La exigencia lo han hecho mediante un comunicado público, donde manifiesta que del Parque Nacional Botaderos dependen 34 fuentes de agua que alimentan a los municipios de Bonito Oriental, Tocoa y Sabá en el departamento de Colón y Gualaco y San Esteban en el departamento Olancho. También el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro, afectando a más de 45 mil habitantes de esas comunidades.
A continuación el comunicado.
MANIFIESTO PUBLICO
Los Municipios de Gualaco y San Esteban en el departamento Olancho, Bonito Oriental, Tocoa y Sabá en el departamento de Colón, nos unimos en voz de protesta en contra de la destrucción de nuestro medio ambiente, contaminación del agua y violencia por parte de las empresas mineras JAMART en Gualaco, San Esteban y Bonito Oriental, Inversiones los Pinares en Tocoa y Canteras y Mas en Sabá, las cuales desarrollan una actividad extractiva ilegal, con vicios de nulidad por corrupción en la zona núcleo y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Del Parque Nacional Botaderos dependen 34 fuentes de agua que alimentan a estos cinco Municipios, además de Olanchito en el departamento de Yoro, afectando a más de 45 mil habitantes de nuestras comunidades. En este momento, el rio Tayaco en San Esteban, los ríos San Pedro y Guapinol en Tocoa están sufriendo sedimentación y contaminación.
En el año 2012 el Congreso Nacional mediante Decreto 127-2012 dio categoría de Parque Nacional a la montaña Botaderos con lo cual nuestras comunidades tenían garantía de protección de las fuentes de agua por parte del Estado. Para nuestra sorpresa en el año 2013 el mismo Congreso Nacional, bajo la justificación de ampliación de zona de amortiguamiento y proveer tierras a familias campesinas, emitió el decreto 252-2013 que redujo maliciosamente la zona núcleo del área protegida. Seguidamente INHGEOMIN aprobó dos concesiones mineras de 100 hectáreas cada una para la explotación de óxido de hierro a empresas del grupo EMCO que dirige Lenir Pérez y Ana Facusse, simultáneamente aprobó la concesión minera el Venado a la empresa BDR en el Municipio de Gualaco y en proceso la concesión a la empresa Canteras y Mas en Sabá. De esta manera, el Congreso borró con el codo lo que hizo con la mano.
En el Caso de Tocoa, la concesión recibió permiso de operación el 20 de enero de 2014. El nuevo gobierno encabezado por el actual alcalde Municipal, Adán Fúnez en enero de 2014 viene renovando el permiso y es de su interés se mantenga la empresa en el territorio, a pesar de la destrucción e impactos negativos que las comunidades están sufriendo. Similar es la situación en Gualaco y Sabá, los procesos de consulta tipificados en la legislación Internacional como el convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como derechos Constitucionales, la general del Ambiente y la ley general de Aguas, han sido violentados, provocando serios daños ambientales.
Existen dictámenes técnicos en la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) y el Instituto de Conservación Forestal que obligar a las autoridades de MIAMBIENTE cancelar la licencia ambiental a Inversiones Pinares. La empresa JAMART opera con una licencia que corresponde a otra empresa, por lo que la corporación Municipal como órgano autónomo, teniendo una declaratoria de Municipio libre de minería, no puede otorgar permiso de operación.
A raíz de este atropello ambiental, social, judicial, que lleva muchos años, nuestras comunidades entran en un proceso de lucha permanente en defensa del agua, el ambiente y la casa común en general. Todos nuestros Municipios que suscribimos este manifiesto, tienen declaratorias de Municipios libres de Minería, y en cuyo respeto, queremos que se respeten la declaratorias de Municipios Libre de Minería. Por lo anterior, y considerando que hace pocos meses inicio funciones un nuevo gobierno que ha manifestado compromiso con la patria y abre esperanzas al plantear cambios sustanciales en materia ambiental, hemos decidido decir un BASTA YA a tanto abuso cometido por las empresas mineras, y de manera conjunta demandamos al gobierno que dirige la Presidenta Xiomara Castro y al Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, lo siguiente:
1. La derogación del decreto legislativo 252-2013
para liberar el Parque y revertir las concesiones que tienen sustento
en ese decreto.
2. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
debe pronunciarse pronto en favor del Amparo interpuesto por autoridades
de Saba, que tiene como objetivo proteger el Parque Nacional y las
fuentes de agua.
3. La suspensión y cancelación inmediata de las
operaciones del proyecto minero el Venado en territorio de Gualaco,
habiendo oposición popular manifestada en CABILDO ABIERTO que declara
Municipio libre de minería.
4. Que la presidenta de la República, al no haber
director ejecutivo en INHGEOMIN, Resuelva la Cancelación inmediata de
los dos proyectos concesionados a Inversiones los Pinares; ASP y ASP2
porque están acreditadas sus causales en el expediente respectivo.
5. El Ministro del ambiente debe convocar al comité
técnico independiente para la inspección e investigación objetiva y
creíble de los proyectos concesionados a Inversiones Ecoteck, cuyo
informe técnico demostrara la inmediata cancelación por lesivos a la
vida de las comunidades.
6. Se exige la inmediata inscripción del Parque
Nacional Montaña Botaderos en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal
Inalienable.
Gualaco Olancho, 10 de agosto de 2022
Gualaco, San Esteban, Bonito Oriental, Tocoa y Sabá, juntos por el agua.
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