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Los gastos desenfrenados en la administración pública se relacionan principalmente al pago de sueldos y salarios, viáticos, gastos de representación, compra y renta de vehículos y pago del servicio de la millonaria deuda pública.
El Congreso Nacional aprobó este viernes con la dispensa de dos debates el Presupuesto General de la República de 2022 por 308,233.6 millones de lempiras.
La administración central tendrá un presupuesto 179 mil millones de lempiras, 35.5% de este para sueldos y salarios y el 29.5% para pago de servicios de la deuda, ambos, que representan los mayores gastos, ascienden a 110 mil millones.
Se estima que la deuda pública del gobierno central anda en USD 15,179.2 millones, lo que representa el 57.4% del Producto Interno Bruto (PIB) siendo esto una fuerte carga económica, ya que se traduce en un pago anual por servicio de deuda de 40 mil millones de lempiras.
Rebeca Santos del equipo de transición del gobierno entrante ha dicho en los últimos días que al asumir funciones buscarán con los bancos y organismos crediticios negociar el pago de la deuda. Asimismo, la contribución de países amigos que ayuden con la ejecución de algunos proyectos.
En el informe del Fosdeh, “Los Dilemas del Presupuesto General de la República 2021”, se hicieron algunos planteamientos previos a la aprobación del presupuesto de este año concluyendo que se debía evaluar el gasto en rubros como la educación, ya que no ha reflejado una mejoría en las tasas de analfabetismo y, por lo tanto, los que asisten a centros educativos no alcanzan un adelanto significativo.
Sin embargo, el 2021 está por cerrar y las observaciones de la organización de sociedad civil nunca se pusieron en práctica, por el contrario, se asumieron nuevas deudas para programas asistencialistas de cara a las elecciones generales con la intención de manipular la intención de los votantes.
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Parte de los gastos, que deberían ser revisados, rememora el millonario contrato que el gobierno contrajo en el 2015 con la empresa Econo Rent A Car para la renta de vehículos por parte del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, con la excusa que el mantenimiento de los automotores no era posible por los propios funcionarios policiales.
El gasto, que implicó el pago diario de 250 patrullas policiales a precios unitarios que oscilaban entre 45 a 50 dólares, se manejó en hermetismo al considerarse información confidencial como parte de la Ley de Secretos Oficiales.
En aquella ocasión varias voces hicieron eco de este despilfarro del gobierno de Juan Orlando Hernández, entre ellos el entonces representante del Grupo Sociedad Civil, actualmente secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, quien advirtió que, con el contrato con la rentadora de vehículos, el Estado erogaría más de 100 millones de lempiras al año.
El economista y miembro del gabinete de transición del gobierno electo, Marcio Sierra, calcula que para el 2022 solamente en pago de servicios e interés de capital el Estado deberá erogar 52 mil millones de lempiras, frente a un ingreso fiscal de aproximadamente 96 mil millones, quedando como saldo unos 44 mil millones para hacerle frente a otros gastos como salarios y gastos corrientes.
Las cifras manejadas por Sierra son similares a las proyectadas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) que cuantifica para este año una recaudación fiscal de 96,388.1 millones de lempiras, con el antecedente que Honduras recaudó en 2017, 96,695.1 millones de lempiras.
Siempre que se habla de gasto público se hace referencia a la fuerte masa salarial generada por la amplia burocracia y que se calcula en al menos 207 mil puestos laborales, de los cuales 127 mil cuentan con un acuerdo y 80 mil por contrato, generando un elevado gasto en sueldos y salarios y en algunos casos con personas contratadas que no cumplen ninguna labor.
El pasado 29 de noviembre, al día siguiente de la derrota del oficialista Partido Nacional, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gaceta un acuerdo mediante el cual se contempla el otorgamiento de acuerdos a todo el personal que labora por contrato en la administración pública. Esta medida ha sido rechazada por el gabinete de transición que afirma que el acuerdo no tiene validez porque carece del soporte presupuestario.
Para el economista, Fredy Tejada, debe hacerse una revisión de los exorbitantes salarios que devengan muchos funcionarios públicos y que son un insulto para los pobres que apenas perciben dos dólares al día.
Tejada enfatizó en la desigualdad que hay entre algunos funcionarios que perciben salarios de hasta 400 mil lempiras, frente al salario mínimo de 10,022.04 lempiras que devenga el trabajador promedio.
