Para la lideresa, estas acciones generan “un problema psicosocial, mental, si las ancianas tenemos que cuidarlas, yo estoy asustada hasta dónde se ha llegado con este nivel de impunidad y de corrupción del sistema de justicia”, agregó.
La defensora se encontraba en la sede de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de La Ceiba y esta noche sería traslada a Trujillo, custodiada también por sus familiares.
“Probablemente mañana se lleve la audiencia de declaración de imputado”, señaló Andino.
La letrada informó que Bonilla Flores tiene dos órdenes de captura en dos expedientes judiciales, el primero es el 023-2021 relacionado con los delitos de usurpación daños y amenazas en perjuicio de la empresa de bienes raíces Juca y su dueña Rosario Edilma Fajardo Ruiz, y por los que están requeridas 31 personas en total.
El segundo expediente, el 020-2021, fue abierto por los delitos de usurpación, robo con violencia intimidación en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas, y en el que 29 personas han sido requeridas.
Hasta el momento, unas cuatro personas han sido judicializadas y otras se presentaron voluntariamente, pero la comunidad garífuna especialmente es la que ha sido más criminalizada y amenazada, remarcó la abogada.
“Básicamente se están dando las órdenes de captura, se están criminalizando y agarrando a las personas así como agarraron a doña Silvia”, añadió.
Explicó también que en el primer y segundo expediente las personas criminalizadas son prácticamente las mismas.
Andino dijo que la comunidad de Cristales y Río Negro tiene un título emitido por el presidente Manuel Bonilla en 1901, pero los demandantes presentan títulos emitidos años después.
Denunció que también el Instituto Nacional Agrario (INA) ha venido cambiando los límites de las tierras “a modo de que se han hecho concesiones y se han vendido por partes”.
Las personas que alegan ser dueñas tienen títulos normales sin contar con que la comunidad tiene un título ancestral de hace 120 años, el cual también las autoridades están desconociendo.
Eso fue lo que ocurrió con las defensoras Marianela y Yennifer Mejía, quienes fueron capturadas en marzo pasado y liberadas días después. En este caso “básicamente los jueces no tomaron en consideración lo que es el título ancestral”, recordó.
De hecho, estos hechos deberían dirimirse por la vía civil y no la penal, “pero lo que se quiere hacer es criminalizar a la gente” de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Las disputas por esta comunidad garífuna del norte de Honduras iniciaron en agosto del año pasado y las órdenes de captura se emitieron en febrero.
Tres meses después de la captura y liberación de las hermanas Mejía, “estamos viendo que ya están capturando aisladamente a la gente de la comunidad garífuna para criminalizarla”.
https://criterio.hn/capturan-a-mujer-garifuna-de-73-anos-por-defender-su-territorio-en-el-norte-de-honduras/El único recurso que queda frente a las ZEDE es la desobediencia civil: Maribel Espinoza
Redacción CRITERIO.HN - Junio 16 - 2021 
Tegucigalpa.- Para la abogada Maribel
Espinoza, experta en el estudio de la Constitución, el único recurso que
queda después de que los tres poderes del Estado ya se refirieron a las
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y tomaron una decisión en
contra de la voluntad del pueblo es la “desobediencia civil”.
El 14 de junio, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia estableció la creación de jurisdicciones especiales en las ZEDE, con lo cual “está dando paso a la consumación del proyecto político de Juan Orlando Hernández de fragmentar el país mediante la instalación de ciudades estado en todo el territorio de Honduras”, dijo la profesional del derecho.
“Solo el pueblo salva al pueblo y llegó la hora de defender la integridad territorial, la soberanía del pueblo sobre su territorio y el imperio de la Constitución a través de la desobediencia civil”, dijo Espinoza.
Pese a que la Constitución lo prohíbe, el comunicado de la Corte establece jurisdicción especial en materia penal, de la niñez y adolescencia, con lo cual no habrá jurisdicción en las demás materias como derecho del trabajo, inquilinato, civil, familia, contencioso administrativo, explicó la profesional del derecho.
“Con ello se demuestra lo que hemos venido afirmando, que las ZEDE tendrán su propia legislación y su propio sistema de impartimiento de justicia”, indicó Espinoza.
También se refirió a que “la decisión de creación de la jurisdicción establece claramente que estas ZEDE tendrán autonomía, es decir la aplicación de la justicia en las ZEDE será autónoma y eso resulta de la lectura del propio comunicado”.
No obstante -continuó-, cuando la Corte Suprema dice que está cumpliendo con las formalidad de su creación significa que, de aplicarse la ley orgánica de las ZEDE, quienes van a proponer los nombramiento de jueces será el Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas.
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Con esto, “hay una enorme contradicción” entre la decisión de la Corte y lo establecido en el artículo 304 constitucional reformado, según el cual “los jueces en estos fueros serán nombrados en el Congreso Nacional por mayoría calificada de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros”, mientras que el artículo 239 constitucional “dice muy claramente que en las ZEDE el poder judicial por medio del Consejo de la Judicatura debe crear tribunales con competencia exclusiva y autónoma”.
Para Espinoza, “esa contradicción resulta de la actividad por parte de los creadores de las ZEDE en un intento fallido para darle una autonomía a la jurisdicción en estas zonas, eso es lo grave en este asunto”.
Además, “con esa decisión lo que se ha provocado, por no decir se ha consumado, es una enorme desigualdad entre los ciudadanos que estamos sometidos a los jueces y tribunales conforme las leyes emitidas por el Congreso Nacional”, con los ciudadanos de las ZEDE que tendrán su propio ordenamiento jurídico y una forma diferente de impartimiento de justicia por jueces independientes al poder judicial. Estos, incluso, “podrán aplicar normas jurídicas de tradición anglosajona que no es reconocido en nuestro derecho positivo”.
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