“Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.
En este sentido, la criminalización de la pobreza y el descontento social convierten la privación de la libertad en una maniobra permanente de represión y violación de los derechos humanos”, advierten las organizaciones en un comunicado1.
Actualmente en Honduras hay alrededor de 22 mil personas privadas de libertad en 28 establecimientos, a cargo de un sistema penitenciario “totalmente militarizado, sobrepoblado, hacinado, y carente de una política pública penitenciaria integral”.
Un sistema donde la cotidianidad está hecha de violencia, insalubridad, malos tratos, torturas y severas carencias materiales. Algo que se ha vuelto aún más dramático con la llegada de la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales.
De acuerdo con declaraciones del personal médico del Instituto Nacional Penitenciario habría casi 2 mil personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios. Un monitoreo independiente calcula en al menos 25 las personas fallecidas por o con sospecha de Covid-19.
Pese al habeas corpus humanitario interpuesto a finales de marzo por el Mecanismo Nacional de
Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) a favor de más de 2.400 presos con problemas crónicos de salud y mayores de 60 años, la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar la garantía constitucional.
En medio de esta situación dramática hay al menos diez presos políticos que denuncian ensañamiento del régimen y reclaman el derecho de poder defenderse en libertad, entre ellos el joven maestro Rommel Herrera Portillo2, los ocho defensores del agua de Guapinol y Víctor Joseph Castillo.
Prácticamente todos manifiestan diferentes afectaciones de salud que los hacen vulnerables al coronavirus.
Ante esta situación, tanto el Comité para la liberación de los presos políticos como las demás organizaciones firmantes del comunicado, entre ellas la Rel UITA, instaron a las autoridades a acatar la solicitud del Sub Comité de las Nacionales Unidas para la Prevención de la Tortura a reducir la población penitenciaria.
Asimismo, exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos.
“Las cárceles son un infierno de injusticia y la forma como son manejadas por militares y policías son inhumanas.
Además nos enfrentamos a un sistema de justicia aberrante que encarcela por motivos políticos, y a un gobierno represor y violador de derechos humanos. ¡Los presos políticos debe ser puestos en libertad ya!”, dijo Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Pandemia y mayor represión
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), presos políticos y desaparecidos son temas que nadie debe olvidar.
“Durante la suspensión de garantías por la pandemia hemos contabilizado al menos 9 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas los cinco compatriotas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz3.
También tenemos a presos políticos que están privados de libertad por defender el agua, la vida, la educación y salud pública. Nadie los va a olvidar.
El Estado es responsable de estos crímenes, de esta crisis de derechos humanos y del violento retroceso a los años 80.
Nos unimos al grito unánime que se levanta a nivel nacional e internacional: ¡Libertad Ya para los presos políticos! ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, concluyó Oliva.
https://www.defensoresenlinea.com/liberenlos-ya-de-este-infierno-de-injusticia/
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