Sin embargo, algunos diputados rechazan que se disminuya sus salarios como una medida de austeridad, mientras otros exigen la aprobación de la normativa que permita reducir el gasto público.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Samuel Madrid, presentó el proyecto de ley para reducir en un 50% el salario de los empleados de cargos públicos y de diputados y magistrados cuyos salarios excedan los 60 mil lempiras mensuales.
Por su parte, la diputada Beatriz Valle presentó la moción para disminuir en un 20% los salarios de los diputados propietarios y suplentes considerando que no todos los congresistas ganan los mismos salarios.
Con dicha reducción, el Estado de Honduras ahorraría 60 millones de lempiras anuales, 40 millones por diputados propietarios y 20 millones por diputados suplentes, contrario a la reducción de un 50% que superaría los 150 millones.
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Con respecto a los descomunales salarios de funcionarios, se ha denunciado que en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) existen sueldos mayores a los 350 mil lempiras al igual que el Banco Central de Honduras (BCH), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
En tanto, en el Poder Judicial hay funcionarios con pagos de 180 mil lempiras, misma situación ocurre en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), entre otros entes estatales.
El congresista Jorge Cálix, quien orquestó una crisis política al instaurarse como presidente del Congreso Nacional en paralelo con Luis Redondo, finalmente cediendo a su pretensión, es del criterio que “no hay excusa” para aprobar la normativa que establezca una reducción de los altos y excesivos salarios.
Contrario, el diputado Juan Barahona rechaza que se apruebe la reducción de salarios, al igual que el congresista Rasel Tomé, quienes afirman que “no hay ambiente” dentro del hemiciclo. Barahona dice estar en contra de la moción “porque hay congresistas que comparten su salario con las bases”.
“Si eso se reduce la base se quedaría sin ayuda. Yo creo que en la capacidad que hay, con el salario que tenemos y con la demanda que hay, el salario es poco. Casi todo el sueldo lo daba en ayudas, debe mantenerse el salario a los diputados”, dijo.
Para el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, la reducción debería rondar entre el 10 a 15% como una medida congruente justificando que se podría incentivar la corrupción si los salarios son bajos.
«Quienes proponen una reducción sustancial en el sueldo de los diputados lo hacen con propósitos populistas. Los diputados ganamos 90 mil lempiras, no 200 o 300 mil como altos funcionarios del BCH y de Banhprovi. Gano más como médico», expresó.
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Según Umaña, reducir los salarios de diputados podría incentivar la corrupción con la compra de voluntades al estar “mal pagados” por lo que recomendó la recreación de una política pública que regule los exorbitantes sueldos.
Por otro lado, el diputado Sergio Castellanos indica que el gobierno de Castro será austero, aunque considera que la reducción de un 20% en el sueldo de diputados es significativo, pero se debe reducir los salarios de funcionarios que ganen más que la propia presidenta.
Además, al igual que la diputada Suyapa Figueroa, valora que se deben eliminar las prebendas y privilegios como el arrendamiento de vehículos para congresistas, el seguro médico privado y adherirse al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), extinguir los salarios vitalicios y viáticos.
Sumado a lo anterior, el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, presentó un decreto de ley para reducir el número de diputados y limitar los periodos a los que puede optar al cargo al igual que a nivel de corporaciones municipales.
El diputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, quien ha asumido posturas diferentes a la bancada nacionalista reconociendo a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, está de acuerdo con la reducción de salarios y anunció que su voto sería a favor de la iniciativa.
Una vez fuera del control del poder político, el presidente del Partido Nacional y regidor de la capital de Honduras, David Chávez, respalda la iniciativa cuando fue bajo el periodo que fungió como diputado que se aprobó otorgar prestaciones laborales a exfuncionarios violentando la Ley de Servicio Civil.
“Saludo la iniciativa de reducción de salarios y que ningún funcionario gane más que la presidente de la república. Inconcebible salarios de casi 300 mil lempiras y condenamos el pago de prestaciones de altos funcionarios por cantidades millonarias”, sostuvo.
A criterio del economista y afín al partido de gobierno, Nelson Ávila, existen empleados y funcionarios que ganan más de diez mil dólares al mes que no son profesionales en la materia y no cuentan con la experiencia para el cargo que son nombrados.
Por su parte la diputada Silvia Ayala propone que a los diputados que no se presenten a sus labores no se les pague su salario debido que la mayoría ni siquiera se presentan a las sesiones legislativas los tres días a la semana.
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