La aprobación del proyecto de ley encaminado a derogar la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se mantiene estancado al no lograr acuerdos entre las fuerzas políticas del Congreso Nacional, sectores opositores al gobierno contrarían parte de la normativa que pretende implementarse con la finalidad de regular el ente establecido en la Constitución de Honduras.
El Consejo de Defensa y Seguridad es un órgano establecido en la Constitución en el artículo 287, mismo que ordena la creación de una ley especial para su regulación. Desde 1982 este mecanismo estuvo sin efecto, sin embargo, en 2011, siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional, aprobó el Decreto Legislativo 239-2011 dando paso a la instauración de su régimen que subordinó al Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía a su dominio.
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A criterio del investigador y catedrático Alexander Navas Álvarez, “es imperativo” derogar la actual ley debido que al momento que el presidente del Consejo Nacional de Defensa y seguridad asume su cargo recibe “supra poderes” fragmentando la gobernabilidad democrática y vulnera derechos humanos.
Álvarez expone que, desde el crimen del golpe de Estado de 2009 que defenestró al entonces presidente José Manuel Zelaya, la vigente ley del mecanismo “fue utilizada como punta de lanza en la estrategia de remilitarización y concentración de poder”.
Además, señala que se crearon leyes como Ley de Inteligencia Nacional, Ley de Clasificación de Documentos Públicos que ya fue derogada, la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas, la Tasa de Seguridad Poblacional, que constituyeron la estrategia autoritaria del régimen de Hernández.
Califica la derogación de varias leyes lesivas y el proyecto de ley del Ejecutivo para restablecer el Consejo de Defensa y Seguridad como un avance positivo a favor de la endeble democracia hondureña, sin embargo, considera que se deben realizar varias enmiendas que provean certidumbre a la ciudadanía debido que artículos de la normativa generan suspicacia.
“Un paso positivo en la estrategia de reorientación democrática fue la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos y la presentación de un anteproyecto contentivo a una Ley de Seguridad y Defensa. Este anteproyecto, pretende sustancialmente reforzar los balances de poder, al generar un reposicionamiento democrático de operadores de justicia y legisladores, apalancado en la autonomía e independencia de sus funcionarios, generando mayor confianza institucional y cerrando los abismos del autoritarismo y excesos desbocados del poder”, expresó.
Asimismo, valora correctamente la inclusión de los secretarios de Estado de Defensa, Seguridad, Gobernación y Justicia, Relaciones Exteriores y al procurador de la república al Consejo garantizando “una línea constitucional de gobernanza democrática donde se devuelve responsabilidades a las instituciones legalmente capacitadas y obligadas para implementar la política de seguridad y defensa de la nación”.
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Sobre la figura de secretario ejecutivo y adjunto que cuestionan opositores se pronunció que “es oportuno afirmar que los organismos colegiados, deben de contar unidades operativas que puedan mecanizar e implementar las directrices y políticas emanadas del órgano a fin que se pueda cumplir con su mandato legal”.
“Si bien es cierto, hay elementos que pueden ser perfectibles de este proyecto, debe subsanarse cualquier atisbo de duda y confusión en la operatividad del Consejo y de sus órganos adscritos para no desnaturalizar el alcance del Consejo. Existen aspectos positivos en su contenido que deben seguir profundizando su análisis y debate constructivo”, instó Álvarez.
Las razones de Rodil es que esta figura de seguridad se remonta a dictaduras militares instauradas en casi toda la América Latina por parte de los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría y su “doctrina de seguridad nacional” que impulsó para entrenamiento de tortura y asesinatos a clases opositoras.
“No debe olvidarse que esta doctrina se impartía a las fuerzas armadas de la región en la Escuela de las Américas del ejército estadounidense en Panamá y otros centros militares del continente”.
“El Consejo de Defensa y Seguridad fue introducido en nuestro país, como un extraño injerto, en la Constitución de 1982, en plena Guerra Fría, por exigencia del embajador norteamericano John Dimitri Negroponte, sin determinarse su composición ni sus funciones, las que se dejaron para una ley ordinaria especial. Sin embargo, en los 30 años transcurridos hasta el 2011, dicha normativa nunca fue emitida”, expuso.
No obstante, considerando que el gobierno pretende la continuidad del órgano, medita que el proyecto de la nueva ley “contiene como cambio fundamental la restitución de la independencia de poderes” al descartar de sus integrantes al fiscal general y los presidentes del Poder Legislativo y Judicial.
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“Las críticas que se le han formulado a algunas de sus disposiciones me parecen, en su mayoría, correctas y fácilmente subsanables”, añade.
Lamentó que la iniciativa de la presidenta sea manipulada para implantar una campaña contra su gobierno por parte de empresarios, medios de comunicación y del propio Partido Nacional, es especial, la facción ligada al régimen criminal de Hernández, extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Rodil asegura que, en caso de no lograrse acuerdos para aprobar la normativa, no se requiere que Castro convoque al Consejo bajo la arbitraria ley, por el contrario, propone que crear un órgano ejecutivo especial basándose en las atribuciones que le faculta la Constitución.
“Si aun con las reformas que se le hagan, no se logra su aprobación por el Congreso Nacional, siempre puede la gobernante recurrir a la atribución que le confiere la Ley de la Administración Pública para cumplir con el mandato constitucional de ´mantener la paz y la seguridad interior de la República´, y constituir, de este modo, un órgano ejecutivo especial para tal finalidad, excluyendo al procurador general de la república, por no ser de su dependencia, y siempre, desde luego, que las funciones que le asigne se enmarquen dentro de los límites de la jurisdicción constitucional del Poder Ejecutivo”, recomendó.
Cabe indicar que Castro convocó, bajo la ley que instauró Hernández, por segunda ocasión al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para este jueves 1 de septiembre justificando que varias dependencias se encuentran paralizadas al no activarse una estrategia de nación.
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