Los ciudadanos fueron acompañados por bases campesinas y organizaciones religiosas, quienes exigieron una pronta respuesta al reclamo de protección de la zona protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía y sus fuentes de aguas ante la amenaza que representa el megaproyecto minero del Grupo EMCO y sus subsidiarias Inversiones Los Pinares e inversiones Ecotek.
Los habitantes de estas comunidades arribaron a las instalaciones de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbtiente) y pidieron una pronta respuesta al reclamo de protección realizado a esa institución el pasado 23 de marzo de 2022, a través de la aplicación del principio precautorio.
Señalaron que se trata de cinco expedientes de reclamo de protección ambiental, concernientes a los cinco componentes del megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escalera: las concesiones para la explotación de óxido de hierro a cielo abierto ASP y ASP2, la planta peletizadora de Óxido de Hierro Ecotek, la planta eléctrica Ecotek de 50 megavatios y las contratas de aguas sobre el río Guapinol para dar funcionamiento a la planta eléctrica y cinco pozos para la producción de entre 100 a 300 galones por minutos.
A través de un comunicado, los afectados por este megaproyecto minero afirmaron que el mismo es una “severa amenaza para la salud y vida de las poblaciones que consumen agua con sobrecarga de hierro”, la cual, dicen, fue informada a dicha institución en la evaluación de recurso Hídrico Subterráneo del mes de abril 2021.
Asimismo, repudiaron y condenaron el convenio aprobado a Inversiones Los Pinares en un cabildo abierto celebrado en la comunidad de La Laguna el pasado 29 de abril. “Tal decisión representa un grave peligro para nuestras comunidades, el río San Pedro y toda nuestra vida. Responsabilizamos al alcalde y [seis] regidores por la destrucción de la biodiversidad”.
El regidor e integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), Juan López, explicó a Criterio.hn previo a la celebración del cabildo abierto que quienes conocen los procesos de construcción, manipulación y control por parte de Inversiones Los Pinares en esas comunidades, comprenden que dichas comunidades han sufrido un fuerte desplazamiento humano y que quienes han quedado son empleados de la empresa.
El regidor por el municipio de Tocoa explicó que el interés de realizar un cabildo abierto en ese momento radicó en el hecho que la empresa minera tenía en su contra dictámenes técnicos en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbtiente) por no haber realizado cabildos abiertos que dieran luz verde a sus proyectos antes de instalarlos.
Finalmente, los residentes de las trece comunidades del sector San Pedro y Guapinol que se trasladaron a Tegucigalpa rechazaron la imposición arbitraria del gobierno central al elegir al alcalde Adán Funez como gobernador del departamento de Colón.
“Sus incitaciones y actividades, sus nexos con grupos delictivos representa[n] [un] grave riesgo para las comunidades que defienden sus derechos. Exigimos la suspensión de tal cargo”, fue el cierre del comunicado.
El 28 de febrero, el titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbtiente), Lucky Medina, declaró «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto». Sin embargo, el anuncio quedó en un simple comunicado pues la realidad contraria los hechos y las mineras arrecian sus acciones en contra del ambiente y las comunidades que se oponen a la actividad extractivista.
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