Los detenidos son: Ramon Domínguez y Juan García, quienes se opusieron al desalojo, pero no fueron acusados de ningún delito, por lo que su detención es considerada arbitraria.
El presidente del Consejo Lenca Palestina, Martin Gámez, informó que, a las diez de la mañana de este miércoles 18 de mayo, entre 40 y 50 policías, entre preventivos y militares, al mando del sub inspector, Alex Bladimir Diaz Medina, llegaron a las tierras del Consejo Indígena, acompañados de unos 200 trabajadores de la familia Argueta, manifestándoles que tenían que salirse por orden de un tribunal de justicia.
Las tierras son ancestrales y en 1999 el Estado, a través del INA fueron tituladas a nombre del Consejo Lenca de Palestina.
El presidente del Consejo, sostuvo, que el sub inspector de policía, les entregó una copia de la orden de desalojo dictada por el abogado, Rolando Arturo Tome Molina, en su condición de Juez de Letras Seccional, de la Paz y que, al ofrecer resistencia, sus compañeros fueron detenidos y llevados arbitrariamente a la estación policial, donde permanecieron presos durante siete horas.
Asimismo, dijo que la tierra comprende 229 hectáreas y que Juan Gabriel Argueta, reclama ese territorio ancestral, porque el mismo, INA, le otorgó un título de propiedad en el 2016 afectando en más o menos dos manzanas, la propiedad de los campesinos lencas.
Sin embargo, la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Letras Seccional es para que los campesinos lencas abandonen tres lotes de tierra ancestral, situados en la aldea Llano Grande, del municipio de San José, en el departamento de La Paz.
El
primer lote de tierra es 12.56 hectáreas, el segundo, consta de 3.30
hectáreas y el tercero de 10 manzanas. Las autoridades les prohibieron a
los campesinos indígenas documentar el hecho con videos y fotografías.
Ante tal situación el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les solicita a las autoridades acogerse al mandato establecido en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y demás personas que Trabajan y Residen en las Zonas Rurales, los Trabajadores Agrícolas y los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el17 de diciembre de 2018.
La Declaración que reconoce el derecho a una alimentación adecuada, la tierra y el agua, protege la necesidad de respetar la identidad cultural y el conocimiento tradicional de la población rural. Esta Declaración fue adoptada por el Estado de Honduras y sus autoridades están obligadas a cumplirla.
http://www.clibrehonduras.com/cl/index.php/portada-alertas/1486-dos-dirigentes-campesinos-lencas-detenidos-arbitrariamente-en-desalojo-en-la-paz
*********************************
Juzgado de Ejecución estaría utilizando audiencia como anzuelo para capturar a periodista
- Alerta Amenazas
Carlos Ávila es un periodista perseguido, por haber publicado una denuncia suficientemente documentada, sobre el acoso sexual de un profesor del Institutito José Cecilio del Valle, contra sus alumnas de tercer año de computación. Él fue querellado y condenado a cuatro años de prisión, por el delito de calumnias.
Con el Código Penal anterior, Ávila podía conmutar la pena y pagando una caución monetaria, evitaba ir a prisión. Sin embargo, en diciembre pasado, el Tribunal de Ejecución, de oficio, le aplicó la retroactividad de la Ley y le redujo la condena de cuatro años a un año con dos meses, pero sin el derecho de conmutar. Ordena captúralo y ser llevado a la cárcel, porque la nueva Ley penal, no contempla ese beneficio.
A solicitud de la defensa del periodista, el referido Tribunal, programó una audiencia para el reemplazo de la pena. La acción debió desarrollarse en la tarde de este lunes 16 de mayo, con la asistencia personal de las partes, exceptuando al periodista Ávila, quien debió hacerlo de manera virtual, evitando caer en una trampa, ser capturado y enviado a prisión.
Sin embargo, la juez de Ejecución, determinó a última hora suspender la audiencia, argumentando que el imputado, no estaba presente. El periodista y su defensa son del criterio que las autoridades podrían utilizar la audiencia como un anzuelo para capturarlo y mandarlo a la cárcel.
“La juez, el fiscal, el querellante y su abogado están empecinados que llegue para enviarme a prisión a pesar de que presentamos la solicitud de audiencia virtual por enfermedad”, dijo el periodista, Carlos Ávila, en comunicación con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
La defensa ha manifestado que ya son varias las veces en que le han solicitado a la juez, la suspensión o reemplazo de la pena, pero que cuando le mencionan que la audiencia se desarrolle de manera virtual, siempre dice que no hay condiciones para hacerlo.
Esa situación mantiene al periodista en la clandestinidad evitando ser capturado, su contexto es delicado y no le permite poder trabajar para el sustento de su familia. El caso de Ávila ya es conocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El problema se agrava porque pese a las recomendaciones de organismos internacionales para la despenalización de los delitos contra el honor, el Código Penal vigente sigue contemplando figuras delictivas que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
En el marco del Día Internacional de Libertad de Prensa, celebrado el pasado tres de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió, resguardar la libertad de prensa y reformar los artículos del Código Penal aplicados a periodistas.
Desde el año 2009 cuando se incrementó la violencia contra los periodistas, Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y desde las 2001 ya se registran 96 asesinatos contra periodista y personas ligadas a los medios de comunicación.
Ver más noticias en: http://www.clibrehonduras.com/cl/index.php/alertas
No hay comentarios :
Publicar un comentario