi hermano en mi casa, fueron como 15 disparos en la cabeza” reveló un niño que fue víctima de desplazamiento forzado, en una de las principales ciudades del país.
De acuerdo al seguimiento brindado a las quejas, por parte de la UDFI, en el 69% de los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de desplazamiento, el principal responsable es las maras y pandillas, en un 22 por ciento el agresor es desconocido, en un 5% por bandas criminales y en apenas un 4 por ciento son personas conocidas.
Niñas y niños menores de 12 años los más afectados en el 2021
Un análisis de la UDFI establece que los hechos violentos que generan desplazamiento forzado no solo afectan a determinados miembros de la familia, sino que indirectamente a los niños ya que los coloca también en condición de riesgo.
Es de resaltar que 13 de los 18 departamentos del país fueron escenario de niños desplazados o en riesgo de desplazamiento. En el departamento de Francisco Morazán la UDFI atendió 295 casos que representan el (52%), Choluteca (75, 13%), Cortés (72, 13%) y Atlántida (43, 8%).
Actualmente, el CONADEH aúna esfuerzos conjuntos con organizaciones e instituciones con las cuales comparte el interés para salvaguardar la vida de las personas y proveer condiciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
La Defensora del Pueblo agradeció los esfuerzos del ACNUR y de todas las agencias de cooperación internacional que apoyan al Estado hondureño para brindar respuesta a las personas víctimas o en riesgo de desplazamiento
Hasta ahora los grupos de población con mayores necesidades de protección por el desplazamiento forzado están las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, personas indígenas y afro hondureñas y personas de la población LGTBI. GO/Hondudiario
Tras las molestias que generó en distintos sectores el supuesto cobro de 250 lempiras por gabacha, las autoridades decidieron cambiar de opinión.
En ese sentido, Rodríguez dijo ya se inició el proceso de contratación de gabachas para analizar cuál será la mejor oferta en el mercado.
El subsecretario de Educación afirmó que la gabacha escolar será gratuita porque el Estado de Honduras no puede dedicarse a vender o hacer negocios con los uniformes.
“Tiene que ser gratis, el Estado no se puede dedicar a vender uniformes. Les pedimos a los padres de familia que se tranquilicen”, expresó.
“El uniforme no puede ser un mecanismo de exclusión de un niño, sino que deben estar en las escuelas y no en las calles, solo porque un estudiante no tenga zapatos, porque en este gobierno la educación es incluyente”, subrayó.
El funcionario agregó que en febrero de 2023 comenzará el pilotaje en los centros educativos detectados como los más vulnerables.
En ese periodo de prueba se entregarán 3,000 gabachas en las escuelas. El resto continuarán con sus uniformes.
Esta nueva iniciativa no será una implementación a nivel nacional, sino específicamente para aquellos centros educativos que carecen de recursos.
Según la Secretaría de Educación, para identificar estas escuelas se realizará un pilotaje en diversas regiones que exponen indicadores de pobreza o pobreza extrema.
Por lo tanto, aquellos centros educativos que no conformen ese listado, deberán mantener en regla los uniformes tradicionales de cubayera blanca con pantalón azul. GO/Hondudiario
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