Durante la pandemia por Covid-19 se han registrado más de 400 despidos en varios medios de comunicaciónDe 2001 a la fecha se contabilizan 85 asesinatos de personas ligadas a los medios de comunicación
La prensa en Honduras se ve limitada en su tarea de informar porque carga en sus espaldas con una “ley de secretos” que blinda la información pública hasta por 50 años
Tegucigalpa. –Los años anteriores al golpe de Estado de 2009 en Honduras no había tanta diferencia entre el contenido que producían los periodistas de los medios corporativos y el generado por los comunicadores de los medios independientes, pero ahora, 11 años después, la brecha de ese contenido informativo y editorial es enorme. Tanto así que las corporaciones mediáticas se han ganado el rechazo popular.
Antes de la pandemia, los empresarios y directores de los medios corporativos motivaban e incentivaban a sus empleados para que siguieran sus líneas editoriales. Incluso, de vez en cuando, les hacían convivios. Pero la pandemia hizo que estos líderes empresariales mostraran su cara más inhumana, pues comenzaron a argumentar la pérdida de miles de dólares y fue así cómo sacaron la espada contra sus obreros, muchos de ellos, víctimas de persecución por oponerse y expresar su rechazo al modelo político y económico que abanderan los grupos de poder.
Este lunes el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) informó a Criterio.hn que más de 400 periodistas, la mayoría de los medios corporativos, han sido despedidos en medio de la pandemia por la Covid-19, que inició en Honduras desde marzo pasado. Además, se detalló que los periodistas hondureños se enfrentan actualmente a tres situaciones graves: inestabilidad laboral, asesinatos selectivos y normativas aprobadas en el Congreso Nacional para bloquearles el acceso a la información e intimidarlos por su ejercicio independiente.
La directora de C-Libre, Amada Ponce, dijo que “los periodistas despedidos no han querido colectivizar su situación. Han preferido negociar en algunos casos tratando de buscar sus mejores opciones. Pero, para nosotros, es un tema bastante preocupante porque el próximo año ¿qué tipo de periodistas tendremos? ¿Qué salas de redacciones? La mayoría de las periodistas, los más críticos y con muchísima experiencia, son los que han sido sacados”.
Ponce agregó que desde el 2001 hasta el 2020, 85 periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, sin embargo, solo 16 casos han sido judicializados; de esos casos apenas cinco terminaron en sentencias, y de esas cinco sentencias, dos fueron con fallos absolutorios. Incluso, uno de los autores materiales, que estaba preso, resultó “fugado” de la prisión y luego apareció muerto. Nunca en ese periodo en Honduras se escuchó hablar de un autor intelectual. Todos los acusados eran a título de autores materiales.
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Ponce siguió relatando las peripecias que viven los periodistas de Honduras producto de estamentos jurídicos que limitan el libre ejercicio periodístico y el acceso a la información pública. En ese sentido, resumió los efectos nefastos de la Ley de Secretos Oficiales o Desclasificación de la Información Pública, más conocida como “Ley de Secretos”, que entró en vigencia en marzo de 2014. Asimismo, la entrada en vigor en junio pasado de un nuevo Código Penal y la aprobación en dos debates de una Ley de Ciberseguridad.
Conozca más sobre la “Ley de Secretos” aquí.
De su lado la diputada y periodista, Patricia Murillo, catedrática universitaria, expuso a Criterio.hn que “algunos medios han procedido a despidos porque ha bajado la pauta publicitaria, es lo que se aduce, restructuración de personal. Para que al final de la cadena, el operario, porque eso es el periodista, es el que va a sufrir los golpes de esa contracción económica”.
La afirmación de los propietarios de los medios de comunicación en cuanto a la reducción de la pauta publicitaria es rebatida por algunos periodistas que han sido víctimas de la reducción de salarios, suspensiones y hasta de despidos, pues ellos aducen que los medios en sí no son empresas rentables, sino más bien instrumentos de poder, que en los últimos años han sido premiados por el Estado por la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento de las Comunicaciones, más conocida como “Ley de canje”, vigente desde el 4 de junio de 2013.