Por su parte el analista y economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, manifestó a Criterio.hn que la reorganización del gasto público debe contemplar la reducción de los impuestos al combustible ya que esto encarece el estilo de vida del hondureño.
En Honduras el impuesto que se aplica a los combustibles se llama Aporte de Gasto Social de Patrimonio Vial y se fija en USD 1.41 por cada galón de gasolina superior, USD 1.24 para la gasolina regular, y así sucesivamente para el resto de los derivados del petróleo. Los precios se ajustan todos los lunes. Para el primer semestre de 2021 el Servicio de Administración de Rentas (SAR) reportó un ingreso de 7, 373,4 millones de lempiras por este impuesto.
El 8 de noviembre pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un resumen ejecutivo de la LXXII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2021, en el que especificó que el 73.6% de los hogares hondureños se encontraban en condiciones de pobreza. Sin embargo, horas más tarde la publicación fue borrada y sustituida por la «nueva metodología», que siempre reconoce un ascenso del nivel de pobreza en comparación con los últimos años.
INGRESOS Y EXONERACIONES FISCALES
Otro dilema para sujetar los compromisos estatales es el tema de los ingresos, pero en este particular el economista del Fosdeh considera que no habría dificultades debido a la reingeniería que hubo en los últimos años al pasar la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) al Servicio de Administración de Rentas (SAR) lo que, a su juicio, ha mejorado la recaudación tributaria porque ha desarrollado métodos como la facturación electrónica, los recibos para consultores y otros. Lo anterior, a juicio del economista, “ha hecho que se ordenen los ingresos”.
Para el nuevo gobierno se requiere de la implementación de un plan austero que incluya la eliminación de las exoneraciones fiscales que tanto daño han hecho al país y que comenzaron a aplicarse a favor de muchas empresas a partir del gobierno del expresidente Carlos Flores (1998-2002), mediante alivios fiscales.
Inicialmente las exoneraciones fiscales favorecieron a empresas transnacionales ligadas a las comidas rápidas, pero con el paso de los años esos beneficios se han trasladado a inversionistas nacionales especialmente en la generación de energía hidroeléctrica, en zonas libres de turismo y últimamente a organizaciones privadas de desarrollo, cooperativas o grupos poblacionales específicos, como los discapacitados, los adultos mayores y los maestros.
Una investigación de Criterio.hn, publicada en octubre pasado, estimó que solo en los últimos cuatro años de la segunda gestión de Juan Orlando Hernández, el Estado dejó de percibir al menos 172.7 mil millones de lempiras, en pago de impuestos, bajo la excusa de atraer inversiones, generar empleos o evitar conflictos sociales.
Las exoneraciones fiscales crean desigualdad ante las Micro y Mediana Empresa del país (MiPymes) que aportan aproximadamente el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) y por lo menos siete de cada diez empleos en el país.
Para el economista, Freddy Tejada, las exoneraciones fiscales no solamente deben revisarse, sino que deben desaparecer, porque son beneficios desiguales que año con año aumentan el nivel de pobreza de los hondureños.
Para el nuevo gobierno sería una de las claves para que las finanzas del Estado se recuperen porque solo por exoneraciones en Honduras se deja de recibir más de 40 mil millones de lempiras anuales, estimó Tejeda.
Entrevistado por Criterio.hn, Tejada precisó que la supresión de las exoneraciones fiscales se traduciría en la eliminación de vehículos de lujo debido a que generan mucho gasto de combustible, también de helicópteros y aviones que no son necesarios.
Con esto, se eliminaría parte de las erogaciones corrientes y se podría invertir en un mayor presupuesto para rubros como salud y educación, acotó.
NUEVOS IMPUESTOS
Una de las preocupaciones de los hondureños es el establecimiento de nuevas cargas impositivas por parte del nuevo gobierno y con esto el costo de vida se torne más oneroso.
La preocupación se agudiza más por las altas tasas de desempleo que golpea al 9,4%, de la Población Económicamente Activa (PEA) y porque las personas que poseen un empleo devengan salarios por debajo del costo de la canasta básica, que, según la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), anda en 10,300 lempiras frente a un salario mínimo promedio de L. 10,022.04 lempiras.
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MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Para otro economista hondureño que prefirió el anonimato, el gobierno de Xiomara Castro, no debe concentrar sus fuerzas en la recaudación tributaria sino en mejorar la calidad del gasto público.
