Tegucigalpa.- Luego de más de seis horas en audiencia inicial en contra de Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H) y Santos Vigil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se les dictó prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado.
Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza, donde Santos Vigil es miembro, pero fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de tres delitos, de los que la juez desestimó dos, pero quedan privados de libertad por el delito de desplazamiento forzado.
En la audiencia inicial se hizo la defensa técnica de los compañeros de los tres delitos de los que se les dio sobreseimiento provisional, por el delito de robo forzado y por el delito de daños, y se le dio auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado y se les dictó la medida de prisión preventiva a la que nosotros vamos a apelar la resolución dentro del plazo de tres días que tenemos, para que sea la Corte de Apelaciones de Comayagua quien revoque dicha resolución porque no estamos conformes”, añadió Medina.
A Víctor y a José Santos se les dicta prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado hecho que no pudo argumentar la Fiscalía, según lo expresado por el abogado Medina.
“El desplazamiento forzado, según mi estudio como defensor de los derechos humanos, es que hay un ataque sistemático hacia una persona cuando por razones de su domicilio laborales, es desplazada por amenazas a muerte por un grupo criminal, pero son ataques no una vez, son ataques sistemáticos, cosa o situaciones que no pudo argumentar la Fiscalía, es más, la fiscalía no pudo ni demostrar ni en efecto que la señora (la que está haciendo las acusaciones) trabajaba en esa casa, como quien dice cuidando a unos trabajadores, a los mozos le llaman ellos y que de allí fue desplazada”.
“El delito de desplazamiento forzado según el artículo 248 del nuevo Código Penal de la Impunidad, por ese delito la pena es de seis a nueve años de reclusión, porque cuando pasa la pena de 5 años en un delito en un supuesto delito, porque todavía no ha sido vencido en juicio, y dice la ley que es una pena grave”, añadió el abogado defensor.
El abogado añadió que “la Fiscalía tampoco pudo demostrar el derecho de propiedad para acreditar que esa casa o una escritura que ellos presentan, correspondía a esa casa, es por eso que el juez dictamina el auto de formal procesamiento, solo con la declaración de una de las imputadas que es la que cuidaba la casa, y dice que entró Víctor y José Santos Vigil a la propiedad y que por amenaza ellos tuvieron que irse”.
“En este caso la Fiscalía tenía que haber acreditado en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que hay una denuncia ante el CONADEH y no lo hizo, entonces no se cumplen los presupuestos legales pero la jueza que no conoce de derechos humanos, que no valora los pueblos indígenas, que no valora la ley, que no valora el convenio y que no valoró incluso esa prueba contundente de que Víctor tiene medidas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y emite ese acto de formal procesamiento; la jueza está cometiendo incluso delito para nosotros, va a tener que ser denunciada, agregó.
El abogado Medina dijo a defensoresenlinea.com que la detención de Víctor y José Santos responde a persecución a los líderes campesinos de La Paz, con el propósito de debilitar los liderazgos que defienden la tierra y los territorios.
“Recuerde que los alcaldes, tanto de Santa María como de Santiago de Puringla, están a favor de la explotación minera, de las hidroeléctricas de los planes de manejo que va a destruir el medio ambiente, el bosque y no están conformes con los Consejos Indígenas, con la organización del movimiento social, porque defienden ese recurso que es nuestra vida”.
“Lastimosamente la Fiscalía se presta para procesar estos requerimientos fiscales y a nuestra maneras de ver en efecto hay ataques sistemáticos en contra de este grupo étnico y grupos campesinos, para poder lógicamente eliminar este movimiento que viene trabajando desde hace muchos años en el departamento de La Paz, y lógicamente criminalizándonos a los líderes, el movimiento también se debilita”, finalizo el abogado Medina.
Para el Coordinador General de Milpah, Felipe Benítez, es preocupante los actos de criminalización y judicialización del que están siendo víctimas por parte del Poder Judicial, tanto los defensores como los y las campesinas en el departamento de La Paz.
“Como organización, como movimiento, como una organización realmente que somos de pueblo lenca, para nosotros ha sido totalmente preocupante cuando hemos sido atacados por parte del Poder Judicial, por parte de la Fiscalía y más que todo en el caso del compañero Víctor que lo dejan de tenido, le quitan dos cargos de los que lo estaban acusados, que es el delito de robo agravado, daños a la propiedad, pero le dejan recluido en el Centro Penal de La Paz por el delito de desplazamiento forzado”.
“Víctor es un defensor de derechos humanos indígenas, de los derechos territoriales y es preocupante realmente, porque vemos que este sistema político lo que está haciendo es perseguir a nuestros compañeros indígenas que estamos luchando por defender nuestros bienes comunes”.
Añadió que “queremos condenar a nivel nacional y a nivel internacional esa actitud nefasta de esos jueces, que sin tener argumentos de dejar en prisión preventiva al compañero Víctor, acusado del delito de desplazamiento forzado, según los abogados defensores no presentan contundencia, no presentan pruebas para decir que cometió ese delito”.
Felipe finalizó diciendo que desde MILPAH condenan el ataque del que está siendo víctimas tanto Víctor y José Santos, y demás campesinos que son criminalizados constantemente en el departamento de La Paz, por estar en recuperación de una parcela de tierra para el sustento de su familia.
Con este nuevo acto de criminalización que están siendo víctima el defensor de la tierra y el territorio Víctor Vásquez y el señor José Santos Vigil, queda demostrado para qué y para quien fue creado el Nuevo Código Penal de la Impunidad, que desde un principio se sabía que era para favorecer a los corruptos y criminalizar a los defensores de derechos humanos y campesinos que alcen su voz en defensa de los mismos.
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