La “Ley de Canje”, cuya derogatoria fue solicitada por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en 2017, por considerar que es inconstitucional y un medio de control del gobierno, contempla el canje de publicidad por deudas o cualquier obligación fiscal presentes, pasadas y futuras, por parte de las empresas de comunicación y las empresas que formen parte del conglomerado económico de los medios de comunicación. Lo anterior implica que el Estado está haciendo un sacrificio fiscal para beneficiar a las corporaciones mediáticas a cambio del silencio o en su defecto para promocionar las “bondades” del gobierno.
Históricamente en Honduras los medios de comunicación han estado íntimamente relacionados con los políticos que han ejercido el poder. Ese maridaje ha sido más evidente a partir de 2013 como resultado de la “Ley de Canje”, beneficiando sobremanera al actual gobernante, Juan Hernández, quien mediante una postulación inconstitucional y un proceso electoral fraudulento logró, con su apoyo, la reelección presidencial.
Derechos laborales y derecho a ser informado
Para la diputada y periodista, Patricia Murillo, más allá de la conculcación de derechos a los periodistas se está violentando además el derecho del pueblo hondureño de ser correctamente informado.
“Conocemos bastantes casos en donde al trabajador se le pone una hoja para firmar una reducción porcentual importante de su salario. Algunos incluso fueron suspendidos hasta por los 120 días que dice la ley. Y otros simplemente han sido separados. Me parece una situación, en cuanto a un derecho laboral humano, altamente nociva, tóxica y peligrosa. Muchos de los periodistas han sido despedidos en el momento más crítico de sus vidas. Muchos de ellos entrando a la tercera edad. Y otros, tal vez con familias jóvenes”, lamentó Murillo, quien es catedrática del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
C-Libre informó a Criterio.hn que los medios que más han despedido periodistas durante la pandemia son La Prensa y El Heraldo, que pertenecen al Grupo OPSA y cuyo socio mayoritario es Jorge Canahuati Larach; también figura diario La Tribuna, cuyo referente es el expresidente de Honduras Carlos Flores Facussé; además está Radio América, de la familia Andonie; y Canal 11, de la familia Rosenthal. Otros medios que gozan de pautas publicitarias de parte del Gobierno de Honduras también echaron a varios de sus empleados.
C-Libre ha documentado además actos irregulares en materia laboral en el canal Hable Como Habla (HCH), propiedad del periodista Eduardo Maldonado. Además, se tiene cuenta de alrededor de 20 espacios de comunicación de la zona norte que han cerrado debido a la pandemia y 10 espacios de comunicación de la zona sur, que son sectores más bien independientes, que funcionaban mediante programas que se quedaron sin publicidad.
El Grupo OPSA ha despedido a por lo menos 150 personas ligadas a medios de comunicación, entre periodistas, fotógrafos y personal administrativo; mientras que diario La Tribuna ha despedido cerca de un centenar de empleados. Ambos medios recurrieron a rebajas salariales que oscilan entre el 10 y 20 % y procedieron a despidos masivos y selectivos.
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OPSA ofreció a sus empleados pagar las prestaciones laborales mediante acuerdo de pagos, mientras que La Tribuna hizo uso de las suspensiones laborales y posteriormente puso contra la pared a su personal al ofrecerle solamente el 80 % de las prestaciones laborales. El personal con mayor antigüedad de La Tribuna aceptó la propuesta y se marchó a casa, ante el fantasma de quedarse sin ningún beneficio.
Diario La Tribuna fue fundado en Tegucigalpa el 9 de diciembre de 1976 y pertenece al grupo empresarial Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA), cuyo socio mayoritario es el expresidente hondureño, Carlos Flores Facussé (1998-2002). Hasta hace poco contaba con un aproximado de 300 empleados.
Se informó de un remanente en diario La Tribuna de Tegucigalpa que se rehúso a recibir el 80 % de sus prestaciones laborales, sin embargo, sus causas están en el limbo porque el Estado de Honduras, a través de la Secretaría del Trabajo y de los Juzgados de lo Laboral, ha sido incapaz de proteger a estos obreros de la comunicación. Los plazos judiciales y administrativos en este periodo de pandemia han estado paralizados, permitiendo que los dueños de medios de comunicación aprovechen la situación.