Para el 2022 el gobierno actual elaboró un presupuesto general que sobrepasa los 308 mil millones de lempiras, lo que representa un incremento de más de 19 mil millones con respecto al aprobado para el 2021 y el 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El presupuesto fue aprobado este viernes por el Congreso Nacional, sin tomar en cuenta la petición del equipo de transición del nuevo gobierno que pidió que la aprobación quedara pendiente para el próximo periodo constitucional que inicia el 25 de enero.
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Honduras es el país de la región centroamericana con la relación presupuesto-PIB más alta, sin que esto implique tener indicadores sociales más alentadores en cuanto a mejoras sociales. Para el caso, solo en diez años el desempleo se ha incrementado en 2.7 veces, la pobreza alcanza a al menos siete de cada diez hondureños, y el subempleo afecta a siete de cada diez personas ocupadas, explicó el economista.
Asimismo, recalcó también que para el 2022 un 44 por ciento del presupuesto general se destinará en gastos operativos con 137 mil millones de lempiras, siendo urgente reorientar estos gastos para el mejoramiento de las inversiones del Estado y así sanear las finanzas de la República.
En cuanto a las revisiones de exoneraciones fiscales, opinó se debe hacer en el nuevo gobierno porque en la actual administración de Juan Orlando Hernández, el Fondo Monetario Internacional FMI) ha mencionado en todas las revisiones del Acuerdo Standby sobre la urgencia de reducir las exoneraciones fiscales y equipararse con el resto de la región latinoamericana de al menos un 3% del PIB.
Actualmente, las exoneraciones fiscales representan el 7% del PIB, lo que se traduce a 45 mil millones de lempiras, cuantificó el economista.
Para el economista y ex presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, el nuevo gobierno de Xiomara Castro, solo tendría que conformarse con la recaudación fiscal, a través del incremento de los impuestos, lo cual a su parecer no es viable, además de evitar que la carga salarial aumente en el sector público, debido a que la práctica de contratación de personal en cada cambio de gobierno reduce la posibilidad de inversión social por el gasto en educación y salud , los cuales deben estar basados en un sistema sólido de planificación orientado al bienestar del pueblo hondureño junto a un crecimiento socioeconómico.
Cabe mencionar, que uno de los fines del gasto público es mejorar el acceso a la educación y salud de la población, pero esto no ha sido así y un ejemplo de ello es que el gasto en educación en 2010 era de L.22,028 ,50 y en 2020 pasó a L.28,252.01, una variación insignificante que no ha dado un resultado efectivo ni ha implicado mejoras.
Como resultado del mal enfoque presupuestario un informe del Fosdeh explica sobre la escasa capacidad técnica que posee la mayoría de los hondureños debido a la falta de escolaridad que no supera los ocho años de estudio en esta última década.
En el informe también detalla que el gasto en salud por el contexto de la COVID-19 es inferior a las necesidades para atender la pandemia. Para el caso en 2020 fue muy por debajo para lo que implica la operatividad del principal centro asistencial del país donde anualmente se brindan 4,000 atenciones solamente en la Sala de Emergencia de Cirugía General.
FALTA DE TRANSPARENCIA, CORRUPCIÓN Y DERROCHE
Los últimos tres gobiernos de Honduras en manos del conservador Partido Nacional han sido identificados por ser poco transparentes, corruptos y derrochadores de los fondos estatales.
La falta de transparencia tiene base, entre otras cosas, en la aprobación en el 2014 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”. Esta normativa blinda hasta por 50 años la información pública en 16 instituciones del Estado.
Esta opacidad ha favorecido para que funcionarios, incluyendo el círculo familiar del presidente, Juan Orlando Hernández, hayan sido señalados por actos de corrupción ligados al saqueo de instituciones del Estado.
La corrupción y la falta de transparencia ha sido fraguada a través de los medios corporativos que también han sido beneficiados con millonarias sumas de dinero a través de la antidemocrática Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Canje”. Esta normativa, vigente desde junio de 2013, establece el canje publicitario entre el gobierno y los medios de comunicación, favoreciendo a estos con el perdón de deudas del pasado, presente y futuras por cualquier obligación fiscal, incluyendo impuestos y servicios públicos.
Critrerio.hn lleva más de cuatro años en un proceso de investigación infructuoso, para conocer a cuánto asciende el beneficio alcanzado por los medios de comunicación, debido a las barreras impuestas por la Ley de Secretos y a una ausente institucionalidad que es incapaz de aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 2006.
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