Por:Especiales Proceso Digital ,16 de octubre de 2022 - 9:00 pm. Tegucigalpa – El proceso de selección y elección de
la próxima Corte Suprema de Justicia, se instala en medio de un complejo
escenario de gobernanza legislativa, salpicado por las confrontaciones,
la intolerancia y el fantasma de la legitimidad o no de la actual
directiva en el Parlamento, mientras reposan las reformas necesarias
para dar a la nueva corte mayores soportes en su trabajo por la
justicia. La Junta Nominadora, responsable de la selección de al
menos 45 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, cuya elección recae
en manos del Congreso Nacional de la nómina que le envíen, ha iniciado
su trabajo de organización interna y definición de las reglas del juego
para los postulantes.
Han sido aprobados el reglamento interno, el perfil de los aspirantes, la matriz con que serán evaluados y se ha lanzado la convocatoria para
empezar a recibir sus hojas de vida para entrar al proceso de
selección. El 31 de octubre es la fecha límite que tienen los
postulantes para entregar su documentación.
Los nominadores dicen
que no han recibido ninguna postulación pues recién acaban de hacer la
convocatoria y difundir los requisitos, pero extraoficialmente se conoce
que ya existen un poco más de 60 abogados y notarios que han expresado
interés en postularse solicitando constancias y otros requisitos.
Asimismo, los cabildeos se han intensificado entre dirigentes de algunos
partidos políticos en el poder y en la oposición.
Pero mientras
la Junta Nominadora realiza su trabajo, sorteando incluso obstáculos
internos de protagonismo y presupuesto, en el Congreso Nacional el
ambiente que precede una de las decisiones más trascendentales para la
democracia y del estado de derecho, como es el nuevo Poder Judicial,
está lleno de intolerancias, confrontaciones y carencia de tacto
político, que pueden complicar la gobernanza a lo interno de ese poder
del Estado.
Se suma a ello, el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) que
pide a la Sala de lo Constitucional resolver el caso de la legitimidad o
ilegitimidad de la actual directiva del Congreso Nacional, a fin de
cesar la incertidumbre que al respecto prevalece entre la sociedad y la
comunidad internacional.
🏛 “Públicamente digo que buscaré el espacio para reunirme con la Conferencia Episcopal y que puedan tener un mejor criterio, para que comprendan como aquí impedimos que se rompiera el orden constitucional”. La exhortativa de la CEH El llamado
de la Conferencia Episcopal incomodó de inmediato al oficialismo en el
Congreso Nacional, donde varios parlamentarios de Libertad y
Refundación, iniciaron una campaña de descrédito contra la Conferencia
Episcopal que se cayó a medida que salía a luz pública sus comunicados
en el pasado en torno a los problemas del país: reelección, corrupción , democracia, justicia, derechos humanos, pobreza, entre otros.
El propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, intentó minimizar el
comunicado de los obispos indicando que él se reunía con varios de
ellos, que le aconsejaban y que se iba a acercar nuevamente para
explicarles la legitimidad de su elección. Redondo incluso dijo que la
Corte Suprema de Justicia (en este caso la Sala Constitucional) no tenía
nada que resolver porque su elección fue legal.
El debate sobre
la legitimidad o no de la actual directiva del Congreso Nacional salió
nuevamente a la palestra pública, y el diputado y jefe de bancada del
partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió a Redondo “legalizar” su
situación, tras advertir que su partido podría no acompañarlo en la toma
de decisiones trascendentes para el país si eso no era “corregido”. Una
de esas decisiones de fondo, es la elección de la próxima Corte Suprema
de Justicia, elevando así la escala de crispación a medida que se
acercan los plazos y avanzan los procesos.
Al tema de la legalidad
o ilegalidad de la directiva del Congreso Nacional, se suman otros
hechos que polarizan el ambiente en ese poder del Estado: la
confrontación abierta entre los diputados del oficialismo representados
en Libre con los legisladores del partido Nacional, pero más aún con sus
hasta ahora aliados representados en el Partido Salvador de Honduras
(PSH).
Los agrios debates que se suscitan en las sesiones
legislativas, hacen que las mismas se vuelvan largas y tediosas, que los
decretos que se aprueban sean premiaciones, contratos enviados por el
ejecutivo, pero reformas torales relacionadas con el fortalecimiento de
la justicia para el combate a la corrupción se van dejando de lado, sin
pintar claramente los compromisos del legislativo vinculados a la lucha
contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia.
Manuel Zelaya, ha dado por rota la alianza bicentenario suscrita con PSH
Una “guerra” de ataques Una de las
últimas polémicas fue el encontronazo entre parlamentarias del Partido
Nacional y una empleada del legislativo, por expresiones soeces y falta
de respeto. Las diputadas nacionalistas denunciaron que se ha instalado
en el hemiciclo un discurso de apología al odio hacia ellas y su
partido, pero desde Libre, las mujeres diputadas dicen que son ellas y
su partido, las víctimas del nacionalismo.
En medio del debate,
los diputados del PSH, atacados por no acompañar a Libre en la
aprobación de una polémica ley del Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad y de las Mesas Ciudadanas para dar el tiro de gracia al Foro
Nacional de Convergencia (FONAC) y abrir la puerta para intervenir
organizaciones de la sociedad civil que combaten la corrupción, ha
demandado respeto por parte de Libertad y Refundación, tras las
agresiones y campañas de descrédito montadas en su contra desde las
redes sociales.
La bancada del PSH ha indicado que ellos
acompañarán a Libre en aquellos proyectos que beneficien al país, que
éstos deben ser socializados, pero que no están dispuestos a seguir
pagando caro acciones con las que no están de acuerdo, como los
proyectos de leyes arriba citados. El coordinador de Libre y asesor
presidencial, Manuel Zelaya, ha dado por rota la alianza bicentenario suscrita con PSH, sumando un nuevo ingrediente a las desavenencias que se harán sentir en el Parlamento.
Desavenencias
que no solo están entre Libre y PSH, sino también entre el mismo
Libertad y Refundación, donde algunos de sus parlamentarios que fueron
parte de la disidencia que apoyó a Jorge Cálix para la presidencia del
Congreso Nacional, denuncian marginamiento e imposición de criterios,
además de incumplimiento de acuerdos e incluso presuntos hechos de
corrupción. Este grupo de parlamentarios cedió la candidatura de Cálix,
tras presiones que les recordaban que debían cumplir el acuerdo
bicentenario de otorgar al PSH la presidencia del Congreso.
Actualmente
Libre tiene abiertos enfrentamientos con dos de las principales
bancadas en el Congreso, pero tampoco tiene contenta a la bancada
liberal y más grave aún a lo interno de su propia bancada legislativa no
logran aunar criterios y cada vez se generan mayores confrontaciones
intestinas.
Las reformas que no llegan
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