“Éramos como ochenta y pico suspendidos. Cuando volvimos a traer cada quien sus cosas al diario, nos dimos cuenta que la barrida era como de 80”, dijo un exempleado de Diario La Tribuna, quien estuvo suspendido más de 120 días (el máximo que permite la ley en Honduras).
“Tengo entendido que algunos continúan suspendidos. Durante la etapa de suspensión estuvimos recibiendo un bono de parte de la empresa, más la parte que le tocaba al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y el bono de 1,000 lempiras del gobierno. Pero nunca se nos dio el dinero completo. Al final solo se llegaba a 5,000 lempiras (203 dólares mensuales)”, confirmó un empleado de La Tribuna, que por motivos de seguridad omitimos el nombre.
Uno de los empleados de La Tribuna que sí hizo pública su denuncia fue Rafael Lazzari. Rafael, más conocido como la Cobra Lazzari, laboró para La Tribuna en el área de deportes y fue uno de los primeros en iniciar labores en ese medio de comunicación que se fundó en noviembre de 1976. Después de varias décadas en la sección deportiva fue trasladado en los últimos meses a la sección de SOS, que recoge denuncias de barrios y colonias de la capital. El hartazgo hizo que “La Cobra Lazzari” publicara en su muro de Facebook el siguiente mensaje:
“Amigos, como no soy hipócrita tengo que confiarles que hace pocas horas he salido de La Tribuna, para bien o para mal, pero más para bien. Me espera otra faena, La Cobra News. Lamento por los compañeros echados como perros, pero con sus prestaciones, que conste, robándoles un 20 por ciento de su pisto para pagar a los abogados. Todo fue drástico, sin sentimientos, pero como yo creo en dios y la virgen también se queda en el lugar bien adentro del edificio, el karma. Si no sabe el significado de esa palabra, son ignorantes y diabólicos, busquen el diccionario. Un saludo a mis amigos, hoy sin trabajo, sigo pensando que son mis hermanos y nunca los olvidaré y si no tienen arroz, frijoles, café, pañales, en mi hogar hay para ustedes, cambio y fuera, brinque quien brinque, me vale”.
Exempleados de Diario Tiempo continúan exigiendo sus derechos
Antes de la pandemia, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos laborales contra periodistas se registró en Diario Tiempo. A la fecha, estos empleados continúan exigiendo a su jefe, Carlos Rosenthal, que les pague sus prestaciones laborales.
Además, lea: 200 exempleados de Diario de Tiempo exigen justicia por despido injustificado
“Familia Rosenthal, cumplan la sentencia judicial 072-2016 a favor de 300 exempleados de Diario Tiempo”, dice una imagen que fue publicada en la página de Facebook Exempleados de Diario Tiempo, en el que, además, se señala: “Los 300 exempleados de Diario Tiempo estamos cumpliendo 5 años esperando que la familia Rosenthal honre y cumpla con su compromiso”.
La emisión impresa del periódico, que se editaba en la ciudad de San Pedro Sula, dejó de circular el 27 de octubre de 2015, veinte días después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designara al extinto empresario, Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo, Yani Rosenthal y a su sobrino Yankel Rosenthal, como proveedores de servicios de lavado de dinero para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos y ante tal situación el Estado de Honduras les incautó, el Banco Continental y la Empacadora Continental.
Diario Tiempo era parte de Editorial Honduras otra de las empresas de los Rosenthal, que años antes había sido absorbida por el Grupo Continental, un holding situado en Panamá, sin embargo, aprovechando la coyuntura del 2015, los Rosenthal cancelaron las operaciones del medio de comunicación, sin pagarles los derechos laborales a sus empleados, que cinco años después, pese a haber ganado una demanda laboral en un Juzgado del Trabajo, siguen esperando el pago de sus prestaciones, debido a que la empresa apeló el fallo, según explicó a Criterio.hn el periodista Efrén Bonilla, uno de los afectados.
Colegio de Periodistas inoperante ante la embestida empresarial
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, no se ha manifestado en ningún momento en favor de los periodistas despedidos, ya que, en los meses de junio, julio y agosto, Grupo OPSA cuyo socio mayoritario es el empresario Jorge Canahuati Larach, que aglutina a Diario La Prensa y El Heraldo, despidió a decenas de trabajadores que se negaron a la reducción de salario. En esa ocasión, OPSA manifestó a sus empleados que se iban a la calle por “restructuración de personal”.
