La investigación data de 2015, cuando el CNA recibió la denuncia de esta irregularidad y procedió a solicitar información a través del Instituto de Acceso a la Información Público (IAIP).
El equipo en cuestión funcionaría en la Dirección de Regulación Sanitaria, ahora Dirección de Vigilancia de la Salud.Un año antes, la Secretaría de Salud firmó en febrero un contrato de consultoría con una persona natural, para la elaboración de un documento de requisitos técnicos.
Según el CNA, en esa contratación se manipularon los términos de referencia para que el consultor seleccionado fuera una persona “de preferencia de la exdirectora de Regulación Sanitaria”
En marzo, Salud suscribió otro contrato de consultoría con una persona natural, para la elaboración de documento de diseño de pantallas del sistema. “Bajo el mismo mecanismo fraudulento, se contrató a la misma persona natural”, señala el ente anticorrupción.
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Según la investigación para no sobrepasar los límites permitidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, “se fraccionaron los contratos para favorecer a la misma persona natural”.
En mayo se celebró otro contrato con una empresa para la creación de bases de datos. Aparentemente, entre las empresas participantes, según el CNA, hay algunas sin dirección física y otras legalmente constituidas, y “presentaron ofertas más arriba del límite permitido” por las Disposiciones Generales del Presupuesto para “orientar la contratación” a una empresa en particular.
Ese mismo mes, Salud suscribió un nuevo contrato, esta vez para el acompañamiento técnico en sesiones de coordinación. También en este caso el valor estuvo cerca del límite permitido para contrataciones privadas.
“Cabe resaltar que todas las empresas oferentes en este contrato son familiares entre sí, por lo que independientemente la que se eligiera, siempre serían favorecidas las mismas personas”, señala el CNA, lo cual evidencia la colusión de los funcionarios que integran la comisión evaluadora y la funcionaria requirente del contrato.
En junio, Salud celebró un nuevo contrato, esta vez con una empresa para la programación de web por un valor desproporcionado en comparación con los del mercado.
Una de las empresas que aparece entre las ofertantes en este proceso aclaró al CNA que no tuvo ninguna participación en el mismo, por lo que se concluyó que toda documentación que apareciese sobre esta era “totalmente falsa”.
La Secretaría de Salud firmó otros contratos en junio, julio, septiembre y octubre en los que el denominador común fue también la sobrevaloración y la manipulación para orientar el otorgamiento a una empresa determinada, entre otras irregularidades.
El CNA presentó la denuncia contra la exministra de Salud Yolani Batres y siete funcionarios.
Pero “después de cinco años, seguimos exigiendo justicia”, informó el ente anticorrupción.
Aunque la denuncia contra los funcionarios por el caso que ha sido denominado Omega 5 fue presentada en 2016, fue hasta esta semana que el Ministerio Público a través de su portavoz Carlos Morazán informó a medios de comunicación el inicio de investigaciones por la compras supuestamente irregular del sistema por el que se habrían pagado 9 millones de lempiras cuando su precio real era de dos millones.
Además de Batres, el otro investigado fue identificado como Benelio Alvarado.
COPINH exige esclarecer responsabilidad de Ficohsa, BCIE y FMO en crimen de Berta Cáceres
El reclamo fue realizado durante una conferencia de prensa organizada por el COPINH y que contó con la participación del Equipo Legal de la Causa Berta Cáceres, la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, la Global Justice Association y las organizaciones holandesas Both ENDS y SOMO.
El COPINH saludo la decisión del banco FMO en no otorgar el préstamo por US $60 millones a banco Ficohsa, subrayando la importancia de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que sufren el coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las elites. Sobre todo cuando estos proyectos afectan los derechos al agua, el territorio y que conllevan al desplazamiento, la criminalización y el asesinato de personas que reinvindican sus legitimos derechos.
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Resaltaron mediante un comunicado que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento de Banco Fichosa al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de la reiterada negación por parte de Ficohsa.
Las organizaciones holandesas Both ENDS y SOMO, a través de sus representantes Anne de Jonghe y Luis Scungio, respectivamente, hicieron un llamado a transparentar las motivaciones para la no aprobación del préstamo a Ficohsa, y las implicaciones de esta decisión sobre otras relaciones que mantienen con el banco hondureño. Asimismo, le solicitaron dialogar con los grupos interesados (sus stakeholders) y ser cristalinos sobre cuál es el destino final de sus inversiones que realizan a través de este banco que ha ejercido funciones de intermediario en Honduras.
El COPINH recordó que Agua Zarca no es el único proyecto inconsulto que violenta los derechos de los pueblos en Honduras. Reconoció el trabajo de otras comunidades y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como es el caso del proyecto Jilamito en Atlántida.
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LLAMADO AL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL
La coordinadora general del COPINH, Bertha Zúniga Cáceres, exhortó a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional que financia y respalda proyectos de despojo, responsables del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades hondureñas, otras regiones del Abya Yala y el sur global.
«Para nosotras este es un momento muy importante ya que venimos luchando para que se asuma la responsabilidad, luchando también por el acceso a la información de cuánto invierten, de qué manera hacen contrato con empresas. Deben demostrar también los antecedentes que tienen muchas de estas instituciones», declaró Zúniga.
El abogado Víctor Fernández, integrante del equipo legal de la Causa Berta Cáceres, remarcó que las comunicaciones obtenidas del vaciado telefónico infieren un reclamo de transparencia y mayor publicidad en lo que refiere a los términos en que el sistema financiero se involucra en los proyectos.
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Asimismo, expuso que ojalá esos fondos del sistema internacional financiero fuesen realmente usados para el desarrollo de los pueblos, sin embargo, están financiando disputas, violencia y a los generadores del subdesarrollo de los pueblos como es el sistema financiero nacional. «Es el sector que más se lucra, el que más genera desigualdades aquí en nuestra sociedad», apuntó.
La representante de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Mara Bocaletti, sostuvo que no se puede seguir aceptando proyectos que vulneren los derechos humanos y que no cumplen los mejores estándares posibles, pues al no cumplir con derechos fundamentales como el derecho de consulta «abre lugar a un círculo vicioso negativo» que exacerba la conflictividad y ruptura social.
También afirmó: «Las empresas modernas deben ser reconocidas por su coherencia en la promoción del desarrollo sostenible y de los derechos humanos. […] No estamos para nada en contra del desarrollo, pero nuestro trabajo es exigir que los proyectos cuenten con reglas claras sobre información, participación y cumplir con las salvaguardas sociales y ambientales que no es un costo económico o un obstáculo sino un proceso para promover la efectividad y reducir los riesgos y daños de los proyectos».
Finalmente, manifestó que es obligación de los Estados diseñar políticas públicas desde y para los pueblos indígenas, mestizos y campesinos «que prioricen las necesidades de la población y que no sean impuestos desde los intereses de los sectores privados».
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