El presidente del CPH, quien trabaja para Canahuati Larach, como jefe de redacción de Diario La Prensa en Tegucigalpa, ha sido señalado por periodistas y comunicadores independientes de no defender a su gremio y de posicionarse a favor de los dueños de los medios corporativos de comunicación.
En su estrecha relación con los empresarios de los medios de comunicación los directivos del CPH se amparan en varios decretos aprobados en el Congreso Nacional para garantizarse impunidad y no rendir cuentas de los fondos operados por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), escamoteando o negando una pensión digna a los afiliados.
En este ente, Criterio.hn ha puesto en varias publicaciones al descubierto el despilfarro y desvío de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades, el cálculo de las pensiones de los afiliados no en base a la ley del IPP, si no a resoluciones arbitrarias de los directivos, y la firma de contratos de adhesión a una AFP del Banco Atlántida que dice que los periodistas se jubilarán únicamente con el producto de sus aportaciones personales, obviando las aportaciones patronales y los dividendos generados por las inversiones.
Los directivos del IPP, que son los mismos del CPH se escudan en un inconstitucional decreto ampliado y aprobado en el Congreso Nacional por los diputados del Partido Nacional y la bancada del Partido Liberal, leal al expresidente Flores Facussé, que dice que al ente no le son aplicables las leyes en materia de control, supervisión y vigilancia.
Este privilegio otorgado a los dirigentes del CPH, que viola el artículo 60 de la Constitución, que dice que todos los hondureńos son iguales ante la ley, les ha permitido operar casi 500 millones de lempiras sin rendir cuentas, como legalmente corresponde a todos los institutos de pensiones en Honduras ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La cúpula del CPH está integrada por funcionarios y ex funcionarios de gobierno, lo que impide el planteamiento de una posición gremial firme ante el poder para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa o proteger a los agremiados o a comunicadores independientes que enfrentan abusos o amenazas de cuerpos policiales o militares u otros grupos armados paramilitares por sus posiciones críticas o denuncias de corrupción u otros ilícitos contra grupos de poder ligados a la adminstración.
El actual presidente, Dagoberto Rodríguez, fue director de Prensa de la Casa Presidencial cuando el país era gobernando por el nacionalista, Ricardo Maduro, e integran además como Fiscal del CPH el periodista, Osman Reyes, que es un alto funcionario en el sistema de seguridad 911, y como presidente del Tribunal de Honor se desempeña, Eduin Natividad Romero, asesor de imagen y prensa del canciller, Lisandro Rosales.
Estas tres personas ligadas al Partido Nacional y sus administraciones integran también la directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista.
Romero, que se desempeñó antes entre 2015 y 2017 como presidente del CPH, sucedió en ese cargo al periodista Juan Ramón Mairena, que ocupó esa posición por dos períodos entre 2010 y 2014 y quien es un íntimo colaborador del político nacionalista, Ricardo Álvarez, desde que se desempeñó como alcalde de Tegucigalpa.
Álvarez, es además de Designado Presidencial, jefe de la campaña de la candidatura del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, con quien Rodríguez, Romero y Reyes sostienen una relación cercana, dicen fuentes políticas.
Marco jurídico laboral
El Código Laboral de Honduras prohíbe a las empresas suspender a sus empleados por más de 120 días, es decir, cuatro meses. El artículo 111 del Código Laboral en el numeral 8 establece que “son causas de terminación de los contratos de trabajo: (…) La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100”.
El artículo número 23 del Código del Trabajo expresa que «el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas» y en el inciso E, del artículo 96 del Código del Trabajo prohíbe a los empleadores «deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen».
El Decreto Legislativo 33-2020, aprobado en el marco de la pandemia, establece que “la suspensión total o parcial de contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del trabajo, misma que debe ser autorizada por la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social”.
https://criterio.hn/el-viacrucis-de-ser-periodista-en-honduras-asesinatos-despidos-y-una-ley-de-secretos/
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